Dr. Marco Antonio Samaniego López *

TIJUANA BC 21 ABRIL DE 2017.- La  buena noticia es que ya está en una prisión de Guatemala el actual símbolo de la corrupción, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. La mala es todos los que faltan, que parece ser una lista interminable de exgobernadores que resultan más corruptos que los años treinta y cuarenta, cuando los generales revolucionarios y sus secuaces  terminaban asesinados, huyendo del país, o  alimentando organizaciones políticas fuera del Partido de Estado. 

Es difícil determinar que era peor, si personajes como Gonzalo N. Santos, Tomas Garrido Canabal, los cinco lobitos (entre ellos Fidel Velázquez) o esta camada de gobernadores que por fallas institucionales durante sus respectivos mandatos se convierten en  reyes de sus provincias y terminan sus vidas en la persecución, la denostación y la vergüenza. 

En el caso de Tomas Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, debió pasar más de una década para que fuera capturado por sus acciones como mandatario estatal. Su periodo (1999-2005)  dejó una estela  de corrupción de tal significado que el gobierno de Estados Unidos lo denunció y persiguió por varios años. Hoy sabemos que  en la nómina estatal se mantuvo el salario de algunos de sus guardaespaldas. Esto implica una complicidad en los gobiernos posteriores que debiera ser motivo de especial atención. 

¿Cómo evitar que siga sucediendo? Los poderes en las entidades son una muestra de lo que una sociedad es en su relación con los ciudadanos. Es la manifestación de la presencia del Estado en espacios específicos. 

En México  con los recursos públicos se sostienen a los partidos políticos. Los salarios de los funcionarios de  las organizaciones, la papelería que utilizan, las campañas, los autos y las comidas que efectúan son con dinero de los impuestos. Luego, ya en el cargo, apoyados por diputados de sus bancadas, logran la aprobación de las cuentas públicas.  En la búsqueda de los apoyos locales, los diputados realizan pactos y acuerdos con sus sectores  y los gastos se realizan con la aprobación de diputados que por su aspiración de sostener sus carreras políticas permiten que los Duartes, Yarringtons y muchos  más,  sean descubiertos cuando ya los delitos fueron cometidos. Y las maletas, acuerdos y componendas estén negociados. 

Dicho de manera sencilla: sucede porque no existen contrapesos legítimos. No hay poder  legislativo con capacidad de detener la rapacidad. Por que quienes están en las cámaras buscan en un futuro imitar lo que el otro logró, con las mismas técnicas y las mismas clientelas construidas en los espacios de negociación que les permiten los recursos públicos. Financiar a las organizaciones políticas sólo lleva a  administraciones que en su estrecha visión duartista, se llevan todo lo que pueden en el menor tiempo posible. 

La respuesta está en el equilibrio real de poderes, no en la simulación. El camino está en que se formen partidos políticos, no en los partidos de Estado que tenemos, financiados con los recursos públicos y en espera de los votos que se traducen en mayores recursos.  Por ello, de seguir por el mismo camino, tendremos  nuevos gobernadores en la lista. Sin contrapesos efectivos, con personas que no estén  apoyados por los partidos de Estado.  Estas organizaciones tal como están no llevaran  al país  más que a repetir los casos con nombre distinto. Es un sistema que ya ha demostrado su infinita decadencia. Y en el corto plazo, con una lista por incrementarse. 

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.

* Marco Antonio Samaniego López.  Doctor en historia por el Colegio de México.