Por: Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 10 DICIEMBRE 2017.- En días pasados, el precandidato a la Presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, se atrevió a lanzar una propuesta, a pesar de la polarización política que vive el país: otorgar una amnistía a los promotores de la violencia, que han asolado a comunidades y a la sociedad.

De inmediato, los partidos políticos y los detractores de AMLO, unos como parte de su estrategia político-electoral y otros por desinformación, o simplemente por aversión, fustigaron la idea, la consideraron producto de una mente torcida y desequilibrada, promotora de impunidad hacia los criminales. En las redes sociales, aparecieron los infaltables memes. 

Admito que es difícil tratar el tema en esta coyuntura electoral, en pleno ascenso de las estadísticas de criminalidad en el país, corriendo el riesgo de ser tachado a favor o en contra del precandidato de Moreno. Pero nada de eso, en un ejercicio de objetividad hay que hablar del asunto.

Desde mi punto de vista, fuera de las campañas electorales, es necesario plantear seriamente el camino hacia la pacificación del país, que es el objetivo central. Desde la “guerra al narco” de Calderón las estadísticas crecientes de crímenes violentos y de violaciones a los derechos humanos son alarmantes porque afectan sensiblemente a la sociedad mexicana, a las comunidades y a cada vez más familias. Bajo las estrategias oficiales de seguridad no hay visos de solución del problema, al contrario.

En cambio, las alternativas pueden ser una amnistía a criminales o una negociación que implique beneficios a “testigos protegidos”, mediante la reducción de las penas a cambio de confesiones que descubran las redes de complicidad oficial, las redes del narcotráfico, de la trata y el tráfico de migrantes, del lavado de dinero, de la protección oficial, la identificación de lugares donde hay personas desaparecidas y la denuncia sobre autoridades civiles y militares torturadoras, entre otras confesiones.

Los criminales no son sólo narcos u homicidas, sino también autoridades y empresarios de “cuello blanco” producto de la corrupción, igual de lesivos que los primeros. La práctica de beneficios a cambio de confesiones es común en muchos países, como en los EUA, como las confesiones de los directivos de la empresa brasileña Odebrecht, que han provocado detenciones y procesos penales contra gobernantes y empresarios corruptos en América Latina (excepto en México, en el que campea la impunidad, siendo señalado Emilio Lozoya, responsable del área internacional de la campaña de Peña Nieto en 2011-2012 y ex director de Pemex, sin consecuencias). 

La amnistía a presos políticos, guerrilleros, militares, paramilitares y narcos es algo que se ha concretado en guerras no convencionales, como la pacificación de Centroamérica mediante el Grupo Contadora para los Acuerdos de Paz de Esquipulas de 1983, proceso en el que la intermediación de México fue vital. O los acuerdos de La Habana en 2016 para el proceso de pacificación en Colombia, mediante la mediación de El Vaticano. O los acuerdos de San Andrés entre el gobierno mexicano y el EZLN en 1994. 

Lograr la paz no es fácil, hay fuerzas políticas y sociales que se oponen a un acuerdo así y sus razones las tienen. Pero una amnistía siempre va dirigida hacia la pacificación de conflictos. Es un esfuerzo de mediación de conflictos de justicia transicional.

Hasta donde entendemos, nadie propone IMPUNIDAD. Puede ser el perdón o beneficios para llegar a la verdad de los hechos; nadie sugiere el "olvido" sino llegar a la justicia y la verdad. Las personas que se acojan a una amnistía y confiesan sus vínculos criminales deben ser juzgadas, y los beneficios a cambio de confesiones para capturar a “peces gordos” o para dar con responsables de hechos ilícitos cumplen un objetivo superior.
Cuando Mandela al frente de un amplio movimiento popular y con el apoyo de la comunidad internacional logró echar del poder al régimen racista y terminó con al apartheid en Sudáfrica, se implementó una amnistía como base para la reconciliación nacional y la construcción de un nuevo orden social. Muchos torturadores y asesinos del régimen derrocado, violadores de derechos humanos, fueron perdonados. Sus crímenes fueron hechos públicos, no soportaron la condena moral y salieron del país. 

En Baja California, en días pasados, policías estatales que torturaron, desaparecieron y asesinaron a una persona en el Valle de Mexicali en 2010, confesaron mediante juicio abreviado (reducción de la sentencia) el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de la víctima, bajo acuerdo con los familiares, que finalmente pudieron conocer la verdad y recuperar los restos.

Para llegar a la justicia y a la verdad (demanda permanente de las víctimas) debemos analizar sin prejuicios la posibilidad de amnistía o beneficios de ley a delincuentes a cambio de la confesión, antes de emitir juicios de valor impulsados por el desconocimiento, los impulsos de rechazo, la competencia política o la venganza. 

En cambio, la alternativa que nos ofrece el gobierno y sus partidos es la Ley de Seguridad Interior, la militarización de la Seguridad Pública que aspira a la continuidad del estado de cosas para el control de la sociedad y la protección de las inversiones extranjeras, no de las personas.

Para hablar claro, la propuesta de amnistía no es producto de AMLO sino, históricamente, de la comunidad internacional. La propuesta de Ley de Seguridad Interior es propuesta del statu quo. 

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.