Por: Raúl Ramírez Baena

Como secuela de la “Guerra al narco” de Felipe Calderón, la crisis de Seguridad Pública se ha agudizado en todo el país en los últimos 10 años y ha sido un constante dolor de cabeza para autoridades y ciudadanía. Podemos cambiar de partido en el gobierno, de presidente, de gobernador, de alcalde y de jefes policíacos; militarizar la seguridad, aumentar los presupuestos para seguridad, comprar más patrullas, contratar más policías, adquirir tecnología de punta, aumentar las penas… y nada funciona. ¿Por qué?

A valores entendidos, las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales son una excelente fuente de recursos ilegales producto de amplias y complejas redes de corrupción, producto de “mordidas”, cuotas, complicidad y protección a la delincuencia; negocios ilegales que por supuesto no hay disposición oficial de combatir ni voluntad política para sancionar. Así, mientras siga imperando la simulación y la impunidad, sin imponer sanciones ejemplares a autoridades corruptas y abusivas, en esencia nada se va a resolver.

La corrupción y la impunidad son un cáncer que corroe el aparato de seguridad, que incluye la prevención y la investigación de los delitos, lo que indudablemente repercute en la impartición de justicia, más ahora con la implementación del Sistema Penal Acusatorio de corte garantista. 

Según la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), la impunidad en el castigo a los delitos alcanza en México la asombrosa “cifra negra” del 99 por ciento, colocándonos en el segundo lugar entre los países objeto del estudio. Los delitos no se denuncian por temor, pérdida de tiempo y desconfianza en las autoridades, además de la nula eficiencia de los aparatos de impartición y procuración de justicia.

Tal parece que las autoridades no están dispuestas a dar un giro radical en las estrategias de seguridad, porque hay muchos intereses de por medio.
EL CASO BAJA CALIFORNIA

En Baja California, como en otros estados de la República, se ha ensayado la militarización, la mano dura, la “depuración policial” (criminalizando y torturando a policías), la designación de empresarios al frente de los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública, la contratación de CAPEA (organismo privado estadunidense encargado de evaluar y supervisar estándares en materia de seguridad), la capacitación de los agentes y, para entregar “buenas cuentas”, la fabricación de delincuentes mediante la práctica de la detención arbitraria y la tortura para alimentar las estadísticas de efectividad. 

Siguiendo los acuerdos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para combatir a la delincuencia común y la delincuencia organizada, se han instalado los C-3 (“Centro de Evaluación y Control de Confianza”) para acreditar al personal de seguridad pública estatal y municipal, los C-4 (Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo) y, ahora, a éstos se les agrega la “calidad” y la “inteligencia” policial para convertirlos en C-5i.

El C-5i de Baja California, denominado Sistema Integral de Enlace y Monitoreo, a instalarse en Tijuana por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en un principio se planteó como una Asociación Público-privada (APP), mediante una inversión de $560 millones de pesos a pagar por los contribuyentes a 22 años. 

Al darse cuenta el gobierno que la aprobación por el Congreso local en diciembre de 2016 contenía omisiones que podrían traer graves consecuencias legales, al igual que los otros proyectos aprobados bajo la figura de APP’s en esas fechas, como las desalinizadoras, optaron por solicitar de nuevo su aprobación por el Congreso cambiando el proyecto C-5i, de una APP, a un Contrato Plurianual con la empresa Seguritech Privada, (vinculada a Arturo Peña del Mazo, familiar de Enrique Peña Nieto y del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, así como a David Korenfeld, ex Director de Conagua y también protegido de EPN), una de las mayores proveedoras de tecnologías para el servicio de video vigilancia urbana, empresa convertida en un monopolio de los sistemas de seguridad pública en al menos 20 entidades del país.

El modelo para el C-5i de Baja California fue tomado del “Programa Escudo” de Guanajuato, que ha sufrido un serio revés al no abatir los índices de inseguridad y de criminalidad en la ciudad de León, al contrario, los delitos han aumentado según la página “Semáforo Delictivo”, a pesar del costoso C-5i. 

El Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, el empresario Juan Manuel Hernández Niebla ha manifestado su rechazo al C-5i porque, según él, el proyecto “no va acompañado por el número necesario de policías, de equipo, de coordinación y de protocolos…”

Por si fuera poco, la Federación de Centros Empresariales de Baja California, filial de la Coparmex, ha manifestado su rechazo al C-5i, llamando al Congreso de BC a no endeudar más al estado y a no crear un “elefante blanco" sin la debida capacitación a las corporaciones policiales, además de demandar transparencia al gobernador Kiko Vega en la licitación del proyecto. Los empresarios locales, antes aliados de Kiko, no fueron tomados en cuenta en el negocio.

En resumen, los gobernantes no están dispuestos a dar un “golpe de timón” en materia de seguridad, a adoptar el modelo de Seguridad Ciudadana, a desmilitarizar la Seguridad Pública, a implementar el Servicio Policial de Carrera y una profunda Reforma Policial Democrática que incluya el respeto a los derechos humanos de los policías y la ciudadanía.

No hay lucha, pues, las cosas seguirán igual o peor.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.