MÉXICO 16 OCTUBRE 2017 .-Mientras que algunos suspicaces se preguntan en redes sociales cuál será el destino de los recursos económicos recibidos en donación, por parte de los gobiernos locales y federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales propuso medidas tendientes a garantizar la rendición de cuentas en relación al origen y aplicación de esos bienes.

Sus propuestas, desde luego, no van más allá de asuntos que ya están contemplados en el marco legal vigente y aplicable, por ejemplo considerar al manejo de los recursos donados, como un tema de "interés público" o adoptar una política de contrataciones abiertas en relación a los recursos presupuestarios utilizados en el proceso de reconstrucción y rehabilitación o exhortar a los sujetos obligados a "atender con mayor oportunidad y calidad, las solicitudes (de información) que sean formuladas por los particulares".

Desde luego que los sujetos obligados —como lo dice su propia denominación— están «obligados» a informar sobre el origen y disposición de los recursos que administran, máxime tratándose de un tema tan sensible para la opinión pública, como lo es el destino de las donaciones en el contexo de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Está el caso expuesto por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray quien señaló que el gobierno federal ha recibido ayuda internacional en dinero, por al menos dos millones 781 mil dólares, recursos sobre los que algunos suspicaces se preguntan a dónde irán a parar.

El problema con el Inai es que parece ignorar el grado de opacidad con que se conducen los sujetos obligados en los temas relativos a los recursos económicos. Por sólo citar un caso, está el anuncio de la Procuraduría General de la República (PGR), el año pasado, de la supuesta devolución por 421 millones de pesos, a la tesorería de Veracruz, por parte de empresas vinculadas con los desvíos del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Mediante solicitud número 01178416, dirigida a la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del Estado de Veracruz, pedí copia de los documentos que demuestren el ingreso a la tesorería de los recursos señalados con anterioridad y de los convenios que se firmaron "con dos empresas" para la devolución de esos recursos.

Mediante oficio UAIP/0102/2017, de fecha 17 de enero de 2017, signado por Joyce Díaz Ordaz Castro, jefa de la Unidad de Transparencia, se señaló que dicha información es reservada (no dice por cuánto tiempo, como lo mandata la ley) en razón de que "se pone en riesgo, la efectividad o eficiencia de las acciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación, encaminadas a proteger la economía del Estado; se pone en riesgo los sistemas operativos electrónicos del Gobierno del Estado, así como se puede originar una ventaja indebida a terceros o que se distorsionen o afecten la estabilidad de los sistemas administrativos financieros del Estado, toda vez que es posible afirmar que la difusión pública del mismo facilitaría que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la cuenta realice conductas tendientes a tal fin y tipificadas como delitos".

No se entiende cómo, la copia simple o certificada de una o varias fichas de depósito por un total de 421 millones de pesos ponga en riesgo a los sistemas operativos electrónicos del gobierno veracruzano o que con dicho documento se afecte el patrimonio del titular de la cuenta o se realicen delitos. Más bien genera suspicacias en relación a que dichos recursos efectivamente hayan ingresado a las arcas veracruzanas.

En este sentido, las suspicacias generadas por la opacidad y los argumentos carentes de lógica de los sujetos obligados y por algunos órganos garantes, debieran ser el motivo fundamental de preocupación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, al grado de vigilar con mayor rigor el cumplimiento de la ley general y, en su caso, la aplicación de sanciones a los órganos opacos, más que generar estructuras innecesarias o estrategias carentes de sentido, en razón de que las obligaciones de transparencia están claramente establecidas en la ley general, la federal y las de los estados.