Municipios transparentes: del sueño a la realidad
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Municipios transparentes: del sueño a la realidad

México - jueves, 1 de febrero de 2018 - JOEL SALAS SUÁREZ.
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MÉXICO 1 DE FEBRERO 2018 (La Silla Rota).-Usar la información pública sí puede ayudar a defender nuestros derechos y mejorar nuestra vida cotidiana.

El ama de casa que no tuvo agua potable para la higiene de su hogar; el agricultor que no cosechó por falta de apoyos productivos; la madre indígena que no recibió atención médica hospitalaria cuando dio a luz... Si todos ellos y sus comunidades conocieran que pueden pedir información a sus autoridades, tendrían una posibilidad de vivir una realidad distinta. No exagero, con información en mano las autoridades no podrían negarse a atender las demandas ciudadanas o, al menos, tendrían que explicar por qué no son capaces de proveer los servicios públicos.

Para que la información pública sea útil a la población es necesario que, primero, tanto ella como las autoridades conozcan que existe el derecho de acceso a la información y, segundo, que haya mecanismos para proporcionar la información pública de acuerdo con las necesidades de quien la requiera y facilitar su uso. Hoy la mitad de los mexicanos desconoce este derecho y apenas 5.6% ha hecho una solicitud formal de información a una autoridad. Además, los municipios y delegaciones, quienes atienden los temas que más se relacionan con la vida cotidiana, en ocasiones no cuentan con los recursos humanos o materiales suficientes para cumplir en materia de transparencia. El problema no es menor, nos referimos al 40.4% del padrón de sujetos obligados en la materia. Si los municipios no están preparados para cumplir con sus obligaciones de transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información, se perpetuará la exclusión de muchos mexicanos de contar con información pública que les permita demandar y ejercer sus derechos fundamentales.

La estrategia del INAI

Consciente de este panorama, el INAI diseña una estrategia para atender este reto, la cual se inserta en el Programa nacional de transparencia y acceso a la información 2017-2020 (PROTAI), que regirá las políticas públicas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) en la materia. Esta estrategia buscará crear una red de facilitadores de estudiantes y mujeres que transmita capacidades tanto a los habitantes como a las autoridades de los municipios, de acuerdo con sus necesidades socioculturales, a través de la socialización del derecho de acceso a la información. Sin embargo, me alegra saber que hay estados que se han adelantado y que, incluso, ya cuentan con aprendizajes que han compartido en el SNT y con el INAI para enriquecer el diseño de las estrategias y programas por venir. Me refiero a Oaxaca, donde estaré el próximo dos de febrero para presentar la traducción al sistema braille de la Ley General y Estatal de Transparencia.

Actualmente, el organismo garante de este estado impulsa una iniciativa encaminada a que los oaxaqueños ejerzan el derecho de acceso a la información por medio de la difusión, promoción y capacitación sobre temas de transparencia en escuelas y municipios. Al iniciar este programa se esperaba impulsar la participación ciudadana, principalmente de estudiantes y mujeres, en los asuntos públicos municipales. Al implementar un ejercicio piloto el IAIP Oaxaca se topó con problemas estructurales: se confirmó que en Oaxaca (1) la cultura de la transparencia y participación todavía no penetra a todas las instituciones; (2) prevalece el desconocimiento del derecho y las obligaciones de transparencia, (3) hay ausencia de estrategias de divulgación y de cultura archivística, y (4) persiste la falta de equipamiento y personal calificado. Estos problemas se recrudecen con el cambio constante de autoridades. Tengo la impresión que esta situación es frecuente en el nivel municipal a lo largo y ancho del territorio nacional. Partiendo de este diagnóstico, el organismo garante oaxaqueño no se detuvo y se movilizó para conseguir recursos y continuar.

Con apoyo financiero de la Unión Europea y la AMEXID, se identificaron las capacidades disponibles y faltantes de los sujetos obligados. En función del diagnóstico realizado, el organismo garante de Oaxaca trabajó con autoridades y personal administrativo, estudiantes y mujeres organizadas, mediante acciones de sensibilización y capacitación en cada uno de los 20 municipios en lo que tiene presencia esta iniciativa. Destaco cuatro elementos: (1) en algunos municipios, las autoridades no hablan español, por lo que se diseñaron estrategias en lengua indígena; (2) se capacitaron, instalaron y pusieron en funcionamiento comités y unidades de transparencia en algunos municipios; (3) se creó una plataforma electrónica para atender las solicitudes de información y cumplir con las obligaciones de oficio de estos municipios y (4) se desarrolló una estrategia de educación cívica coordinada.

Me interesa destacar que los órganos garantes de todas las entidades federativas y el INAI enfrentamos un reto enorme, pero no imposible. La experiencia oaxaqueña puede ser un modelo o ruta a seguir ante las complejidades que presenta nuestro multicultural y diverso México. Más allá de cumplir con la ley, lo que nos debe motivar es la voluntad de cambiar la realidad de nuestras comunidades. Integrados en el Sistema Nacional de Transparencia podemos hallar soluciones conjuntas y conseguir, como lo ha hecho México hasta ahora, mantenernos como pioneros en materia de transparencia. Podemos hacer realidad el sueño de que los municipios mexicanos sean transparentes y sean lugares dignos para sus habitantes.

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Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.

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