Por Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 28 AGOSTO 2017.- A iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), el 30 de agosto de cada año se conmemora el “Día Internacional del Detenido-Desaparecido”, instaurado por la ONU en el año 2010.

Para los familiares de las personas desaparecidas no hay sufrimiento más grande, incluso por encima de la muerte de un ser querido, que desconocer el paradero del familiar cercano; saber si comió, si está bien de salud, si tomó sus medicinas. Es un sufrimiento extremo, permanente, que abriga la esperanza de que aparecerá con vida, que provoca grave crisis económica y familiar y daño a la salud física y psicológica.

Mientras los familiares no conozcan la suerte del ser querido, sobre todo las madres, el alma no descansa, prendida de la esperanza diaria por noticias. Mientras se ignore su paradero no se puede dar vuelta a la hoja, no se puede terminar de llorar y concluir el duelo como se hace con el familiar fallecido.

Se reconocen dos tipos de desaparecidos: aquellas cuya responsabilidad corre por cuenta de particulares y en la que se involucra a autoridades. 

A este segundo tipo se le conoce como “desaparición forzada de personas”, y se define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la acción de la ley.”

En el contexto del Derecho Internacional de Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas es un delito continuo y permanente que no prescribe mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida. Es también una forma de violación grave a los derechos humanos en virtud de que se trata de una violación múltiple y compleja de derechos.

Por lo anterior, las Naciones Unidas exhortan a los Estados a “eliminar todos los obstáculos” para ayudar a las investigaciones sobre la suerte de las personas desaparecidas. La búsqueda y, en muchos casos, la debida identificación de restos descubiertos, es el pedido más urgente de los familiares, que se enfrentan a obstáculos injustificados en su búsqueda, debido a la falta de voluntad política o porque las investigaciones son insuficientes, deficientes e inadecuadas.

Es por ello que la ONU insta a los Estados a garantizar que los familiares, sus representantes y las personas con un interés legítimo en saber lo que ocurrió, tengan total e inmediato acceso a los mecanismos nacionales, regionales e internacionales encaminados a establecer la verdad sobre las desapariciones. Esto no sólo significa la eliminación de obstáculos para el acceso a estos mecanismos, sino también promover activamente y facilitar su utilización. También es esencial expandir el uso de los avances y experiencias forenses y las pruebas de ADN, y hacer una utilización apropiada de todas las herramientas tecnológicas y científicas disponibles.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es clara: las familias y los amigos de una persona desaparecida son también víctimas, beneficiarias de la legislación en materia de Derecho Victimal, y tienen el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación y, fundamentalmente, el destino de la persona desaparecida.

Fosilandia

Durante el presente año los focos rojos se han encendido en la comunidad internacional por los casos registrados en México. La ONU ha contabilizado 30 mil personas desaparecidas en nuestro país en los dos últimos sexenios, sin contar los miles de casos que no son denunciados y que no se conocen por autoridades, organismos de derechos humanos o colectivos de familiares.

El caso más emblemático es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el próximo 26 de septiembre cumplen ya tres años desaparecidos. A pesar de ser un caso de alto impacto, éste se mantiene en la más absoluta impunidad al evadir la autoridad federal y estatal de Guerrero su responsabilidad y atenerse a “la verdad oficial”, a pesar de las graves contradicciones en la investigación encontradas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH. De ahí el justo reclamo de los padres de familia, al igual que las fuertes protestas de colectivos de familiares de personas desaparecidas en los estados de Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California y prácticamente en todas las regiones del país. 

Es impresionante el número de fosas clandestinas que se han encontrado por iniciativa y presión de los colectivos de familiares, más que como resultado de las investigaciones ministeriales. El pasado 14 de marzo, el fiscal de Veracruz confirmó que en el predio Colinas de Santa Fe se encontraron 250 cráneos humanos, considerando que podría ser una de "las fosas más grandes del mundo". Defensores y académicos documentaron entre los años 2007 al 2016 el hallazgo de 1,075 fosas con más de 2 mil cuerpos. 

Por lo pronto, la ONU ha urgido al Congreso mexicano que apruebe ya la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de cuyos alcances hablaremos en otra colaboración.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.