MÉXICO 19 OCTUBRE 2017 .- La discriminación refiere a las condiciones de distinción, exclusión, restricción o preferencia cimentadas en criterios faltos de objetividad, racionalidad y proporcionalidad, cuyas consecuencias son obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos; situación que se ve agravada por la desigualdad, consistente en la posesión y distribución diferenciada de bienes, recursos y poder lo que afecta a grupos específicos de la población, entre los que se encuentra el de las mujeres.
La Organización de las Naciones Unidas, en el informe Estado de la Población Mundial 2017, revela algunas aristas de desigualdad en ese sentido, por ejemplo, apenas la mitad de la población mundial femenil tiene un empleo remunerado, quienes reciben un ingreso inferior al 23% del registrado por los hombres. Esta clase de desventajas también son reconocidas en nuestra sociedad; datos de la última Encuesta Nacional en la materia, publicada por el Conapred, indican que el 56% de las mexicanas opinan que sus garantías fundamentales no se respetan.
Considerando que desde 2010 cada 19 de octubre se conmemora el Día Nacional Contra la Discriminación, toma pertinencia reflexionar sobre cómo el derecho de acceso a la información y la transparencia abonan en favor de los procesos de igualdad de género y empoderamiento del sector.
Igualdad de género
Se trata de un concepto vinculado íntimamente con nuestra Carta Magna, particularmente con el contenido del artículo 4, que de manera expresa señala:
El varón y la mujer son iguales ante la ley
Esto representa el resultado de las reivindicaciones sociales, particularmente de aquellas derivadas de la lucha feminista, que exigían el reconocimiento de la naturaleza igualitaria de las personas. En el marco normativo secundario, se caracteriza a la igualdad de género como aquella situación en que mujeres y hombres gozan de las mismas condiciones y oportunidades para acceder al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
En ese sentido, el derecho de acceso a la información juega un papel fundamental como herramienta que potencia la generación de condiciones de igualdad debido a que, como con cualquier otro sector vulnerable, el conocimiento de datos oportunos facilita que otras prerrogativas puedan hacerse valer, pues mediante el conocimiento preciso de los derechos humanos y de cómo ejercerlos se puede acceder a su pleno goce y disfrute. Es así que el conocimiento informativo permite tomar decisiones más eficaces en torno de sus derechos, por ejemplo, la salud o la educación.
Datos del INAI revelan que, de 2003 a septiembre de 2017, la proporción de mujeres que han hecho uso del derecho de acceso a la información, ha crecido, pasando de ser el 30% del total de requirentes, a significar el 40%, lo que habla de una importante reducción en la brecha frente a los peticionarios varones. Este hecho, además de traducirse en una mayor apropiación de la garantía, habla de la existencia de condiciones que ayudan a construir empoderamiento al robustecer sus capacidades para conocer información que sea de utilidad en la toma de decisiones en el día a día.
Por ejemplo, al observar que los sujetos obligados más consultados por las mujeres pertenecen a instituciones de salud y educativas, es posible derivarse que son instancias que poseen información de utilidad para superar condiciones de vulnerabilidad que derivan de un estado físico adverso; cabe recordar que el hecho de adquirir una enfermedad incide en la desigualdad social al limitar la funcionalidad y productividad de los individuos. Por su parte, las entidades educativas pueden proveer datos necesarios para la toma de decisiones que coadyuven a la continuidad de los estudios de las mujeres y evitar que las expectativas de desarrollo profesional se vean truncadas, con lo cual, la vida laboral se sustenta con las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida en lo particular e impactar favorablemente en la disminución de pobreza en general.
Ahora bien, por cuanto hace al empoderamiento, es la condición indispensable para que el sector femenino pueda transitar de cualquier escenario de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión hacia uno de conciencia, autodeterminación y autonomía; esto significa, generar las condiciones adecuadas para garantizar a las mujeres el goce pleno de sus derechos y libertades. Desde esta perspectiva, la transparencia coadyuva para visibilizar las adversidades que enfrenta el sector y fomenta la presencia cotidiana en la agenda de discusión de temas inherentes, creando las condiciones para su debate social y favoreciendo circunstancias que estimulen mayor incidencia a través de procesos organizativos vinculados con el tema.
La transparencia es un elemento clave que coadyuva a la vigencia de los derechos humanos de la población femenina y, por ende, en la generación de escenarios favorables para la erradicación de la discriminación por motivos de género. El México que se anhela solamente será posible con la participación plena de las mujeres en los distintos terrenos donde hasta hoy ha prevalecido la desigualdad, entre ellos, el político, económico, educativo y de salud. Para ello, el acceso a la información resulta esencial, al incrementar la capacidad de las mujeres de participar en las discusiones de lo público, además de dotarles de mayor efectividad para exigir acciones gubernamentales, que atiendan las prioridades y necesidades del sector.
