Por: Raúl Ramírez Baena*

Los “precandidatos” en campaña (aunque son candidatos de facto en nuestra simulada democracia), han centrado sus posiciones en torno a los temas de seguridad y justicia criticando a los partidos y precandidatos contrarios, asegurando demagógicamente, sin análisis ni base científica de por medio, que sus opositores son los responsables de la inseguridad y el crimen en los estados donde han gobernado y gobiernan. 

De hecho, ningún precandidato ha manifestado abiertamente su oposición a la Ley de Seguridad Interior, ni ha cuestionado su contenido, a pesar de los serios análisis y advertencias de los expertos y especialistas y de los organismos intergubernamentales (ONU y OEA) y no gubernamentales, nacionales e internacionales. Ello demuestra el temor de desatar la ira de las cúpulas militar y empresarial que apoyan esa inconstitucional ley, ni de contrariar al gobierno de Mr. Trump.

Tampoco se han escuchado posiciones claras respecto a qué hacer con la impartición y administración de justicia por parte del Poder Judicial. Lo que hemos escuchado son lugares comunes como lo dicho por los gobernadores de que hay que reformar el sistema de justicia, ya que, dicen, la Reforma Penal del 2008 muestra serias fallas al liberar a los delincuentes de la cárcel (la “puerta giratoria”), cuando quienes saben de esto han demostrado que no es el sistema el que está fallando: los presuntos delincuentes son liberados, esencialmente, por las fallas y errores procedimentales en la integración de los expedientes por parte de las policías preventivas y de los agentes del Ministerio Público federal y del fuero común; por violaciones al debido proceso y por violaciones a los derechosa humanos, como la tortura. Ante las evidentes irregularidades, los jueces de control no tienen más remedio que liberar a los imputados.

Ninguno gobernador ni precandidato quiere admitir que estas son las verdaderas causas de la liberación de los presuntos delincuentes y criminales. Como el imaginario popular, se montan en una populista idea y ni siquiera reconocen el derecho a la presunción de inocencia de los detenidos y procesados. 

Regresando al tema de la seguridad, cuando más, las propuestas de precampañas se han centrado en ofrecer esquemas de estructura y organización en caso de ganar la presidencia, en más mano dura y en avalar la intervención militar para combatir al narco, fórmulas que no han funcionado pero que agradan al acrítico oído popular. No se han presentado propuestas serias para un cambio estructural que contengan, por ejemplo:

1.-  Una estrategia de seguridad con enfoque de derechos humanos;
2.- Un plan para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública;

3.- Una estrategia para mejorar el funcionamiento de las policías preventivas e investigadoras basada en una profunda Reforma Policial Democrática, en el irrestricto respeto a los derechos humanos de las y los policías (salario digno y prestaciones de ley), en el establecimiento del Servicio Policial de Carrera (en el que los policías accedan a promociones y ascensos en base a su hoja de servicio y en su formación académica y profesional, no a favores, lealtades, amiguismos, compadrazgos, parentescos, venta de plazas y complicidades, como es ahora), así como en una efectiva capacitación, supervisión y evaluación en materia de uso de la fuerza y derechos humanos acorde a los estándares internacionales;

4.- Un estudio objetivo y confiable que arroje datos sobre aquellos municipios cuyas policías han sido cooptadas por el crimen organizado, que tengan un déficit en el estado de fuerza policial y que necesiten del apoyo de la federación para la selección, formación integral y el pago digno de sus elementos;

5.- Una apertura hacia el paradigma de la Seguridad Ciudadana, propuesta de la ONU y de la CIDH. La Seguridad Pública debe ser una atribución de la célula de gobierno más cercana a las comunidades, lo que la OEA llama “los gobiernos locales”: los municipios, y 

6.- Un vigoroso sistema de transparencia, participación, supervisión y evaluación ciudadana de la seguridad pública.

Una propuesta seria en materia de seguridad debe abandonar la idea de legalizar el Mando Único Policial que trastoca el principio del Municipio Libre amparado por el artículo 115 Constitucional, o la formación de una Guardia Nacional, propuesta similar a legalizar la concurrencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, como la Ley de Seguridad Interior. 

La idea del Mando Único no prevé pudiera ser más fácil para los cárteles de la droga cooptar y controlar a 32 corporaciones policíacas que a más de 1,800 municipales. La centralización operativa y administrativa puede provocar la centralización de la corrupción, además de fortalecer la capacidad política, financiera y electoral de los gobernadores, al restarles facultades y autoridad a los presidentes municipales. 

En general, las propuestas electorales de los precandidatos no colocan a la persona humana como el centro de las políticas de seguridad, sino que siguen la fracasada idea de considerar como un “éxito” las estadísticas y los resultados sobre el aseguramiento de droga y dinero, en el abatimiento y detención de capos y en la participación militar, tal y como lo exigen los EUA y el capital financiero. 

De seguir estas tendencias, el próximo gobierno colocará a la población en la falsa disyuntiva de escoger entre seguridad o derechos humanos. 

¿Quiénes, pues, están “asesorando” a los (pre) candidatos para generar un cambio verdadero en el próximo gobierno?

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.