MÉXICO 22 DE FEBRERO 2018 (La Silla Rota).-La reforma energética de 2013 sentó las bases de un cambio paradigmático en el sector petrolero en México. El actual diseño institucional y reglamentario implica la transformación de un escenario, donde el Estado era actor único en materia de exploración y extracción, a uno de competencia en que pueden asignarse contratos a empresas particulares para la realización de estas actividades.
Los efectos de esta transformación son de suma importancia, porque el sector energético es pilar fundamental del desarrollo; además, el petróleo es uno de los temas más sensibles para la población, lo que se explica a partir de varios enfoques: el económico, que lo ha concebido como una fuente importante de la hacienda pública que hacen viable la provisión de servicios; el estratégico, ya que este bien es factor clave de la independencia y sustentabilidad del país; y el cultural, debido a que la posesión y rectoría del Estado sobre el hidrocarburo es elemento de la identidad nacional.
Reforma energética y transparencia
Esta relevancia se ve correspondida en el texto de la reforma del sector, con el principio de transparencia, que se orienta a publicitar información que permita dar certeza del manejo del recurso energético, tanto a la sociedad mexicana, como a los particulares interesados en participar como inversionistas. Al respecto, destaca la nueva arquitectura institucional relacionada con las contrataciones en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, misma que prevé una estructura de contrapesos en los procesos de contratación entre las instancias del sector.
Es así que el diseño de bases de participación, las licitaciones, la administración de los contratos y de los recursos, son llevados a cabo por las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, además de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, donde cada uno de estos actores tiene asignadas tareas específicas, situación que deriva en mayor confianza y certidumbre en el manejo del sector energético, elementos fortalecidos también por un aumento en la transparencia.
Esta tendencia de apertura también se ve materializada en la resolución de los reclamos informativos interpuestos ante el INAI, por solicitantes que manifiestan inconformidad respecto a las respuestas recibidas por alguno de los sujetos obligados aludidos. De esta manera, la sociedad ha podido conocer información como el listado de los distintos contratos relativos a proyectos de inversión en infraestructura económica, es decir, aquella dirigida a fortalecer la producción y procesamiento de los hidrocarburos, datos que se encuentran en posesión de Pemex Exploración y Producción (RRA 6804/17).
Corrupción
La transparencia de la información vinculada con contrataciones es de vital importancia porque, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, resulta una actividad gubernamental potencialmente vulnerable a la corrupción por las diversas oportunidades que pueden presentarse en la consecución de beneficios particulares. El organismo destaca que se han asignado, a septiembre del año pasado, un total de 74 contratos repartidos entre 70 empresas de 18 países distintos, situación que se traduce en ingresos para México que son superiores a los 145 millones de dólares.
Otro tipo de información que el INAI ha determinado es que se pongan a disposición pública son las resoluciones emitidas por la Secretaría de Energía respecto de las evaluaciones de impacto social que presentan las empresas interesadas en obtener contratos en el sector hidrocarburos, así como la documentación que las integran (RRA 0128/18). Dichas evaluaciones derivan de la emisión de las leyes secundarias que se desprenden de la reforma constitucional en materia energética y se caracterizan por ser un instrumento que permite a las autoridades contar con datos útiles para estimar la viabilidad de un proyecto de explotación y producción de hidrocarburos.
Lo anterior se explica porque son diagnósticos en los que se identifican las distintas características de las comunidades localizadas alrededor de la zona donde se busca asentar el proyecto, entre ellas, elementos demográficos, económicos e, incluso, culturales, los cuales sirven de insumo de análisis y, con ello, advertir las posibles afectaciones derivadas de la actividad petrolera.
El petróleo del país
La importancia de que las personas accedan libremente a estas evaluaciones radica en facilitar la identificación de los mecanismos que hagan viable la interrelación comunidad – empresa a fin de colaborar de mejor manera en las labores de previsión de los riesgos e, incluso, para impulsar propuestas de beneficio general en las localidades, facilitando la aceptación de nuevas inversiones en otras regiones.
El involucramiento de actores económicos particulares en la industria extractiva y productiva del petróleo, representa, para las instituciones del Estado, la responsabilidad de regularlas de manera eficaz, eficiente y, sobre todo, transparente, tanto al potenciar condiciones atractivas que logren mayores inversiones, como dar garantías a las personas de que los esfuerzos de administración de los recursos naturales, en concreto del petróleo, se den de forma tal que se busque, en todo momento, el mejor aprovechamiento en favor del bien del país.
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