Por: Raúl Ramírez Baena

“Las mujeres nunca nos equivocamos cuando peleamos por nuestros derechos”
Elizabeth Odio Benito, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

TIJUANA BC 20 NOVIEMBRE 2017.- El día 3 de mayo del año 2006, en el poblado de San Salvador Atenco, Estado de México, un desalojo en la vía pública por policías municipales en contra de vendedores de flor de cempasúchil, propia para la tradicional celebración del Día del Albañil (“Día de la Santa Cruz”), derivó en uno de los más vergonzosos actos de represión de los que el México post revolucionario tenga memoria. 

Al estallar el conflicto de los floristas con la policía, locatarios del mercado municipal, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y adherentes a La Otra Campaña del EZLN, organizados entonces contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que pretendía construir Vicente Fox en terrenos agrícolas del ex Lago de Texcoco, se enfrascaron en una riña en donde los policías municipales llevaron la peor parte, observándose hasta el cansancio en imágenes de televisión cómo los pobladores pateaban impunemente a un inerme agente policíaco.

Pero al día siguiente, el 4 de mayo de ese año, la Policía Federal Preventiva y la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México (ASE), en un operativo organizado por el almirante Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la ASE (vinculado directamente con las matanzas de campesinos e indígenas de Aguas Blancas, Gro., en 1995, y Acteal, Chis., en 1997, y encargado del desalojo de los miembros del CGH de la UNAM durante el movimiento estudiantil de 1999 y 2000), fuera de todo protocolo internacional sobre el uso de la fuerza, llevaron a cabo una impresionante y sangrienta represión oficial también televisada, que derivó en la detención de 207 personas —entre ellas 10 menores de edad—, 146 detenciones arbitrarias, la expulsión de cinco extranjeros y quejas contra elementos policiacos por presuntas vejaciones y violaciones sexuales a 26 mujeres, algunas de ellas extranjeras.

El caso fue llevado al ámbito de la justicia federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México; ésta determinó que en dichos hechos hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. A su vez, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que servidores públicos de la ASE y el Gobierno del Estado de México, siendo gobernador en ese entonces Enrique Peña Nieto, cometieron "violaciones graves de garantías individuales" en contra de pobladores, incluso, de activistas y periodistas.

En mayo de 2008, Peña Nieto, en respuesta a las críticas internacionales por esas acciones violatorias a derechos humanos, entre ellas la carta enviada por 96 diputados estadunidenses, rechazó que la represión en San Salvador Atenco hubiera sido un lastre para su gobierno y advirtió que volvería a actuar de la misma forma si se diera el caso de restablecer el orden y la paz social. 

Más aún, el 11 de mayo 2012, en plena campaña electoral, en un penoso incidente en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, el entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto, respondió a una pregunta formulada por los estudiantes respecto a los hechos de Atenco, defendiendo el uso de la fuerza pública y asegurado que volvería a hacer lo mismo, lo que le valió el rechazo estudiantil y que se tuviera que resguardar en un baño de la institución educativa.

Por los hechos de Atenco, en 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la petición (queja) presentada en 2008 por once mujeres víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, cometidas por autoridades federales y estatales del EdoMex, representadas por el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de Washington. 

La CIDH emitió un Informe en el cual determinó que el Estado Mexicano fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, psicológicas y sexuales, carencia de acceso a la justicia y otras violaciones graves a derechos humanos, y emitió una serie de recomendaciones, las cuales fueron desatendidas por el gobierno federal, por lo cual el caso fue turnado por la CIDH a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como un “caso emblemático por la tortura y discriminación por razones de género”.

Es así que los días 16 y 17 de noviembre pasado, en Audiencia Pública, 11 valientes mujeres víctimas de la violencia sexual en Atenco hace 11 años, rindieron desgarrador y crudo testimonio ante la CoIDH, respondiendo las preguntas formuladas por las y los jueces del órgano jurisdiccional continental. Una de ellas relató cómo su padre se opuso a que rindiera testimonio sobre los abusos que sufrió, lo que mereció la sabia y solidaria respuesta de la jueza costarricense que enmarca el inicio de esta columna.

Lo más destacable fue ver cómo los testimonios de las mujeres violentadas derrumbaban uno tras otro los argumentos de los representantes del Estado Mexicano, que se esforzaban vanamente en demostrar que el gobierno de Peña Nieto ha hecho todo lo posible por reparar el daño ocasionado a las mujeres y por sancionar a los perpetradores de la barbarie oficial.

Ahora, a esperar la sentencia de la CoIDH el próximo año, posiblemente en plena campaña electoral.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.