Por Raúl Ramírez Baena*

En memoria del Presidente Salvador Allende

La semana pasada la clase política, los medios de comunicación y la opinión pública de Baja California se sacudieron por una conversación privada sostenida hace algunos meses entre el actual Director de Comunicación del gobierno de Baja California, Raúl Reynoso Nuño (quien cumplió la misma función en el gobierno de Rafael Moreno Valle, en Puebla; antes, fue Director de Comunicación Social de la STPS y Secretario de Comunicación del CEN del PAN) y el conductor del programa matutino de televisión “Sopas”, de Canal 66 en Mexicali, Heriberto Norzagaray.

Reynoso Nuño decidió compartir en su cuenta de Facebook dicha conversación, ante graves diferencias que mantenía con el comunicador sobre el pago de publicidad para el programa televisivo, diferencias que ya se habían ventilado al aire, no aclaradas.

No es la intención en este espacio sancionar a ninguno de los protagonistas de este penoso incidente, que el lector puede consultar y juzgar en la página https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AS-IQ-AtGb4. A nuestro parecer, lo verdaderamente importante y lo que evidencia el affaire Reynoso-Norzagaray, es la necesidad de establecer reglas claras y transparentes en las políticas de asignación de recursos públicos de las áreas de comunicación social de todas las dependencias federales, estatales y municipales, a las empresas de comunicación y a los periodistas. Además, descubrir si se ejercen partidas secretas para estos fines, en el marco de la hasta ahora perdida batalla contra la corrupción. 

Como la ciudadanía desconfía cada vez más de los políticos y los partidos, los gobiernos creen necesario invertir cada año mayores sumas de dinero en comunicación social, aprobando las legislaturas presupuestos desorbitantes para este rubro, en lugar de invertir en infraestructura, en el campo, en áreas estratégicas de bienes y servicios públicos como salud, educación y vivienda o para el eficaz combate a la pobreza. Lo anterior puede explicar, por ejemplo, que, en 4 años de gobierno del régimen de Peña Nieto, se haya gastado en publicidad la friolera de ¡37 mil millones de pesos!

A pesar de lo anterior, la mayoría de los periodistas sobreviven en condiciones precarias, sin ejercer sus derechos laborales en las empresas donde trabajan, sin gozar de las prestaciones de ley y de seguridad social. Muchos trabajan por un salario insuficiente o se ven obligados a vivir de las pobres comisiones que cobran por la publicidad conseguida por ellos mismos para los medios en los que trabajan.

El depender de los presupuestos oficiales para publicidad crea una forma de censura o de autocensura de los medios y periodistas; a valores entendidos, es recibir publicidad oficial a cambio de no golpear a los políticos, lo que sin duda constituye una de las peores formas de acotar la libertad de expresión y, en consecuencia, el derecho a la información. 

El periodista de investigación, crítico, objetivo e independiente, difícilmente recibe publicidad porque suele hacer señalamientos incómodos para el poder. Por eso, la tarea de las áreas de comunicación social consiste, a través de la asignación de publicidad, en controlar a los medios y periodistas para que no golpeen mediáticamente a sus jefes. Ya lo decía cínicamente en su tiempo el entonces Presidente José López Portillo: “no pago porque me peguen”, a pesar de que los recursos no salían de su bolsillo, sino de los contribuyentes; o para desvirtuar a los enemigos del régimen, lo que se evidencia en la referida conversación Reynoso-Norzagaray. 

La frustrada Ley de Transparencia en la Publicidad Institucional de Baja California

En marzo de 2015, representantes de organizaciones locales de periodistas y organizaciones gremiales como la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), la ONG Artículo 19-México y el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, entregaron al Congreso local más de 600 firmas para apoyar una iniciativa ciudadana tendiente a crear la Ley General de Transparencia en la Publicidad Institucional para el Estado de Baja California, apoyada por diputados locales de diversos partidos.

Para el Instituto de Estudios Legislativos de la pasada Legislatura de Baja California, que promovió la iniciativa, ésta planteaba mayor transparencia en el gasto destinado a la comunicación social, fomentaba la participación de todos los medios en la asignación y contratación de la publicidad de los poderes públicos, bajo reglas claras y condiciones de igualdad. Incluía la creación de un Consejo Ciudadano de Publicidad Institucional y creaba un mecanismo que respetara el principio de máxima difusión. A quienes violaran las disposiciones de la ley se le aplicarían las sanciones contenidas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La ley fue observada por el gobierno estatal, por tanto, no entró en vigor. El argumento fue que el estado carece de competencias para regular la materia, toda vez que es exclusiva del Congreso de la Unión. Esto, a pesar de que el artículo 134 de la Constitución Federal establece la obligación de los congresos, tanto federal como estatales, para regular la materia de comunicación social:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.