En memoria de los Mártires de Tlatelolco

Por: Raúl Ramírez Baena

Tras las magnas manifestaciones de enero pasado en la capital de Baja California, en protesta contra del gasolinazo y la Ley Estatal de Agua, surgió el movimiento ciudadano Mexicali Resiste y, después, Comunidad Baja California Resiste. 

Ambos, desarrollan su activismo ejerciendo su legítimo derecho a la desobediencia civil pacífica, bloqueando primero los edificios de la Casa Municipal, del gobierno del estado y del Congreso local y, después, instalando plantones en las afueras de esos inmuebles.

La protesta se agudizó al descubrir que los legisladores votaron a finales del año pasado el Decreto 57, que consiste en la ejecución de proyectos de infraestructura en servicios públicos relacionados con agua potable, salud y seguridad pública, todos, bajo la figura de Asociaciones Público-privadas (APP), al amparo de la Ley Estatal en la materia.

El costo de esos proyectos, que ya arrancó su construcción, implica un endeudamiento de las finanzas públicas estatales por más de $82 mil millones de pesos, a pagar por los bajacalifornianos a plazos que van entre 10 y 37 años, a grupos empresariales favorecidos por el gobierno estatal, siendo el más importante y costoso el de la Desalinizadora de Rosarito.

Para sorpresa, se descubrió que la aprobación por el Congreso de estos proyectos a finales de 2016, se hizo sin tomar en consideración preceptos legales de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que obligó al Gobernador Kiko Vega a presentar de nueva una iniciativa para que, ahora sí, se aprueben los proyectos de APP conforme a derecho, de lo contrario, perderán validez legal.

Ante ello, los movimientos de protesta se revitalizaron y el 28 de septiembre se presentan en la sesión del Congreso para impedir que los legisladores sesionen y aprueben los dictámenes relacionados con los proyectos de APP.

Esa misma tarde, los colectivos deciden bloquear de nuevo el edificio del Congreso, sintiéndose engañados por el Presidente del Congreso, Dip. Edgar Benjamín Gómez, que antes había entregado a los manifestantes un documento oficial conteniendo el orden del día de la sesión, donde no aparecían los cuestionados dictámenes 94 y 95. 

El ambiente se respiraba tenso por la presencia de provocadores y burócratas del sindicato oficial en el Salón de Sesiones, que fueron llevados ahí para contrarrestar a los activistas. Ello hizo crecer la incertidumbre sobre si todo era una maniobra oficial para dar un albazo y aprobar, finalmente, la iniciativa relativa a los costosos proyectos.

La intención de los activistas al tomar el Congreso consistía no sólo en evitar que sesionaran los diputados y aprobaran los dictámenes aludidos, sino también que el Gobernador entregara su Informe de Gobierno, que llevaba 2 meses de retraso.

Finalmente, la madrugada del 1 de octubre, ante la denuncia penal presentada por el Presidente del Congreso local, la fuerza pública desalojó sin orden judicial a los manifestantes, en un operativo que no pasó a mayores, sin detenidos por ahora; el Informe del Gobernador fue entregado oficialmente y la policía estatal se mantiene custodiando el inmueble en espera de que en cualquier momento los legisladores sesionen y aprueben los dictámenes 94 y 95, oficializando así el enorme endeudamiento público estatal en favor de las empresas privadas beneficiadas.

Otras reacciones

En marzo de 2017, el colectivo ciudadano Mexicali Consciente entregó oficialmente al Congreso del Estado una Iniciativa Ciudadana para abrogar la Ley Estatal de Asociaciones Público-privadas. A la fecha, el Congreso han evadido entrar en materia.

El 29 de septiembre, los siempre aliados de Kiko Vega le asestan un golpe político al publicar un desplegado firmado por la Federación de Centros Empresariales de Baja California, adscritos a la Coparmex, lamentando la falta de transparencia en la licitación del proyecto APP relativo a la instalación de tecnología en el C-5 de Tijuana, según, para ofrecer mejorar seguridad.

El 1 de octubre, el Presidente del Congreso local publica un comunicado: “A favor de la Legalidad y la Libertad de Expresión”, invocando un clima de paz social e informando de la presentación de una denuncia penal por “la intolerancia y los excesos de quienes en forma equivocada pretenden imponer criterios que no corresponden a lograr un clima de concordia institucional”, acreditando “fehacientemente la comisión de conductas ilegales que deben ser sancionados conforme a la ley y estaremos pendientes al desarrollo de las mismas”. 

Sin embargo, el diputado no menciona en el comunicado los motivos de la protesta social, que consisten en eliminar los Dictámenes 94 y 95 y la Ley Estatal de APP, entre otras demandas, por ser contrarias al interés general. El comunicado no fue firmado por los diputados de las fracciones de Morena, PES y Partido de Baja California, además de que se dividió la fracción del PRI en torno a la aprobación o no del elevado endeudamiento estatal.

Finalmente, el Gobernador Kiko Vega, sin autocrítica de por medio, ofreció una entrevista de prensa manifestando sobre las protestas: “Es un grupo que se opone a todo y no propone nada, creo yo que ahí claramente nos deja ver que la intensión propia no es construir, no permitir que avancemos como Estado y obviamente como bajacalifornianos”, que “el diálogo siempre está abierto, lo único que queremos es que los diálogos se den con orden y con el respeto que todos en Baja California se merecen”.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.