Las lecciones del caso Florence Cassez
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Las lecciones del caso Florence Cassez

MEXICALI, BC - martes 13 de marzo de 2012 - Raúl Ramírez Baena.
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AL FILO DE LA NAVAJA
Por: Raúl Ramírez Baena


El Ministro Arturo Zaldívar adelanta y hace público su proyecto para liberar a la ciudadana francesa, mismo que someterá a votación en la Primera Sala de la SCJN. Esto ha provocado varias reacciones, y no debería ser así si en México hubiera una Cultura de los Derechos Humanos en donde todos entendiéramos la litis del asunto.
    
Para resolver este caso no son necesarias las “encuestas” (ahora que están muy de moda para “orientar” la opinión pública y el voto), si se está a favor o en contra de la francesa, si está en juego la Soberanía nacional o si es inocente o culpable. Esto no se está decidiendo. No es necesario rasgarnos las vestiduras.
    
Lo que está en el centro del debate jurídico en la Corte es, ni más ni menos, decidir si el Estado Mexicano y sus autoridades deben respetar la ley. Así de simple. Si esto no lo entiende el mexicano común, ¡me doy!
    
Una cosa es lo que el ciudadano quisiera (que se pudra la francesita en una cárcel mexicana), cuando es producto de la desinformación, la manipulación, o de los deseos de venganza, linchamiento y limpieza social alentados por el ambiente de violencia en el país y por la “guerra” contra el narco, y que un empecinado Felipe Calderón no quiera reconocer que su protegido Genaro García Luna “la regó” siendo director de la AFI en el sexenio pasado, y otra cosa es que se viole el orden jurídico nacional e internacional.
    
El Artículo 20, apartado “A”, fracción IX de nuestra Constitución General dice textualmente: “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y”, fracción X: “Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio”. ¿Así o más claro?
Nadie, salvo sus abogados defensores, está asumiendo la defensa penal de Florence y alegando su inocencia. Pudo haber sido responsable del delito de secuestro que se le imputa, pero al haber sido acreditadas de manera fehaciente las violaciones a sus derechos en las que incurrió la AFI mediante un montaje televisivo, y al comprobarse la manipulación de pruebas en su contra, no queda más remedio que anularlas y en consecuencia decretar su libertad, como a los sentenciados por el caso Acteal. Al rato, cualquiera pudiera ser también víctima de graves abusos, y eso no nos va a gustar.

Al negársele a Cassez los derechos al DEBIDO PROCESO, a la DEBIDA DEFENSA, a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y a la ASISTENCIA CONSULAR (alegato de México ante la autoridad estadunidense que niega este derecho a los mexicanos procesados en el vecino país), Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, no debería dudar ante las presiones, manipulaciones y chantajes, y hacer respetar los Derechos Humanos de tod@s, víctimas y victimarios, establecidos en la Carta Magna. Para eso está ahí.
    
Los derechos de las víctimas del secuestro por el que acusan a Florence no están en riesgo por liberarla. Lo que está en juego es que Calderón, Isabel Miranda de Wallace y otros intereses, condicionen y muevan artificiosamente a la opinión pública para que los Ministros de la Corte cedan a sus presiones y no se haga respetar la legalidad.
    
Para no ir muy lejos, en Baja California, en 2010, un Tribunal Unitario de Circuito desechó en recurso de revisión, el Auto de Formal Prisión en contra de dos pescadores Cucapá que incidentalmente pescaron una totoaba en la Reserva del Alto Golfo de California-Delta del Río Colorado, haciendo valer los derechos ancestrales a la pesca de la tribu y los derechos como Pueblo Indígena plasmados en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT, a pesar de haber sido detenidos por el grupo “Anfibio” del Ejército.
    
Recientemente, un Juzgado de Distrito con sede en Mexicali decretó la libertad absolutoria sin las reservas de ley, de tres ciudadanos del Puerto de San Felipe, B.C., al comprobarse que los soldados que los presentaron ante el Ministerio Público Federal irrumpieron en su domicilio sin orden judicial, les “sembraron” droga y los torturaron. En base a pruebas testimoniales, se comprobó que se fabricaron los hechos.
    
A pesar de que la Primera Sala de la SCJN tomará la decisión sobre el caso Cassez en unos días más, pudiendo revertirse la ponencia del Ministro Zaldívar, decisiones de este tipo despolitizan a la justicia y es, quizá, lo más cercano al Estado Democrático al que aspiramos. Bien por el Poder Judicial Federal que comienza a “ponerse las pilas” y a hacer  valer su autonomía, a pesar de las fuertes presiones de Calderón y de otros intereses.

Esto es una lección para las autoridades mexicanas de los tres Poderes y de los tres ordenes de gobierno, en especial a las encargadas de la Seguridad y la Justicia, para que realicen sus actuaciones respetando los derechos humanos de las personas y, aunque parezca difícil y a largo plazo, es un aprendizaje para el sufrido pueblo mexicano.

*Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC
Mexicali, B.C., marzo de 2012

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