Corredor Fronterizo
Por: Dra. Yetzi Rosalez

TIJUANA BC 29 DE ENERO DE 2018.- A un año del gobierno de Trump, funcionarios mexicanos han anunciado contra todo pronóstico una continuidad en el declive de deportaciones desde Estados Unidos. Esta noticia ha llamado la atención de quienes siguen de cerca los mensajes reiterados de odio del presidente estadunidense hacia los inmigrantes (particularmente mexicanos) y su promesa de “limpieza étnica”. En el contexto de tales anuncios, múltiples redadas y arrestos siguen ocurriendo a cargo de la policía de inmigración en lugares de trabajo y en “zonas sensibles”.

De lado mexicano, gobiernos y sociedad civil han estado esperando medianamente preparados, con programas de reintegración, la llegada abrumadora de más connacionales. Sin embargo, las cifras oficiales sobre el número de deportaciones durante 2017 ni siquiera igualó la cantidad reportada el año inmediato anterior. Varios migrólogos ya han explicado este declive como resultado directo de la caída en los flujos de mexicanos que cruzan la frontera con Estados Unidos. Tanto la Encuesta de Migración en la Frontera Norte como el Instituto Nacional de Migración muestran la gradual disminución de la migración mexicana hacia el vecino país desde 2007 y, la caída en los eventos de repatriación desde 2010; la conclusión generalizada entonces ha sido que existen menos migrantes “deportables”, pero ¿qué pasa entonces con los poco menos de 6 millones de mexicanos sin documentos que siguen viviendo en EU?

Quizá podamos observar estadísticamente un posible efecto Trump sobre las deportaciones una vez transcurridos algunos años. Por ahora, otros indicios de carácter jurídico, lucrativo y cotidiano en Estados Unidos pueden ayudarnos a entender por qué las deportaciones no han aumentado como algunos esperarían.

Según el Department of Homeland Security, los arrestos de inmigrantes indocumentados durante el periodo 2000-2015 han disminuido, pero las publicaciones de la prensa mexicana y estadunidense durante 2017 señalan lo contrario. En todo caso, los arrestos no suelen derivar inmediatamente en deportaciones, porque los procesos jurídicos están cada vez más entrampados, sobre todo, cuando no hay argumentos que respalden una real amenaza a la seguridad nacional. Esto y el insuficiente número de jueces de inmigración han llevado desde el mandato de Obama a la fecha al llamado “cierre administrativo” de expedientes, mismos que el fiscal general Jeff Sessions ha amenazado con reabrir próximamente para deportar al menos a 350 mil inmigrantes.

Asimismo, otra circunstancia que aporta parte de la explicación son los intereses lucrativos de la industria carcelaria. Ligado a los complicados procesos jurídicos, hay inmigrantes que terminan siendo encarcelados mientras su juicio se resuelve. El trabajo penitenciario aporta mano de obra barata a las cárceles privadas, por lo que la deportación inmediata dejaría a empresarios y políticos, con Trump a la cabeza, sin jugosas ganancias derivadas de la venta de productos fabricados por los reos, quienes a cambio reciben salarios ínfimos.

Finalmente, a nivel local y cotidiano pueden observarse diversas estrategias implementadas tanto por gobiernos, organizaciones civiles y la propia comunidad inmigrante dirigidas a evitar potenciales deportaciones. Por un lado, la noción cada vez más generalizada de lugares santuario en algunas partes de Estados Unidos y, por otro, los cambios de rutinas en el plano vivencial motivados por el miedo, han llevado a la población inmigrante indocumentada a disponer contradictoriamente de espacios “seguros” y, simultáneamente, a tener vidas subterráneas con las que buscan invisibilizarse a sí mismos.

Yetzi Rosales Martínez

Profesora investigadora del Conacyt-El Colegio de la Frontera Norte Sede Monterrey

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.