Por Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 5 JUNIO DE 2017.- El 1 de junio pasado, una delegación de Consejeros Políticos de la UNIÓN EUROPEA, provenientes de varios países del viejo continente, visitó Baja California para conocer in situ la situación de los DERECHOS HUMANOS en esta entidad.

Además de reunirse con autoridades estatales y municipales, los visitantes tuvieron un encuentro con representantes de organizaciones no gubernamentales de Baja California (ONG), entre quienes estuvieron:

-    Meritxell Calderón Vargas, de la Red Iberoamericana de Derechos Humanos;
-    Fidel Sánchez Gabriel y Bonifacio Martínez, del Sindicato Independiente Democrático de Jornaleros Agrícolas;
-    Soraya Vázquez Pesqueira, del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria de Tijuana;
-    Raúl Ramírez Baena y Daniel Solorio Ramírez de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), y
-    Fernando Ocegueda Flores y José Fernando Ortigoza de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California.

Los temas desarrollados por las ONG ante los Consejeros Políticos fueron:

1.    El incremento de la violencia de género, los feminicidios y la discriminación hacia la comunidad LGBTTI, a pesar de haber firmado un acuerdo las ONG y el gobierno estatal para prevenir la violencia de género; se destacó la imperiosa necesidad de que las autoridades estatales decreten la Alerta de Género en Baja California;
2.    La situación de los jornaleros agrícolas y sus familiares en los campos agrícolas privados de San Quintín, que continúa en condiciones de alta marginación social y de explotación laboral, a pesar de los compromisos contraídos por autoridades de los tres ordenes de gobierno a partir de las protestas de 2015 y de la Recomendación 2/2017 de la CNDH;
3.    La necesidad de establecer una política de regularización migratoria y de residencia permanente en favor de la comunidad haitiana en Baja California, para garantizar sus derechos humanos; la necesidad de atención integral y protección a migrantes centroamericanos y la omisión en la atención integral a las familias desplazadas de su lugar de origen en México que huyen de la violencia, sector invisibilizado para las autoridades mexicanas.
4.    Se trató el tema sobre la seguridad pública, el proceso de militarización y la preocupación de la exigencia del sector empresarial para que el Gobernador Francisco Vega apoye la inciativa de Ley de Seguridad Interior. Ante la creciente ola de crimenes en la región, se observa la carencia de políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos, mediante la adopción de otros modelos alternativos como la Seguridad Ciudadana, en lugar de la política punitiva, de mano dura y de militarización, propensa a las violaciones a los derechos civiles;
5.    La falta de políticas locales que prevengan, investiguen y sancionen la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que provoca impunidad, motivo por el cual la Policía Estatal Preventiva continúa con esta práctica ilegal, así como el hecho de que en toda la historia de Baja California sólo un caso de tortura ha sido consignado por el MP del fuero común a la justicia; se hizo referencia a la comunicación que tres ONG (CCDH, CMDPDH y FIDH) presentaron en 2014 a la Corte Penal Internacional de La Haya, por 32 casos de tortura cometidos por militares en Baja California entre los años 2009 al 2012.
6.    Se manifestó también la preocupación sobre los procesos de privatización de los servicios públicos, que son derechos humanos, en particular el derecho al agua, mediante la Ley Estatal de Asociaciones Público-Privadas, favoreciendo por el gobierno de Baja California a empresas privadas creadas recientemente para estos fines, garantizándoles ingresos lucrativos mediante el endeudamiento de las finanzas públicas hasta por 37 años, lo que indudablemente redundará en la afectación a los sectores mayoritarios de la población.
7.    Se destacó la falta de políticas eficaces en torno a la desaparición y la desaparición forzada de personas en el estado de Baja California, de graves omisiones y escasas acciones por parte del Ministerio Público del fuero común para agilizar los procesos de investigación y búsqueda, y de cómo la falta de voluntad para tipificar los casos de personas desaparecidas, etiquetándolos mediante conceptos como personas ausentes o extraviadas, impide la aplicación inmediata y efectiva del Protocolo Homogenizado de Busqueda.

Indudablemente, los resultados de esta importante reunión sirvieron de insumos a los visitantes para las reuniones posteriores con las autoridades estatales y municipales, y la información proporcionada por las ONG de Baja California y de otras regiones del país, tendrá un peso específico en el informe que rendirán ante el organo central de la Unión Europea para afinar sus políticas de intercambio comercial, financiero y cultural con México.

No olvidemos que, en marzo del año 2000, a finales de la administracion de Ernesto Zedillo, México y la Unión Europea firmaron un Tratado de Libre Comercio. A diferencia de los Estados Unidos y de Canadá con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la Unión Europea impuso a México como condición para la firma del Tratado con México, la clásula de DEMOCRACIA y DERECHOS HUMANOS, a la cual Zedillo se resistía pero no lo pudo evitar. Sin duda, los europeos se toman más en serio estos asuntos.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos

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