Por Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 31 JULIO 2017.- Las pasadas elecciones en Coahuila y el Estado de México, además de las elecciones en Nayarit y Veracruz, se han convertido en un presagio del conflicto electoral que nos espera para el 2018, la madre de todas las elecciones. 

Según datos proporcionados por el INE, incluida la presidencial, se elegirán 629 cargos en 13 elecciones federales y 2 mil 697 en 30 elecciones locales; es decir 3 mil 326 cargos de elección popular y en siete entidades se permitirá el voto de los mexicanos que viven en el extranjero, se instalarán 156 mil casillas atendidas por un millón 400 mil mexicanos como funcionarios electorales y se imprimirán 520 millones de boletas. Como nunca en la historia del país.

Estos datos son al margen de las precampañas que los precandidatos desarrollaran para ganar la postulación de sus respectivos partidos y que, al igual que las campañas y la jornada electoral, deben ser estrictamente vigiladas y fiscalizadas por la autoridad electoral para que cumplan con la normatividad correspondiente.

La gran duda que invade a los mexicanos es si el INE y los organismos públicos locales electorales (OPLES) en las entidades donde habrá elecciones locales, estarán a la altura del reto que nos espera.

La duda se siembra porque Coahuila y el Estado de México representan hoy el cúmulo de irregularidades y vicios que acarrea el sistema electoral mexicano, caro, obsoleto y complicado; un elefante blanco que recluta a cientos de miles de ciudadanos para organizar y vigilar elecciones con un bajo nivel de confianza y credibilidad ciudadana en su desarrollo y en los resultados obtenidos.

En México se han aprobado innumerables reformas constitucionales destinadas a perfeccionar el sistema electoral, garantizar la autonomía, independencia y ciudadanización de los órganos electorales, así como la pluralidad en los cargos de representación popular. 

Se perfeccionaron las reglas del juego desde las precampañas, tanto en la fiscalización de los gastos como en la regulación en el uso de la propaganda electoral en prensa, radio y televisión, a cargo ya no de los candidatos y partidos, sino del órgano electoral.

La última reforma en 2014 que dio paso a la creación del Instituto Nacional Electoral en lugar del Instituto Federal Electoral, creo expectativas sobre la conformación de un solo órgano electoral nacional que se hiciera cargo de todas las elecciones federales y locales, para despojar a los gobernadores y a los partidos de sus cotos de poder a través de la imposición de sus allegados en los institutos electorales locales y en los puestos de representación popular. Además, el gran ahorro que representaría para las finanzas públicas la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales.

Sin embargo, lo que pudo haber sido un gran avance en la legislación y democracia electoral, sucumbió ante el peso del “presidencialismo” y de la partidocracia, y la gran reforma, el cambio esperado, se frustró.

Hoy en día, los OPLES, más que un alivio a la federación y a los estados en la organización, calificación y fiscalización electoral, representan un conflicto por sus diferencias internas y una pesada carga política y económica, cuyos consejeros integrantes son electos por el Consejo General del INE mediante fuertes presiones y acuerdos bajo la mesa y las consabidas cuotas de poder repartidas entre los partidos hegemónicos y los gobernadores, para asegurar la permanencia de los grupos en el poder.

Y ahora que está de moda lo concerniente al sistema nacional anticorrupción, me sumo a la opinión del Dr. Edgardo Buscaglia, profundo estudioso y crítico de las redes de complicidad entre gobernantes y el crimen organizado, que integran las mafias que controlan la política y la economía mundial.

El Dr. Buscaglia sostiene que, en México, de no legislar para incorporar al aparato electoral en el sistema anticorrupción, no se podrá evitar que se sigan eligiendo a personas sin escrúpulos, con negro pasado político, con vínculos mafiosos o con tendencia a ello; que sigan proviniendo de los grupos que se disputan el poder para medrar las finanzas y los recursos de la nación y para hacer negocios a través del inmoral endeudamiento público, entregando lo que resta de nuestra soberanía a costa de mantener a la población en preocupantes niveles de pobreza y en los más altos índices de inseguridad. 

Ello explica el por qué la mezcla de políticos corruptos con un sistema abierto de economía de mercado, hace inútil cualquier intento anticorrupción, evitar el enriquecimiento inexplicable de los políticos a la vez que controlar el trasiego de la droga, convertida en una mercancía más sujeta a las reglas de la oferta y la demanda, no a la ley, con sus graves secuelas para la población. Al fin, daños colaterales. 

Querámoslo o no, las pasadas elecciones en Coahuila y en el Estado de México representan lo peor de la política y descubren el millonario mecanismo ilegal de control electoral, a pesar de la fiscalización tanto de los gastos de campaña como de los delitos electorales. Esas elecciones representan también el poder del poder y la negociación bajo la mesa de cotos en pugna entre las más importantes fuerzas partidistas y económicas del país, a costa de burlar la ley y la voluntad de los mexicanos.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.