Por: Raúl Ramírez Baena

TIJUANA BC 27 NOVIEMBRE 2017.- Del 8 al 17 de noviembre, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, realizó una visita oficial al país, sosteniendo una serie de reuniones con representantes del gobierno y de los pueblos y comunidades indígenas, para dar seguimiento a las Recomendaciones emitidas por el anterior Relator, Rodolfo Stavenhagen (+) y conocer situaciones que implican violaciones a los derechos indígenas.

Victoria Tauli-Corpuz estuvo en Chiapas, Guerrero, Chihuahua y la Ciudad de México, conviviendo, compartiendo testimonios y recibiendo denuncias y quejas de representantes de los pueblos originarios, prácticamente de todas las regiones de la nación.

De Baja California acudieron al encuentro con la Relatora las dirigentes de la Cooperativa de Producción Pesquera Pueblo Indígena Cucapá, Hilda e Inés Hurtado Valenzuela, para plantearle el problema de la pesca de subsistencia en la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en que las autoridades federales pesqueras y ambientales han establecido políticas de captura de la curvina golfina –especie que desde hace miles de años pescan los cucapás- sin considerar los derechos preferenciales de la etnia por su condición indígena, amparados en el artículo 2º Constitucional y en la Convención 169 de la OIT. Por ejemplo, el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado antes de implementarse las políticas oficiales.

Las representantes de la Cooperativa Pesquera Cucapá plantearon también la situación de abandono que sufren las otras etnias nativas de Baja California, los Kiliwas, Pai-pai, Kumiai y Cochimíes (los 5 pueblos indígenas nativos de Baja California no suman más de 2 mil auténticos indígenas, lo que les da la categoría de pueblos, culturas y lenguas en extinción), que han sufrido siglos de explotación y despojo de sus territorios y recursos naturales, así como violaciones a sus derechos civiles por parte de policías y militares.

En enero de 2013 la CNDH emitió la Recomendación 02/2013 por el cateo ilegal, privación ilegal de la libertad y tortura por parte del ejército, en contra de integrantes de la comunidad indígena Kumiai en el Mpio. de Ensenada. A pesar de ello, en junio de 2015, elementos del ejército vuelven a irrumpir en la comunidad, deteniendo ilegalmente, golpeando y robando a miembros de esta comunidad indígena.

En la actualidad los Pai-pai viven en una sola comunidad, la ex misión de Santa Catalina, comunidad denominada como Santa Catarina. En esta comunidad viven marginalmente cerca de 300 indígenas, aunque anteriormente numerosas familias Pai-pai habitaban en diversos lugares, mismos que fueron abandonando por la falta de agua, la presión mestiza sobre su tierra e incluso como resultado del despojo de su ancestral territorio.

Los jornaleros agrícolas

Acudieron también a entrevista con la Relatora los dirigentes del Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas, Fidel Sánchez Gabriel y Bonifacio Martínez, que expusieron que en la región del Valle de San Quintín se ha desarrollado un movimiento social de jornaleros que desde hace muchos años trabajan en ranchos agrícolas privados, que producen frutas y verduras para la exportación a los EUA. 

Después de muchos años de explotación laboral, los trabajadores agrícolas indígenas y sus familiares, en su mayoría provenientes del estado de Oaxaca, se han organizado y han logrado visibilizar a nivel nacional e internacional sus condiciones de vida y de trabajo, que expertos han caracterizado como “Formas Contemporáneas de Esclavitud” laboral.

En mayo de 2003 la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California giró la Recomendación 06/2003 al gobierno de Baja California y al municipio de Ensenada por las precarias condiciones laborales y sociales de los trabajadores agrícolas y sus familiares en los poblados de Maneadero y Valle de San Quintín; aceptada por las autoridades estatales y municipales.

En mayo de 2015, después del bloqueo carretero de jornaleros agrícolas, reprimidos por las policías con varios indígenas detenidos y lesionados con arma de fuego, autoridades federales de la Secretaría de Gobernación, estatales encabezadas por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y municipales, firmaron un acuerdo para mejorar las condiciones sociales y laborales de los jornaleros y sus familiares, incluido el compromiso de prevenir y sancionar la explotación y el hostigamiento laboral y sexual que sufren las mujeres jornaleras indígenas por parte de los “mayordomos” de los ranchos agrícolas privados.

En enero de 2017 la CNDH emitió la Recomendación 02/2017 al gobierno federal, al gobierno de Baja California y al gobierno municipal de Ensenada, en favor de los jornaleros agrícolas y de sus familiares, por “violación de derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual”, aceptada por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Hasta la fecha, las Recomendaciones de la PDH y de la CNDH y los acuerdos de mayo de 2015 no han sido cabalmente cumplidos, por lo que las condiciones de explotación y marginación de los jornaleros agrícolas y de sus familiares siguen vigentes.

Antes de irse, la Relatora urgió a México a “alcanzar una relación igualitaria y respetuosa con los pueblos indígenas para terminar con un ‘serio patrón’ de abusos… pude reconocer un serio patrón de exclusión y discriminación, que a su vez se refleja en la falta de acceso a la justicia, entre otras violaciones de derechos humanos".

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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