CONXEPTO

Por: Lic. Esteban Capella Ibarra 

TIJUANA BC 23 DICIEMBRE 2017 .- El término “corporativismo” ha recibido muchas definiciones entre otras refiere a la tendencia de un grupo o sector profesional a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros. Schimitter en los años 90 la define como aquellos acuerdos entre actores políticos, partidos políticos, organizaciones públicas y privadas, el Estado y sus instituciones en la formación de políticas públicas.

No es ningún secreto que existen grupos de ciudadanos que realizan esfuerzos por concientizar a otros ciudadanos acerca de las consecuencias de mantenerse al margen de las decisiones de Estado, a pesar de que es común de que gran parte de ellos intuya de que algo no está marchando correctamente.

Y que mejor señal que ver mermada día con día la calidad de vida reflejada en un menor poder adquisitivo de la moneda, deficientes servicios públicos, en general una limitada o nula justicia social. Ya que habiendo justicia social hay un mayor respeto a los derechos humanos y las clases más desfavorecidas contarían con mayores oportunidades de desarrollo.

Baja California al igual que muchas otras entidades del País no ha sido la excepción, actualmente su gobierno vive una de las peores crisis de credibilidad, las políticas públicas (entendiéndolas como aquellos proyectos y/o activadas que diseña un Estado a través de un gobierno para satisfacer las necesidades de la sociedad) son cada día más severamente cuestionadas por diversos grupos de la sociedad civil.

La impunidad, la falta de transparencia, el nulo debate público de las políticas públicas son solo algunos de varios temas de la agenda pública que han golpeado crecientemente la credibilidad de nuestro gobierno.

Cabe aclarar que no es privativo de un actor o partido político es un fenómeno que alcanza a la mayoría de quienes integran la estructura pública de Baja California. Pero ¿cómo se genera toda esta crisis?

La hipótesis más cercana a convertirse en teoría es que precisamente se coopta la opinión ciudadana en las decisiones políticas y económicas de gran trascendencia, mediante el aval de quienes se dicen representarla cuando en realidad desconocen plenamente lo que el ciudadano común necesita o piensa.

Si el gobierno de Baja California tiene intenciones de mejorar su credibilidad, el año 2018 debe ser un año de grandes retos en el cual deberá generar una genuina y legitima apertura para alimentarse verdaderamente (sin simulaciones ni estrategias de comunicación) de las ideas, opiniones y necesidades de la sociedad, que se siente lastimada por políticas publicas fallidas que inciden negativamente en su bienestar personal y familiar.

Por otro lado la ciudadanía pasiva que reniega día con día de las equivocaciones gubernamentales deberá transmutar la pasividad por acciones constructivas que marquen la pauta de un sistema que no los ha tomado en cuenta. 

*El autor es Licenciado en Derecho y Administración email: [email protected]

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