Al filo de la navaja
Por: Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 5 MARZO 2018.- La protesta social que se desarrolla en Baja California, particularmente en Mexicali donde se asientan los poderes del estado, ante la falta de solución a las demandas, se ha radicalizado progresivamente, teniendo como marco el conflicto político, económico y social que se vive en el país, agravado por la violencia criminal e institucional, la militarización, la corrupción, la impunidad, los bajos salarios, las violaciones a los derechos humanos y la entrega de la soberanía nacional al capital financiero internacional y a las trasnacionales.

Las principales banderas de lucha en Baja California son, principalmente, la defensa del agua, contra la instalación de la cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali y contra la Ley Estatal de Asociaciones Público-Privadas, que hoy ampara una inversión de más de 80 mil millones de pesos para instalar dos desaladoras privadas en las costas del Pacífico, que al parecer surtirá también de agua potable al Condado de San Diego, CA, a pagar con recursos públicos de los contribuyentes bajacalifornianos a un plazo de 37 años, ¡endeudamiento aprobado por anticipado por la actual legislatura local!, lo que ha merecido un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN promovido por la oposición en el Congreso local.

El gobierno debe entender que la legítima resistencia civil se debe a la agudización de las contradicciones políticas y económicas y de los negocios privados que se dan al amparo del poder público; que las protestas y demandas no responden a un plan maquiavélico preconcebido por algún partido o fuerza política sino al hartazgo social, que la gente no cree ya en las instituciones, en los funcionarios, en los partidos y en los políticos.

Ante la falta de diálogo y de mecanismos de mediación, las protestas en Mexicali han subido de tono, sufriendo las y los activistas represión física y persecución judicial en un país donde las instituciones de procuración y administración de justicia se cargan del lado oficial aplicando la máxima juarista: “justicia para mis amigos, toda la ley para mis enemigos” (p. ej., la Casa Blanca, los 43 normalistas de Ayotzinapa, el affaire Odebrecht-Lozoya, la Estafa Maestra, el espionaje oficial “Pegasus”, el despido de Santiago Nieto de la Fepade, el castigo financiero al gobierno de Chihuahua por consignar al operador de Beltrones que presuntamente operaba recursos de la SHCP a las campañas del partido oficial, o la PGR como operadora política contra AMLO 2006 y Anaya 2018).

Muy contradictorio resultó que, en el informe anual de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California ante la legislatura local, el 28 de febrero de 2018, y en la entrega en el recinto legislativo de un Reconocimiento al tijuanense Dr. Eduardo Ferrer MacGregor, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el pasado 2 de marzo, no se permitió a las y los activistas el acceso a las instalaciones del Congreso de Baja California, violando su derecho a ingresar a dicho edificio público, “la Casa del Pueblo”.

No hay visos de solución del conflicto actual en la entidad. Es latente el control y aprovechamiento del agua proveniente de las cuotas del Río Colorado correspondientes a México por los inversionistas privados, lo que amenaza a futuro la gestión del agua para consumo humano y la agricultura, gestión que no se administra por los municipios como mandata la Constitución, con enfoque de derechos humanos, mediante mecanismos de participación ciudadana efectiva y con criterios de sostenibilidad, para asegurar el vital líquido a las presentes y futuras generaciones.

A estas alturas, las posiciones se han radicalizado, tanto de las resistencias como del Gobierno del Estado y del Congreso local con mayoría panista, estando la situación empantanada, con un conflicto que no sabemos cómo acabará de no haber voluntad política y mecanismos de mediación.

Por si fuera poco, cada vez aparecen más investigaciones independientes y periodísticas, además de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que descubren sucesivos actos de corrupción en el que se ven involucrados gobernadores y funcionarios y empresarios nacionales y extranjeros. Por lo general no pasa nada, lo que pone en riesgo la paz social al desvanecerse los mecanismos de justicia y de combate a la impunidad, así como la falta de transparencia y de control ciudadano en el manejo de los recursos públicos, haciendo crecer el descontento social y la desconfianza, incluso, en el proceso electoral.

Recientemente, la ASF ha reportado en su Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública de Baja California durante el período 2012-2016, irregularidades en el manejo de las finanzas estatales por más de $6 mil millones de pesos (Monitor Económico, 2 de marzo de 2018) que, según el gobierno estatal, está por subsanar.

Los niveles de impunidad que sufrimos superan incluso a países centroamericanos con democracias supuestamente más débiles que la nuestra, que, acompañados de una fuerte movilización social, incluso han puesto ante la justicia a presidentes. ¿Podemos aspirar que esto suceda algún día en México?

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.