Por: Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 29 ENERO 2018.- El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció plenamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países y a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

En julio de 2013, la Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho al Agua y al Saneamiento, Catarina de Albuquerque, emitió un Informe que pone de relieve las dificultades que plantea su sostenibilidad y los riesgos especialmente agravados en tiempos de crisis económica y financiera. 

Tras abordar la importancia de la sostenibilidad en relación con conceptos básicos de los derechos humanos como la "realización progresiva" y el "no retroceso", la Relatora analiza los planteamientos relativos al agua y al saneamiento que deben ser comunes a los Estados, y señala que a veces éstos no toman en cuenta la cuestión de la sostenibilidad. Seguidamente demuestra que el marco de los derechos humanos puede y debe facilitar la mejora de esas políticas.

La “sostenibilidad” se entiende como aquellas políticas que los Estados deben desarrollar para atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social en favor de las generaciones actuales y futuras.

Estas directrices advierten de la necesidad de RACIONALIZAR las fuentes naturales de agua para consumo humano, en virtud de que el agua potable es un bien natural no renovable que sufre un gradual y acelerado proceso de agotamiento de sus fuentes naturales, en virtud de la irrefrenable industrialización.

En congruencia, el 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó el Artículo 4º Constitucional, reconociendo el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible.

La privatización del agua

A pesar de las advertencias de científicos y especialistas sobre el inevitable agotamiento de las fuentes de agua para consumo humano y de las directrices emanadas de la ONU, el proyecto neolibeal impulsado en México por el Presidente Peña Nieto irremediablemente trastoca el derecho al agua y a su acceso para la población, contrario a los estándares internacionales y a su protección constitucional.

El gobierno pretende dar un albazo en el Congreso de la Unión y aprobar, antes de que concluya la actual Legislatura, la nueva Ley General de Aguas; aplicar al cien por ciento la reforma energética con la inclusión del fracking, aun a costa de la contaminación de los mantos freáticos y del encarecimiento del líquido.

La estrategia del gobierno en el Congreso busca “dejar un ambiente –para el sucesor de Peña Nieto– favorable a la inversión y dejar situaciones irreversibles”, declara a la revista Proceso el ingeniero petrolero Fabio Barbosa Cano, quien durante décadas trabajó en Pemex.

En esa ley se apunta a la privatización del agua, a la entrega de concesiones a perpetuidad y al aumento de tarifas para uso doméstico, en las cuales se incluirán los costos, la inflación y la utilidad del organismo operador, que puede ser una empresa privada, el municipio o una asociación de ambos, según el análisis que hizo la Coordinadora Nacional Agua para Todos.

Advertencia de la Segob a la resistencia civil en Mexicali

El pasado 25 de enero, el periódico “La Voz de la Frontera” publicó una entrevista realizada al Delegado de la Segob en Baja California, Rafael Oceguera Ramos, en la que, sin perspectiva de derechos humanos, el funcionario federal lanzó una advertencia a los movimientos de resistencia que se oponen a la instalación de la cervecera Constellation Brands:

“La posición del Gobierno federal es de apoyo absoluto al proyecto de Constellation Brands, que se ha echado a andar, que no ha podido concluirse y es importante lograr en coordinación con el Gobierno del Estado y desde luego con la empresa.”

Manifestó: “(…) hay un claro interés político detrás de los grupos de resistencia, ya que ellos no tienen información y no quieren saber nada más y aunque respetan el derecho a manifestarse, no se debe permitir que estas manifestaciones rayen en la ilegalidad, ‘lo que no es represión, sino la simple aplicación del Estado de Derecho’ (sic). 

Continuó diciendo: “Todos respetamos el derecho a que la gente diga aquello en lo que piensa, lo que no aceptamos es que se usen los plantones, las invasiones, las tomas, los bloqueos, el acoso, actos de violencia, de golpeteo, porque todo eso contraviene el Estado de Derecho y el Estado de leyes que todos estamos obligados a salvaguardar.”

Enseguida, se giraron órdenes de aprehensión contra dirigentes de las resistencias en Mexicali. ¿Debemos entender que para contener la protesta social servirá también la Ley de Seguridad Interior?

¿No sería mejor promover una consulta pública, atendiendo al derecho al agua y al Bien Común, en lugar de alentar la represión física y judicial a los opositores y de dar un apoyo incondicional a una empresa trasnacional que utiliza grandes volúmenes de agua que ponen en riesgo su sustentabilidad?

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.