MÉXICO 27 OCTUBRE 2017 .- Hasta el momento en el que se escribe esta columna, no se cuenta con ninguna certeza con respecto al día en el que el Senado dará noticias sobre la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales porque en la fecha programada para ello, el 25 de octubre, extrañamente no se reunió el quórum para sesionar.

En el proceso electoral 2017-2018 todo puede pasar. El escenario es complejo, la situación del país es muy difícil interna y externamente y las polémicas e inesperadas decisiones políticas y jurídicas que se toman en las altas esferas del gobierno, no hacen sino acrecentar la crisis.

La destitución de Santiago Nieto es escandalosa. No solo es jurídicamente cuestionable, sino que políticamente constituye una amenaza directa a las instituciones electorales y al proceso electoral en marcha. La injerencia del poder ejecutivo y del legislativo en la conformación de las instituciones electorales y la intromisión en su funcionamiento es inadmisible.

Que un encargado de despacho o suplente de un cargo que debe ser aprobado por el poder legislativo determine cesar al titular de la Fiscalía Electoral, pone en evidencia la importancia de contar con marcos legales que impidan que las presiones políticas o las amenazas al trabajo que deben realizar la Fiscalía General y las Fiscalías Anticorrupción y Electoral, determinen quiénes deben ser sus titulares o cuando deben ejercer sus facultades.

Decisiones de esta importancia no las toma un encargado de despacho en la soledad de su oficina. Se toman desde los altos cargos del ejecutivo y no se ejecutan de un día para otro. La destitución de Santiago Nieto ha estado en la mesa desde la actuación del fiscal en contra de Arturo Escobar, por la solicitud de órdenes de aprehensión contra los ex gobernadores Duarte y, por supuesto, por la investigación en contra de Lozoya – Odebrecht. 

No cabe ninguna duda que el partido en el poder y sus aliados no estaban conformes con el trabajo de Nieto en la FEPADE, pero ¿por qué esperar a que se materializaran las peores condiciones para su destitución y alegar violaciones al código de conducta de la Procuraduría General de la República para hacerlo?

La ratificación del cese del titular de la FEPADE tiene que ser avalado por el Senado, producto de la reforma constitucional de 2014. Es la primera vez que se enfrenta el Senado a ratificar la destitución o restituir a un fiscal y, en ese contexto, la Junta de Coordinación Política acordó que la votación se llevaría a cabo mediante cédula, es decir, no conoceremos a los responsables de que el titular de la FEPADE se quede o se vaya.

El Senado determinó que no quiere rendir cuentas a los ciudadanos, que prefiere esconderse y ocultar cómo vota cada senador y cada senadora en esta decisión que incide en una de las tres principales autoridades en materia electoral en nuestro país, en medio del proceso electoral más complejo de nuestra historia democrática. El desprestigio de nuestra clase política es evidente y es labrado por cada una de sus decisiones y acciones. México requiere de un fiscal que ejerza sus atribuciones, no uno que sea marioneta de los partidos políticos. Nieto no se prestó a ser un títere.

Los acuerdos entre legisladores o entre los partidos no deben estar por encima de los intereses de nuestro país. Emitir el voto mediante cédula permite a los legisladores seguir operando en la impunidad. La determinación de la Junta de Coordinación Política del Senado no solo es sospechosa sino que contribuye a acrecentar la incertidumbre en el proceso electoral. Ningún favor le hace a nuestro país la determinación tomada por el titular del poder ejecutivo federal y de su equipo de trabajo.