MÉXICO 26 OCTUBRE 2017 .- Por más que el Gobierno Federal y el PRI insistan en que la decisión de remover a Santiago Nieto como Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) respondió a un criterio estrictamente jurídico, sobran elementos para presumir que se trata de un asunto eminentemente político como también lo es el procedimiento que se desahoga en el Senado para objetar dicha remoción.

Es la primera vez que se tiene conocimiento de que a un funcionario, cuando menos de ese nivel, se le destituya por violar el código de conducta de una dependencia -ni siquiera se destituyó a Tomás Zerón a quien se acusó de graves irregularidades en la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y únicamente se le cambió de puesto- y no queda claro cuales son los hechos específicos que se le atribuyen a Santiago Nieto, pues los señalamientos del encargado de la Procuraduría han sido genéricos.

Tampoco se sabe que el Comité de Ética de esa dependencia -que es a quien corresponde velar por su cumplimiento y aplicación- haya recibido alguna queja, emitido recomendación o dado aviso a la Visitaduría General o al Órgano Interno de Control como lo establece el propio Código. Todo apunta a que, cuando menos, estamos ante la aplicación discrecional de criterios y ejemplos sobran, como las filtraciones sobre una presunta investigación a Josefina Vázquez Mota sin que pasara nada.

Por otra parte, se han presentado diversos cuestionamientos respecto a las facultades que tiene Alberto Elías para ordenar la remoción, e incluso se ha denunciado que no cumple con los requisitos para ser encargado de despacho al no contar con 10 años en el ejercicio de la carrera de derecho, pues su cédula profesional fue expedida en 2011, y por tanto sus actos carecerían de validez.

Independientemente de ello, cuesta trabajo creer que una decisión de tal relevancia, la haya tomado sin haberla consultado previamente con el Presidente -si no es que se lo instruyeron-.

No es asunto menor remover al Fiscal responsable de perseguir la comisión de delitos electorales una vez iniciado el proceso electoral más complejo de nuestra historia, y que los ha metido en una crisis política mayúscula en la que parecen dispuestos a asumir cualquier costo".

No es fácil saber cuales fueron las motivaciones reales, pero me parece que hay dos hechos a destacar: Santiago Nieto les resulta incomodo y el próximo Fiscal sería nombrado por el Procurador sin la participación del Senado, y si se acredita que efectivamente la empresa brasileña Odebretch realizó donaciones ilegales a la campaña presidencial del PRI en 2012 a través de Emilio Lozoya -como afirman algunos de los involucrados en este escándalo mundial de corrupción-, las consecuencias podrían ser demoledoras tanto para el gobierno del presidente Peña Nieto como para su partido.

Por lo pronto, hay que estar atentos a lo que ocurra hoy en el Senado ya que las posiciones están cada vez más polarizadas y las presiones deben ser brutales, pues se requieren unos cuantos votos -o inasistencias- para que cualquiera de las dos partes logre la mayoría simple y el plazo de 10 días para resolver si se objeta o no la remoción de Santiago Nieto vence el 3 de noviembre. La clave puede estar en el formato de la votación -abierta o por cédula- o si el PRI opta por emplear tácticas dilatorias hasta que fenezca el plazo y la remoción quede firme.