Dr. Marco Antonio Samaniego López *

TIJUANA BC 31 DE MARZO DE 2017.- Los eventos políticos de estos días están vinculados con el tema del abasto de agua y los conflictos para decidir el uso de esta así como la forma en que deben actual los organismos operadores de la misma. 

En semanas pasadas, explicamos brevemente  en este editorial, el caso del río Tijuana.  La precipitación pluvial, sumada a aguas negras, provocó manifestaciones contrarias a México y a la ciudad por habitantes de Imperial Beach. Las razones. Sin duda, son parcialmente válidas para entender la compleja relación. 

La razón de afirmar lo anterior es porque en  la década de 1960  y en la de 1970, quienes contaminaron el lado mexicano, de manera intencional y clara, fueron los Estados Unidos que afectaron tierras del valle de Mexicali. Comúnmente se le conoce como ¨La salinidad del río Colorado¨. Quien esto escribe  ha señalado en escritos de índole académica que  todos los ríos tienen salinidad, que es un concepto muy amplio. Consideramos que se debe tratar como las aguas de drenaje de Wellton-Mohawk, donde con toda mala fe, los ingenieros del Bureau of Reclamation,  adscrita al departamento del Interior tomaron la decisión de entregar agua de drenaje como su fuera parte de la asignación mexicana del río Colorado. 

Las discusiones se relacionaron con contextos políticos en ambos países, posibilidad de acudir a instancias jurídicas internacionales  y   finalmente,  la minuta 242, que  solucionó el problema. Se construyó un dren de Estados Unidos a México para desechar las aguas salitrosas al golfo de California y el efecto positivo fue  la constitución del humedal conocido como la Ciénega de Santa Clara, hoy considerado uno de los más importantes sitios Ramsar en América Latina. 

En un contexto como el actual, donde  las relaciones entre los dos países no viven sus mejores momentos,  un día antes de que Donald J. Trump  se hiciera cargo del ejecutivo en Estados Unidos, se firmó la minuta 322 en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, secciones mexicana y estadounidense. En ella se estipula que en los próximos años la ciudad de Tijuana recibirá agua, bajo la condición de entregas de emergencia, del sistema de la ciudad de San Diego, hasta el 2022. Los organismos operadores de California,  estuvieron de acuerdo en ello. Los costos de operación los paga la CESPT  y se aprovecha la condición de frontera. 

Esto no es nuevo. Se repite una condición en que se desarrolló esta ciudad durante prácticamente toda la década de 1970 y algunos momentos de la década de 1980. Sucedió nuevamente entre 2008 y 2013 y en estos días, a pesar del discurso que se ha generado,  se ha acordado trabajar en conjunto apoyados en una tradición que se tiene desde cuando menos cuarenta años. La primera minuta que se firmó fue la 240 el 13 de junio de 1972. 

Dado el entorno que ha generado el discurso de Trump y algunos de sus seguidores, estos eventos de coordinación pasan desapercibidos pero son de capital importancia. Explican procesos fronterizos de instituciones que son poco conocidas y que no se difunden suficientemente en los medios. 

Lo paradójico es que a pesar de esta colaboración se presenten casos como el de las aguas negras y discursos como el de habitantes de Imperial Beach, que mencionaban un supuesto ataque terrorista de índole ambiental.  En todo caso, los organismos operadores y la carencia de información, generan espacios de especulación que pueden ampliar diferencias en vez de generar espacios de certeza en la relación cotidiana es esta frontera. 

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.

* Marco Antonio Samaniego López.  Doctor en historia por el Colegio de México.