MÉXICO 14 DE FEBRERO 2018 (La Silla Rota).-En seis meses los mexicanos seremos llamados a ejercer el voto para elegir al titular del Ejecutivo Federal, a nueve gobernadores, al pleno del Congreso de la Unión y a un sin fin de asambleas legislativas estatales y alcaldías.
Entre los factores que los electores deberían tomar en consideración para emitir su voto, se encuentran las propuestas que cada candidato hará en materia de seguridad y justicia, así como los resultados que cada uno de ellos representa.
Para el electorado debe ser importante contrastar qué tanto esos representantes de partido han cumplido sus promesas en lo individual, así como el desempeño que cada partido ha tenido en ese mismo ámbito.
La seguridad no es buen referente
Lamentablemente para nosotros, si vemos las condiciones generales en las que se encuentran los municipios, los estados y el país, pocos son los casos de éxito en materia de seguridad y justicia que pueden ser analizados de manera objetiva para premiar a los candidatos que piden nuestro voto.
En particular porque carecemos de los indicadores necesarios para poder entender qué debemos mejorar y cómo estamos avanzando.
Tomemos como ejemplo el caso de seguridad. Hasta el momento los dos indicadores principales para evaluar el desempeño de nuestras autoridades son los índices oficiales de incidencia delictiva y las encuestas de percepción de la seguridad.
En ambos casos sabemos que los indicadores solo presentan una parte del panorama general, ya que, por un lado, la incidencia delictiva oficial corresponde apenas a un 7% del total de los delitos cometidos –según lo refiere el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) –, y, por otro lado, la percepción nos habla de la vivencia del ciudadano en su entorno de seguridad.
En realidad, poco sabemos de cómo operan en el día a día las instituciones de seguridad y justicia, poco sabemos de cómo se reparten las cargas de trabajo, si las personas que ocupan determinados cargos cumplen con el perfil, si han recibido una capacitación específica para aquellas funciones sustantivas que deben llevar a cabo o si cuentan con los insumos necesarios para hacer su trabajo.
Sobran ejemplos de entidades donde las instituciones están prácticamente desmanteladas y los datos oficiales de incidencia delictiva muestran un comportamiento a la baja, influyendo de esta manera en la percepción que los ciudadanos tienen de la seguridad.
Tomemos el caso Nayarit como ejemplo, la Fiscalía General del Estado operó careciendo de los mínimos aceptables de capacitación, supervisión e insumos, manipuló los datos de incidencia delictiva y fue dirigida por un –aún presunto–delincuente.
De no haber sido detenido el Fiscal General por narcotráfico por autoridades de los Estados Unidos ¿cómo hubiera evaluado el ciudadano el desempeño de la autoridad estatal? Lo cierto es que los datos con los que los ciudadanos contaban permitían pensar que quien gobernaba lo estaba haciendo muy bien.
Para los electores debe ser fundamental exigir propuestas claras que nos digan qué piensa hacer cada uno de los candidatos, cómo pretenden hacerlo, cuánto va a costar llevar a cabo esas propuestas y en cuánto tiempo se van a cristalizar.
Cómo saber qué le toca a quién
ejemplo lo podemos ubicar en un hecho del pasado lunes 12 de febrero, donde el presidente Enrique Peña Nieto lamentó que los ciudadanos estemos insatisfechos de las condiciones generales del país, insistió en que los mexicanos tenemos una percepción equivocada del rumbo de México.
En un evento realizado en Sonora, el presidente descalificó el enojo social y trató de recordarnos "cómo estábamos hace seis años" para sustentar las supuestas mejoras que vive hoy México.
A seis meses del final del sexenio, las cuentas generales que entrega el gobierno federal son de aumento del homicidio doloso, del robo a negocio, del robo con violencia y del robo a transeúnte, en un contexto donde la mayor parte de los delitos crece.
Aún más, el panorama de la violencia muestra un incremento generalizado de la incidencia delictiva, sin que haya evidencia de que existan políticas que hagan pensar en mejoras inminentes, que las fuerzas federales estén bien preparadas, más equipadas, que operen con satisfacción o que haya un mayor acceso a la justicia para los mexicanos.
Si se contase con aquellos indicadores de desempeño y resultado para instituciones e individuos, sería más fácil entender cuál es responsabilidad de quién.
Hoy no sabemos objetivamente qué le tocaba al gobierno federal y no hizo, qué les tocaba a los gobiernos estatales y con qué no cumplieron, qué les tocaba a los gobiernos municipales, qué al poder judicial, qué al poder legislativo y qué a la sociedad en general.
Desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), hacemos un llamado para aprovechar el tiempo que queda. Le pedimos al conjunto de autoridades sumarse para echar a andar un servicio profesional de carrera efectivo, que cuente con esos indicadores que nos pueden ayudar a entender qué avances reales hemos tenido en los últimos años, para que de esta manera podamos premiar o sancionar el desempeño de los gobiernos en las urnas.
Una verdadera rendición de cuentas
Señor presidente, a nadie le gusta que lo critiquen, sabemos que muchos funcionarios día a día trabajan para hacer de este, un mejor país. Sin embargo, si no podemos reconocer esos avances y ese desempeño, es porque ustedes, las autoridades del país, no han hecho lo suficiente para generar una verdadera rendición de cuentas.
Si las personas no hemos hecho una evaluación justa y objetiva del desempeño de las instituciones, es precisamente porque ustedes, en su calidad de autoridades, no han dado los insumos para poder evaluar lo que están haciendo. Aprovechen el tiempo que aún tienen para dejar un legado que sirva para entender, evaluar y mejorar las políticas que se implementan en nuestro país.
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