La ciudad está envuelta en uno de los peores años de su historia en términos de violencia. En entregas anteriores, apuntamos que las protestas en Venezuela ni  por mucho alcanzaban la cantidad de asesinatos que se registraban en esta ciudad. Todos los días se registran tres o cuatro personas que han sido ultimadas. Unos por las colonias del Este, otras en el Oeste, algunos encobijados en la zona río, algunas más en las cercanías de Rosarito. Donde se busque, se encuentra una cantidad de asesinatos que rebasa la capacidad de dar seguimiento a los casos.

Los asaltos a las tiendas de autoservicio son cosas de todos los días. No hace falta trabajar en el ministerio público para enterarse por comentarios que en tal lugar robaron, con armas blancas o pistolas, un establecimiento comercial. En días pasados, un conocido restaurante de la zona río fue asaltado y los comensales debieron entregar a los ladrones  sus pertenencias. 

Los organismos públicos  de toda índole han manifestado su opinión en cuanto a la actuación de las autoridades de todos los niveles de gobierno. La palabra fracaso es la única que sintetiza los comentarios y las pláticas de todo tipo. No es necesario realizar grandes discusiones para analizar lo evidente: las calles infestadas de armas y personas dispuestas a matar por unos cuantos pesos. 

Para una ciudad con la actividad turística como la nuestra, el tema  se vuelve necesariamente internacional.  La referencia a la ciudad con los mensajes de la violencia, marcan el derrotero de fines de semana en que personas tendrán empleo o se quedaran en su casa por falta de actividad. Este fin de semana, cuando se celebra el labor day en Estados Unidos, será un indicador de su impacto en la economía. 

La paradoja de ello es que algunos de los visitantes, lo hacen precisamente en busca de aquellos productos que generan gran parte de la violencia: las drogas. No deja de ser una condición de  frontera en la que vivimos: vienen a ambientes en que pueden realizar con mayor libertad lo que es más difícil realizar en su país. No afirmamos que todos, no siquiera que la mayoría, solo que no podemos cerrar los ojos a que algunos sí lo realicen de esa manera. 

Una de las cifras que más se discuten en cuanta gente muere para que alguien utilice drogas. Los cálculos sobre la cocaína son devastadores: siete. Por cada vez que una persona decide usar un gramo, siete personas fallecieron, la mayoría como parte de la producción y la distribución. Es una cadena de sangre que por desgracia, cobra víctimas inocentes con frecuencia. 

Actualmente, en el marco de la compleja relación del Acuerdo de Libro Comercio con Canadá y Estados Unidos, el tema llega hasta el complejo mundo del tweet de Trump. Una especie de resumidero de todos los males de la humanidad al alcance de alguien que siempre busca a quien culpar de lo que sea. Eso incluye su incapacidad para llegar a acuerdos con los organismos que supuestamente están para apoyarlo. 

Pero el tema es cierto.  No hay nada de extraño en que se acuse de las pésimas condiciones a una ciudad que está envuelta en un baño de sangre: más de mil asesinatos en menos de un año. Bajo cualquier  tipo de observación es una barbaridad. Así, no hay autoridad que tenga discurso para mantener su legitimidad. El problema es serio,  con raíces muy profundas y con efectos de largo plazo. Nos habla de un pacto social que está en crisis, con falta de Estado que enfrente una  situación apremiante. 

Si la palabra ciudad tiene vínculo directo con civilidad, es decir, con formas de convivencia en el espacio público, nos resulta claro que se ha quebrantado la civilidad.  Esa ruptura no es un asunto menor, son las reglas básicas para vivir en una sociedad relativamente organizada.  Si se mantiene estas cifras como constante, ¿dónde quedo la ciudad? ¿Dónde el poder público? ¿Para qué sirve el proceso de formación de instituciones? 

Lo que está en juego  es lo más importante que tenemos.