Por Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 10 JULIO 2017.- Gran sorpresa causó a los mexicalenses la semana pasada el traslado por carretera de grandes contenedores para los tanques que almacenarán, en una primera etapa, entre 7 y 9 millones cúbicos de agua para la producción de la planta cervecera Constellation Brand.

Los integrantes del grupo Mexicali Resiste se movilizaron de inmediato y, ejerciendo su legítimo derecho constitucional a la desobediencia civil pacífica, se apostaron a la entrada de la trasnacional en el ejido El Choropo, a un costado de la carretera Mexicali-San Felipe, para impedir la entrada de los tanques a la planta en construcción. Protesta previsible para las autoridades, que mantienen una férrea vigilancia sobre los activistas mediante la fuerza pública.

Contra viento y marea y a pesar de la franca oposición de amplios sectores de la sociedad mexicalense, las autoridades federales, estatales de Baja California y municipales de Mexicali, autorizaron la operación de la empresa trasnacional cervecera (que produce las marcas del Grupo Modelo), mediante el uso intensivo de agua potable que se extraerá de los sobreexplotados pozos locales y de las cuotas que corresponden a México del agua proveniente del Río Colorado. 

Sabedores de que el agua es un recurso renovable si se utiliza razonablemente, de lo contrario no lo es, la ciudadanía observa con natural desconfianza el apoyo incondicional que el gobierno ofrece a la trasnacional cervecera, sospechando de arreglos e intereses ocultos en la autorización fast track del proyecto. 

El principio es que el agua es un derecho humano universal e inalienable, no una mercancía. Por ello, el tema es muy sensible y no se puede tomar a la ligera. Esto es muy delicado y lo deben entender las autoridades.

La controversia se explica por la falta de transparencia y de consulta a la ciudadanía para la instalación de una fábrica de esa naturaleza, incluso sobre el manifiesto de impacto ambiental, porque para su operación requiere de enormes volúmenes de agua potable.

El efecto corruptor para la operación de la planta cervecera ha sido, entre otros, que ejidatarios del Valle de Mexicali, atraídos por el billete verde, han vendido sus “derechos” del agua extraída de los pozos y de los canales, que siempre se ha destinado a la producción agrícola.

La trama de este asunto tiene que ver también con la instalación de dos plantas desalinizadoras en Rosarito y San Quintín, cuya multimillonaria inversión privada, que tenemos que cubrir los pobladores de Baja California durante 35 años para asegurar el pago a los inversionistas, acción irregular decidida por el Ejecutivo y el Legislativo locales, irremediablemente privatiza el vital líquido y justifica el uso intensivo de agua de los pozos del Valle de Mexicali y del Río Colorado para la Constellation. 

Lo anterior, en lugar de construir acueductos de agua proveniente del Río Colorado o presas que aseguren la dotación a Ensenada y a San Quintin, que es mucho más barato que el gran negocio que representan las desalinizadoras. Además, agua producida por la desalinizadora de Rosarito se exportará a California, comercializándola a costa de nuestros impuestos. 

Las desalinizadoras, que además son altamente contaminante del mar, supuestamente alimentará también a Ensenada, con lo que espera la autoridad no haya problemas para entregar agua de Mexicali a la Constellation.

Autoridades y dirigentes de la empresa trasnacional destacan las ventajas por la derrama económica en la región con la inversión de $1,500 millones de dólares en un plazo de 4 a 5 años, para que la planta opere a su máxima capacidad. 

Sin embargo, como es común en inversiones de trasnacionales en países como México, el atractivo, a diferencia de los países altamente industrializados, son los bajos salarios a los trabajadores, que es una de las principales ofertas de los gobernantes mexicanos a los inversionistas extranjeros. A diferencia de la producción agrícola del Valle de Mexicali, las ganancias de las trasnacionales no se quedan en México.

¿Por qué se instalan trasnacionales en territorio mexicano? Es evidente que se debe a las ventajas para esas empresas por la mano de obra barata, los servicios públicos asegurados, la exenciones y estímulos fiscales y el aprovechamiento de recursos naturales como el agua. A pesar del doble discurso populista de Trump, empresas como Constellation Brand y Sempra se instalan en la frontera mexicana porque en los EUA no cumplen con los estándares en materia ambiental y la mano de obra resulta ser más cara.

Las autoridades mexicanas destacan los beneficios de la inversión extranjera en la creación de fuentes de trabajo, que indudablemente provocan un impacto en la economía regional. Pero no reconocen que el trabajo en serie enajena a la clase trabajadora y la obliga a realizar trabajos de baja calidad, ajenos a sus habilidades y vocaciones, elaborando productos que quedan fuera de su capacidad para adquirir o de su necesidad para consumir. Además, la cerveza que producirá la Constellation en Mexicali se irá al mercado estadounidense. Dicho de otra manera, el desarrollo regional no se finca en la producción de las empresas trasnacionales ni es condición para el crecimiento y desarrollo económico y para las necesidades de la población.

¿No sería más importante para el desarrollo regional invertir para la soberanía alimentaria, en lugar de incentivar la inversión –y las ganancias- de las trasnacionales en productos superfluos, a costa de nuestros recursos y de la explotación de los trabajadores mexicanos?

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.