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¿A quiénes representan realmente las legislaturas?

Editoriales
por Raúl Ramírez Baena.
 

Por: Raúl Ramírez Baena

“En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más 
funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”
Artículo 129 Constitucional

TIJUANA BC 4 DICIEMBRE 2017.- No voy a caer en la trampa de descalificar a todas y a todos los senadores y diputados; hay algunos honestos y comprometidos con sus electores, que casualmente siempre son la minoría. De lo que sí estoy seguro es que el régimen actual, el statu quo, los “poderes fácticos” y el también llamado “sistema”, se las arreglan para imponer importantes decisiones legislativas que trastocan la democracia y el objeto central del Estado: el bien común.  

Por ejemplo, habrá que recordar la famosa “Roqueseñal” del 17 de marzo de 1995 en la Cámara de Diputados, para celebrar en ese entonces por el PRI, como si ganaran el campeonato mundial –literalmente-, la votación mayoritaria que elevó el IVA en un 50 por ciento; o la votación del 12 de diciembre de 1998 para imponer el Fobaproa, que cuesta a los mexicanos 40 mil millones de pesos al año y compromete el futuro del país por décadas por la monstruosa deuda de más de cien mil millones de dólares. O el 6 de agosto de 2014, con la aprobación en el Congreso de la Unión de la privatizadora Reforma Energética y del resto de las mentadas reformas estructurales (educativa, fiscal, hacendaria, en telecomunicaciones, laboral, etc.). 

En enero de 2012, en el régimen de Felipe Calderón, se aprueba en el Congreso la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), para permitir la inversión del sector privado en infraestructura y servicios públicos (otrora responsabilidad del Estado Mexicano por ser derechos humanos), que avala ganancias y lucro para los inversionistas a costa del usuario y del contribuyente, ley reformada en 2016 para refinar la inversión y ganancia privada.

Así pues, ya nos tienen acostumbrados. Fuera de todo principio ético, no es la primera vez que nos imponen sus políticas públicas a espaldas de la voluntad popular.  A como dé lugar, en esta etapa histórica del país, se privilegian los intereses del Mercado, de las trasnacionales y del capital financiero. 

La Ley de Seguridad Interior

Contra viento y marea y sin importar los múltiples llamamientos al Presidente Peña Nieto, a los partidos políticos y a los legisladores por parte de la ONU, de organismos nacionales e internacionales, de ONG y expertos, mediante los consabidos mecanismos amañados impuestos a las minorías en la Cámara de Diputados, los señores del poder se salieron con la suya y aprobaron la Ley de Seguridad Interior. 

Esta Ley otorga facultades extraordinarias y discrecionales a las fuerzas armadas para realizar funciones de Seguridad Pública, sin contrapesos ni controles de por medio, abriendo la posibilidad de que se cometan más violaciones a los derechos humanos, sin importar además que se violente el artículo 21 de la Constitución que dispone que las funciones de Seguridad Pública son exclusivas de la autoridad civil, disfrazando burdamente esa ley como de “Seguridad Interior”.

Pero, ¿qué intereses hay detrás del apuro por aprobar la Ley de Seguridad Interior, que consiste en una simulación para legitimar la intervención militar en tareas de Seguridad Pública? 

Inmediatamente después de que los poderes fácticos financieros (el Departamento del Tesoro, la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, el BID, las empresas trasnacionales con fuertes inversiones en México y la oligarquía mexicana) decidieran a su candidato presidencial para el 2018, se apuraron para, materialmente, aplastar a la oposición legislativa para imponer su Ley de Seguridad Interior, que no es una demanda social, como si abatir la inseguridad. 

La estrategia consiste en imponer una política del MIEDO para controlar –y si es necesario reprimir- los movimientos sociales ante el advenimiento de importantes protestas como resultado de la continuidad del proyecto neoliberal y su consecuencia: más pobreza, más desigualdad en la distribución de la riqueza, más inseguridad y más violencia institucional y criminal. ¿Se trata entonces de intimidar a la población?

Nada de eso importa en la consciencia y en la moral de las y los legisladores que votaron en favor de la Ley de Seguridad Interior. En la práctica legislativa, este y otros asuntos de vital importancia política y social para la nación se transforman en una simple ecuación, en una votación de mayorías por sobre las minorías. Albazo, madruguete, fast track, moches, bonos… como sea, pero hay que “ganar” la mayoría de votos, aunque sea de manera simulada, para legitimar la decisión. ¡Y nos dicen que así es la democracia!

Imposición de inversiones Público Privadas en Baja California

A pesar de fuertes protestas sociales, similar práctica se sufrió en Baja California con el madruguete del 1 de diciembre pasado para aprobar por el Congreso local el Dictamen 95 de la Comisión de Hacienda, que endeuda a los contribuyentes con más de 80 mil millones de pesos a pagar en 37 años.

El Congreso de BC votó ilegalmente por adelantado el presupuesto anual de pago a los inversionistas privados de las plantas desalinizadoras de Rosarito y San Quintín, entre otros proyectos de APP, con la fundada sospecha de que, con el tiempo, aumentará el costo de la tarifa de agua para sufragar la cuantiosa deuda y la posibilidad de que esa planta exporte agua al Condado de San Diego, CA., a costa del contribuyente bajacaliforniano.

¿El agua como derecho humano? Business are business…

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.

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