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"Muerte civil" a corruptos

Editoriales
por JOSÉ LUIS CASTILLEJOS AMBROCIO.
 

MÉXICO 17 OCTUBRE 2017 .- ¡Ya nos saquearon! ¡Que no nos vuelvan a saquear! Esa debiera ser la consigna cotidiana de los mexicanos. Urge promover que se decrete la “muerte civil” a todos los funcionarios y políticos corruptos para que jamás vuelvan a laborar en el gobierno ni a postularse a cargos de elección popular.

Esa “muerte” les debe pegar en sus finanzas y las empresas involucradas en corrupción deberán ser sancionadas para que nunca más obtengan contratos con el Estado. Sólo de esa forma se podrá frenar la enorme sangría financiera que afecta al país y que lo tiene al borde de la quiebra.

Los costos que genera la corrupción son asumidos por todos los mexicanos, quienes deben pagar los platos rotos de quienes se enriquecen, sin rubor, diariamente. Se calcula que esos costos superan los 900 mil millones de pesos, lo que equivale un cinco por ciento del PIB, cada año.

Este flagelo ya es preocupante. Los hospitales, escuelas y diversas instituciones carecen de insumos para funcionar y a esta anatomía de la corrupción no hay forma de ponerle fin pese a las intenciones, plasmadas en el papel, del gobierno.

México debiera imitar ejemplos de países como Perú donde mediante un decreto legislativo se dispuso que las empresas condenadas por corrupción nunca más puedan tener contrato con el Estado.

Por ley, ahora todos los contratos de concesión del Estado peruano integrarán obligatoriamente la cláusula anti-corrupción para resguardar los intereses del país. Triplicarán en esa nación el presupuesto de la fiscalía dedicado a investigar y atrapar a los corruptos.

Cuánta diferencia hay en esa República sudamericana respecto a lo que ocurre en México.

Adicionalmente se ha creado en Perú un sistema de recompensa a ciudadanos y funcionarios que ayuden y denuncien actos de corrupción. Actualmente ya están presos por corrupción los ex presidentes Alberto Fujimori y Ollanta Humala y falta que sea apresado Alejandro Toledo, quien es buscado para que rinda cuentas ante a la justicia pues hay sobrados indicios de que se enriqueció al amparo del poder.

Si esta medida se aplicara en México, las cárceles estarían llenas con los corruptos que han depredado la nación. La “muerte civil” es una medida viable. Gobernadores, alcaldes, ex presidentes de la República, comandantes de corporaciones policiales, directores de instituciones y áreas dedicadas a la construcción estarían pagando por el robo que han hecho al noble pueblo mexicano que se debate entre la hambruna y la miseria.

En la actualidad, la corrupción forma parte de la actividad económica de los mexicanos y la población pareció acostumbrarse a pagar sobornos a policías o coimas para realizar trámites de todo tipo.

¿Cuándo cambiará todo?
Cuando haya voluntad política y social de sepultar a los corruptos y no darles nuevas oportunidades de que manejen los recursos del Estado.

La implantación de la “muerte civil” es una medida drástica, pero necesaria. Todo corrupto debe sufrir de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y ser degradado y sentenciado públicamente. Hay que hacer uso de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Y esta “muerte civil” debe ser a perpetuidad para que ningún político corrupto vuelva a soñar con querer ocupar un cargo público.

Ningún ladrón debiera ser elegido como alcalde, diputado, senador, gobernador o presidente de la República. Reconstruyamos el tejido social antes de que sea demasiado tarde.

Tags: muerte | civil | corruptos |
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