Por Raúl Ramírez Baena*

“Cortar el presupuesta para que las cosas no funcionen,
la gente se moleste y usar eso como excusa 
para pasarlo a manos del capital privado”
Noam Chomsky

Tras las multitudinarias marchas-mítin realizadas semanas atrás en Mexicali y la continuación de las protestas organizadas en respuesta al gasolinazo y a la privatización del agua como demandas fundamentales, la capital del Estado de Baja California se ha colocado al frente del movimiento de cambio en el país.

El proceso social en Mexicali, radical como todos los que a lo largo de la historia de la humanidad han cambiado el statu quo, ha derivado en acciones de resistencia civil que obligaron al gobernador del Estado de Baja California, Francisco Kiko Vega, al presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez, al Congreso local y a autoridades federales de Gobernación, Semarnat y Conagua, entre otras, a sentarse en mesas de diálogo a escuchar y dar respuesta a una lista de demandas y señalamientos de corrupción.

El pasado 13 de febrero, el alcalde de Mexicali cometió el error de enviar a la policía municipal a detener a 13 activistas de entre las decenas de personas que bloqueaban la “Casa Municipal” (llamada así por el movimiento, en lugar de “Palacio Municipal”), detenidos que obtuvieron su libertad el mismo día, lo que reactivó las protestas y fortaleció políticamente al movimiento.

La desobediencia civil pacífica, como los bloqueos y las tomas de calles y edificios públicos y privados, violan leyes y derechos de terceros (son actos intencionales desobedientes de la ley). Es el último recurso que queda a los grupos sociales y colectivos a quienes las autoridades no resuelven sus justas demandas, que son más graves que las leyes que se violan con las protestas y con la afectación a derechos de terceros, demandas que tienen su origen en violaciones a derechos humanos desatendidas a lo largo del tiempo, o reprimidas, que se mantienen en la impunidad a pesar de haber agotado por los demandantes los recursos legales, administrativos y de diálogo para su resolución.

Los activistas de Mexicali y, en general, la población, ya invocan sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales; ya comienza a observarse una conciencia colectiva sobre lo que son y representan los derechos humanos, entre ellos la desobediencia civil pacífica, y ello contiene la tentación oficial de reprimir el movimiento por el descrédito en que pueden caer las autoridades y sus partidos, por aquello del costo electoral.

Movimiento antineoliberal

Lo más importante del “Mexicali Resiste” es que ha pasado a una fase superior de lucha en la que cuestiona ya el modelo económico de desarrollo, la Economía de Mercado, cuya tendencia es privatizar los bienes y servicios públicos, como el derecho al agua, a la salud, a la educación y a los energéticos, a consecuencia del retiro gradual del Estado de su papel garante de los derechos humanos a que lo obliga la Carta Magna, reduciendo en cambio al gobierno a funciones meramente administrativas (lo que hoy se conoce como “Gerencia Pública”) y no como Estadistas promotores del desarrollo; es decir, la administración pública convertida en una empresa privada encabezada por empresarios-funcionarios, asesorados por expertos egresados de las escuelas de élite llamados “tecnócratas”. 

Para favorecer este proceso y consolidar el proyecto neoliberal, los gobiernos han impulsado leyes, como la Ley de Asociaciones Público-privadas o la ya abrogada Ley de Aguas de BC, que, en la lógica del Mercado, favorecen las ganancias del sector privado por encima de los derechos de la población y de la clase trabajadora en lo particular. Peor aún, se aprobaron las Reformas Estructurales en torno a sectores estratégicos tan importantes y sensibles para la Soberanía nacional como el petróleo y la generación de energía eléctrica, o en derechos fundamentales como la educación. 

Ahora, la inversión pública en bienes y servicios se concesiona en dudosas licitaciones a empresas privadas, que utilizan incluso la figura de outsourcing, generando lucro a costa de nuestros impuestos, del pago de servicios y de los derechos de los trabajadores.

Una de las virtudes del movimiento “Mexicali Resiste” es que ha puesto al descubierto estos negocios, impulsados al amparo de la corrupción, que se consolidan mediante maniobras políticas y legislativas apoyadas por los partidos hegemónicos y sus satélites, que promueven la inversión pública para crear la infraestructura y así generar para las empresas privadas favorecidas y sus prestanombres. 

Un ejemplo de lo anterior es la trasnacional cervecera Constellation Brands en el agrícola Valle de Mexicali (cuyas instalaciones fueron tomadas el domingo 19 de febrero pasado por “Mexicali Resiste”), que requiere de vastas cantidades de agua potable para su producción, para la exportación al vecino país del norte. Ello fue posible al amparo del Decreto 57 del Congreso de Baja California, que promueve la inversión público-privada, entre otras obras, para construir un canal que surta de agua potable a dicha empresa cervecera, comprometiendo a futuro el abasto del vital líquido a la población de la región, que si no se cuida por el Estado es un recurso natural no renovable.

En la lucha ideológica, es obvio que el poder político-económico ha intentado descalificar al movimiento y sus demandas que, como todo proceso social, tiene su dinámica natural de ajuste de objetivos políticos, estrategias y liderazgos. 

No cabe duda, las cosas comienzan a cambiar en el país.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste