Por: Raúl Ramírez Baena*

La privatización de empresas públicas creó un nuevo orden económico 
en México…

Y generó que miembros del sector privado se hayan 

convertido en actores políticos relevantes de la vida pública.

Francisco Ibarra Palafox, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

TIJUANA BC 13 DE MARZO DE 2017 (AFN).- El grupo Mexicali Consciente, creado a raíz de la dinámica político-social que se desarrolla en esta ciudad y en apoyo a las demandas del movimiento “Mexicali Resiste”, nos dimos a la tarea de promover ante el Congreso de Baja California una Iniciativa Ciudadana para abrogar la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Baja California, entrada en vigor el 23 de agosto de 2014.

Cabe recordar que, a partir de las megamarchas de enero y febrero pasados, en franco rechazo popular al gasolinazo, a la Ley de Agua del Estado y posteriormente a la instalación de la cervecería Constellation Brands en el Valle de Mexicali, la movilización social que generó la conformación del movimiento “Mexicali Resiste” logró que el Ejecutivo Estatal presentara iniciativa de abrogación de la Ley de Agua, votada en el Congreso local por unanimidad. Recientemente, también a demanda de “Mexicali Resiste”, en votación unánime se eliminó por el Congreso el fuero constitucional a legisladores y funcionarios locales, a reserva de que la medida se ratifique, por lo menos, por 3 de los 5 ayuntamientos de la entidad. 
Estas medidas representan, sin duda, un triunfo para el movimiento social. Sin embargo, en mi opinión, son concesiones que hizo el aparato oficial sin que se afecte en esencia el modelo de desarrollo en la región y en el país: la Economía de Mercado, que conlleva un cambio de paradigma fundamental, como es la gradual desaparición del Estado Benefactor o Estado de Bienestar (modelo de desarrollo surgido tras la Segunda Guerra Mundial, adoptado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 para garantizar el acceso de la población mundial a los mínimos de bienestar social) para instalar en su lugar el modelo neoliberal (nuevo liberalismo económico).

En oposición al Estado Benefactor, las Asociaciones Público-Privadas (APP), hechas ley a la medida tanto a nivel federal como estatal, representan fielmente el traslado al sector privado de funciones públicas que corresponden al Estado, para obtener ganancias a costa de ello. Para justificar las acciones lucrativas, invariablemente, los funcionarios argumentan la falta de recursos oficiales para garantizar el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios públicos al conjunto de la población.

Uno de los problemas principales radica en que las operaciones basadas en el modelo de las APP se realizan sin mecanismos eficaces de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y participación ciudadana, compromisos adoptados por el gobierno mexicano en el marco del Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es un esfuerzo internacional como iniciativa multilateral de 63 países miembros, entre ellos México, que supuestamente trabajan en conjunto con la sociedad civil.

Progresivamente, las inversiones de las APP se orientan hacia infraestructura y servicios como educación, salud, seguridad pública y agua, considerados derechos humanos.  De esta manera, estamos ante un escenario de privatización de los derechos humanos, cuando éstos son obligación y responsabilidad única del Estado Mexicano, no del sector privado. 

En Mexicali, la gota que derramó el vaso de agua fue el descubrir por ejidatarios y pobladores del Valle de Mexicali, la construcción de un acueducto que, con parte de las cuotas pertenecientes a México, se alimentará con agua del Río Colorado para dotar del vital líquido a la población, pero también a la empresa cervecera trasnacional Constellation Brands. 
El acueducto se construye mediante el esquema APP, gracias a una ley estatal aprobada “en lo oscurito” por la legislatura pasada. Esas inversiones mixtas en infraestructura y servicios públicos se desarrollan en la opacidad, gracias también a una adición al artículo 100 de la Constitución Estatal el 17 de octubre de 2014, que pasó de noche, para darle un aparente sustento constitucional a las APP, que a la letra dice: 

“El Estado alentara y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico estatal, promoviendo la competitividad e implementando políticas para el desarrollo industrial y sustentable, mediante el establecimiento de las bases y requisitos de realización de proyectos bajo el esquema de asociaciones público privadas, mismas que se regirán exclusivamente por la ley de asociaciones público privadas que al efecto se emita, a fin de lograr el cumplimiento de los fines que sean competencia del estado y municipios.”

Por ello, urge abrogar la Ley de APP de Baja California para recuperar el desarrollo regional sin riesgo de corruptelas y lucro, y para fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho. 

Veremos entonces de qué está hecho el Congreso de Baja California; podremos descubrir qué fuerzas e intereses hay detrás de las privatizaciones y, si para abrogar la Ley de APP, las y los diputados locales votarán también por unanimidad.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste