Por Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 26 JUNIO 2017.- Un nuevo escándalo le estalló a Peña Nieto al publicar el diario The New York Times el 19 de junio pasado, una investigación periodística que da cuenta del sofisticado espionaje del gobierno mexicano a dispositivos móviles y páginas web de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, de principios de 2015 a mediados de 2016.

“Los ciberataques denotan las luchas internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos”, escribió en primera plana The New York Times.

Lo destacable para el análisis no son en sí mismo las acciones de espionaje que, sin dejar de lado su ilegalidad y extrema gravedad dado que las comunicaciones privadas en México como en la mayoría de los países sólo pueden ser escuchadas y vigiladas mediante orden judicial, de una u otra forma, los gobiernos realizan labores de espionaje en contra de otras naciones, de opositores políticos, de defensores de derechos humanos y de periodistas críticos e independientes.

Partimos del hecho de que el gobierno de Peña Nieto no ha negado que el espionaje dado a la luz por el diario neoyorkino sea el desarrollado con la tecnología israelí llamada “Pegasus”, del NSO Group, que no deja rastros entre los espiados, adquirida para tres dependencias mexicanas: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

La herramienta se vende de forma exclusiva a los gobiernos condicionada a combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo, siendo poco probable que cibernautas hayan adquirido ilegalmente la tecnología o que hayan tenido acceso al costoso software.

Por todo lo anterior y ante estos hechos dados a la luz pública, que violan la privacidad de las personas espiadas, llaman la atención las declaraciones de Peña Nieto realizadas recientemente sobre el asunto:

1.            “Yo mismo como Presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que digo telefónicamente. No faltará que alguien, o alguna vez, exhiban una conversación mía”;

2.            “Ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”;

3.            “Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”;

De los dichos de Peña Nieto aquí reproducidos, podemos concluir:

1.            Que preocupante es que el representante del Estado Mexicano sospeche de haber sido espiado, que diga haber recibido mensajes de fuente u origen desconocido y que tenga que ser cuidadoso en lo que dice. Esto significa que es muy cuestionable la capacidad de inteligencia e investigación de su equipo en la Presidencia, el Estado Mayor Presidencial, la PGR y el Cisen. ¡Que los corra a todos! Algo así como que cualquiera puede llamar al Presidente. Si su privacidad está en riesgo, ¿qué seguridad puede dar entonces a los mexicanos de no ser espiados?

2.            Peña Nieto supone que el espionaje clandestino e ilegal no provoca afectación alguna a las víctimas de espionaje. ¿Y el daño moral? ¿Y el riesgo a la integridad física?

3.            Peña Nieto se equivoca rotundamente al afirmar que los activistas y periodistas espiados han levantado “falsos señalamientos”. Los descalifica de entrada y se erige, ya, en juzgador.

4.            ¿Qué garantía puede dar Peña Nieto a la población de no ser espiada si deja a la PGR la investigación sobre estos hechos, siendo ésta juez y parte en estos asuntos? Quien debe dirigir la investigación para deslindar responsabilidades es un grupo de expertos independientes, local e internacional, desvinculado del sector público.

5.            Y lo más grave: aunque después se deslindó de su dicho, al Presidente lo traicionó el subconsciente y de entrada deslizo una velada amenaza de “aplicar la ley” a los defensores y periodistas espiados, que se inconformaron con el gobierno federal por estos delicados hechos. Ahí descubrió su verdadera personalidad e intenciones.

Por lo pronto, la Cámara de Diputados ya requirió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitándole que adopte medidas cautelares en favor de las víctimas de espionaje.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Representación en México, condenó los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos, incluidos integrantes de sus familias, que presuntamente habrían sido perpetrados por dependencias de seguridad del gobierno federal.

La ONU recordó que existe un amplio número de medidas señaladas por distintos órganos internacionales como esenciales para evitar injerencias arbitrarias e intervenciones ilegales de comunicaciones, que incluyen controles internos, judiciales, parlamentarios y por parte del Ejecutivo.

La CNDH solicitó también medidas cautelares y condenó estas conductas “que buscan afectar la privacidad de las personas porque afecta su intimidad y sus derechos…”

Sobre este asunto, para Peña Nieto, la tormenta apenas comienza.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.