MÉXICO 24 OCTUBRE 2017 .- En su discurso de toma de posesión de 1933, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt señaló: "En la esfera de la política mundial, yo dedicaré esta nación a la política del buen vecino; el vecino que decididamente se respeta a sí mismo y, al hacerlo, respeta los derechos de los otros; el vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de sus acuerdos en y con un mundo de vecinos".

Actualmente, la política del buen vecino se aplica en diversas regiones por distintos actores estatales. El esquema observado es que las potencias mundiales afianzan su seguridad y poder al contribuir con el desarrollo de sus vecinos menos prósperos. China, por ejemplo, está decidida a superar enemistades históricas e involucrarse más con los países del sudeste asiático, atrayéndolos a su órbita de influencia a través de acuerdos comerciales y financiando proyectos de infraestructura. Por su parte, Rusia trabaja en recuperar su influencia en los territorios de la antigua Unión Soviética. Mientras que Arabia Saudita apoya a las naciones de la Liga Árabe, a través del financiamiento de proyectos de infraestructura social.

Pese a que en septiembre pasado ante el pleno de las Naciones Unidas, Donald Trump destacó que su país tiene vínculos comerciales increíblemente fuertes y sanos con muchos países latinoamericanos y que el vínculo económico es la base para promover la paz y la prosperidad para todos los vecinos de Estados Unidos, en la práctica, se ha distanciado de la región en general y en casos particulares ha adoptado una actitud beligerante.

Desde el inicio de su administración, Donald Trump se ha reunido únicamente con cuatro de sus homólogos: Perú en febrero, Argentina en abril, Colombia en mayo y Panamá en junio. De estos, sólo se podrían destacar los encuentros con Argentina, pues se acordó el establecimiento de un grupo de trabajo binacional en materia de ciberseguridad; y con Colombia el presidente estadounidense ha insinuado, con la ambigüedad que lo caracteriza, que continuará apoyando el programa de paz con ese país.

Con las políticas migratorias que el gobierno estadounidense planea instrumentar, miles de inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, se verán afectados. Por mencionar una de ellas, la cancelación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) pone en riesgo la estancia legal de 122,440 jóvenes de la región, sin incluir a los mexicanos. Centroamérica es la subregión más perjudicada con 70,048 jóvenes, que se encuentran entre los susceptibles a ser deportados, cifra a la que debe sumarse a sus familiares cuya mayoría huyeron de la violencia en sus países de origen. 

Por lo que respecta a México, en el momento en que Donald Trump lanzó su campaña a la presidencia de Estados Unidos el 16 de junio de 2016, acusó al país de ser fuente de criminales y drogas, proponiendo como solución la construcción de un gran muro a lo largo de la frontera sur de su país. Asimismo, Trump ha amenazado reiteradamente con abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que se refiere como "el peor acuerdo comercial", pues argumenta que este roba empleos a los estadounidenses, añadiendo que el déficit comercial de Estados Unidos con México es intolerable; por ello, aun cuando hoy en día Canadá, Estados Unidos y México están renegociando el TLCAN, durante una conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro Canadiense el 11 de octubre pasado, Trump afirmó que de no llegar a un acuerdo daría por terminado el tratado.

Si bien la renegociación del TLCAN abre ventanas de oportunidad para los tres países, la postura de Trump contra México pone en riego los logros que al amparo del acuerdo se han alcanzado hasta el momento: desde la superación de la histórica desconfianza entre ambos países, hasta el establecimiento de instituciones tales como el Banco de Desarrollo de América del Norte y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (ambas en la esfera bilateral); y las comisiones para la cooperación Ambiental y Laboral de corte trilateral. Además de estas instituciones, se han establecido importantes marcos de cooperación en los ámbitos energético y de seguridad que fortalecen la intrincada madeja de vínculos que unen a ambos países.

El caso de Cuba tiene un origen distinto al mexicano. Desde la revolución, Cuba fue una astilla para la diplomacia de Estados Unidos, porque se convirtió en uno de los símbolos más importantes del antiimperialismo en plena Guerra Fría. Muchos años después de que se superara la confrontación ideológica global y a pesar de las presiones del exilio cubano, el gobierno de Barack Obama logró el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba en diciembre de 2014; momento a partir del cual se alcanzaron una serie de acuerdos en distintos ámbitos, desde la lucha contra las drogas, pasando por la inmigración ordenada, hasta la protección de los océanos contra los derrames de petróleo y otras amenazas ambientales. 

El 16 de junio pasado, durante una visita a Miami, Florida, el actual presidente estadounidense dio un revés a los acuerdos alcanzados por su antecesor. La "nueva política" de Trump hacia Cuba se resume en la aplicación del embargo y la prohibición del turismo hasta que los presos políticos sean liberados, se respete la libertad de expresión, se legalicen los partidos políticos y se programen elecciones libres y supervisadas internacionalmente. Asimismo, plantea restringir el flujo de dólares que puedan dirigirse a los servicios militares, de seguridad y de inteligencia y, por supuesto, propone ayudar al pueblo cubano a formar empresas.  En este contexto, el 29 de septiembre pasado, Trump ordenó la reducción de personal en la embajada estadounidense en Cuba, aludiendo a la misteriosa enfermedad que afecta a los diplomáticos estadounidenses adscritos en La Habana. Cinco días después de este anuncio, el Departamento de Estado solicitó la salida de 15 diplomáticos cubanos en Washington, manifestando que ese país no había tomado las medidas adecuadas para proteger a sus diplomáticos en la isla.

Trump se refiere a Venezuela como "un desastre". Desde la Casa Blanca se ha solicitado al presidente Nicolás Maduro respetar la constitución de su propio país, celebrar elecciones libres y justas, liberar a los presos políticos, cesar todas las violaciones de los derechos humanos y dejar de oprimir al pueblo venezolano.

Esta visión del mundo con muros, deportaciones e interrupción de la cooperación comercial y ambiental, definitivamente no encaja en una política de buena vecindad. La administración de Donald Trump se jacta de los fuertes vínculos económicos con Latinoamérica, pero parece minimizar las consecuencias sobre su propia seguridad y poderío al reducir el apoyo a sus vecinos hemisféricos. Paradójicamente, pareciera que tiene la intención de orillarlos a buscar un mayor acercamiento con potencias de otras latitudes, cuando Estados Unidos debería ser el más preocupado en la prosperidad del continente americano.