Por Raúl Ramírez Baena*

Ante los ojos del país, las amenazas de Donald Trump al país han cubierto los principales titulares de las noticias y han invadido las redes sociales. Y no es para menos.

Sin embargo, en Baja California, particularmente en Mexicali, están sucediendo hechos que pudieran cambiar el curso de la historia en la región y en el país.

Tras las multitudinarias manifestaciones populares de días atrás en la capital del Estado, los edificios de la Casa Municipal, del Gobierno del Estado, del Congreso del Estado y de Recaudación de Rentas, todos ellos en Mexicali, fueron bloqueados por manifestantes, habiéndose liberado sólo la Casa Municipal, pero no en condiciones de desventaja para el movimiento social, sino tras una ardua negociación entre el Presidente Municipal, Gustavo Sánchez Vázquez, y los voceros del movimiento.

Lo anterior se logró gracias a la apertura y voluntad política de ambas partes. Por un lado, a nombre de la Asamblea Ciudadana, los voceros presentaron a Gustavo Sánchez un pliego petitorio con demandas cumplibles, que tenían que ver con la reducción de ingresos de funcionarios y regidores, la eliminación de los aumentos al impuesto predial y al Derecho al Alumbrado Público (DAP), la eliminación de gastos superfluos a funcionarios municipales, el plebiscito sobre las tarifas al transporte público, el no otorgar el permiso al macroproyecto EcoZone que amenaza con elevar los altos niveles de contaminación en Mexicali, la revisión de la abultada nómina del Ayuntamiento y otras demandas.

Por parte del gobierno municipal, la sorpresa positiva, hasta ahora, ha sido la apertura y voluntad política mostrada por el alcalde de Mexicali al aceptar el desahogo de todas y cada una de las demandas presentadas por los representantes del movimiento. Por ejemplo, publicar en los principales medios la lista de los deudores del impuesto predial con más de $500 mil pesos de adeudo, requerirlos mediante el embargo judicial correspondiente. 

¿Gobierno Abierto en Mexicali?

La Alianza para el Gobierno Abierto es un espacio de diálogo e intercambio de ideas en el que México participa en el concierto internacional, que pretende, en colaboración con la sociedad civil, que el gobierno asuma compromisos para transformar la calidad de vida de las personas. 

Para lograr esto, gobierno y la sociedad civil –representada por ONG-, han tenido diversas reuniones a nivel nacional y regional. Algunos de los objetivos que persiguen estas acciones consisten en diseñar estrategias para lograr la transparencia en todos los actos de gobierno, la rendición de cuentas y crear un sistema nacional anticorrupción.

Lo destacable del proceso que se llev]a a cabo en Mexicali entre los voceros del movimiento y el gobierno municipal es que, tras la vasta movilización social que legitimó las demandas del pliego petitorio, se vislumbra la posibilidad de acceder al Gobierno Abierto, al fortalecimiento de una cultura de participación ciudadana democrática, a mecanismos de diálogo para la resolución pacífica y negociada de los conflictos, y a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio público.

Esto es, abrir la posibilidad de no más simulación, no más cuotas partidistas que inflen la nómina, no más acuerdos “en lo oscurito” y no más negocios al amparo del poder público.  

Los ejes de la protesta social

Es importante que en el movimiento que se ha gestado en Baja California y particularmente en Mexicali en torno a la Asamblea Ciudadana, que sus líderes no hagan del bloqueo a los edificios del gobierno estatal y del Congreso su objetivo principal que obstaculice las demandas de la agenda nacional, estatal y municipal. Liberar los edificios no significa claudicar. Todo depende de la visión política y de la capacidad de organización ciudadana para repensar las estrategias a corto, mediano y largo plazo, superando las posiciones reduccionistas y extremistas, a riesgo de fracasar en el intento.

El movimiento social debe retomar el asunto de los gasolinazos, que movió a miles de personas a protestar en las megamarchas, porque vienen más aumentos al combustible. Ahora también, hay que abordar con urgencia el efecto Trump, que es un asunto de extraordinaria importancia porque va de por medio la Soberanía Nacional, además que golpea fuerte a la frontera norte.

A nivel estatal, desde Ensenada, el movimiento “Mexicali aguanta, Ensenada se levanta” ha propuesto la conformación de una Asamblea Estatal que aborde demandas regionales, como son los jornaleros agrícolas, los migrantes, las personas desaparecidas, el magisterio, los jubilados, los derechos humanos, la privatización del agua y otras.

Es evidente que, para abrir la mesa de diálogo entre el movimiento ciudadano y el gobierno estatal de BC, las partes no pueden colocar como primera exigencia, por un lado, la renuncia inmediata del gobernador Kiko Vega y, por parte de éste, la liberación de los edificios públicos. En una negociación política las partes tienen que ceder, sin que haya ganadores ni perdedores. Esas son elementales reglas del diálogo.

En Mexicali ya están puestas las demandas, a las que se ha agregado la oposición a la instalación de la trasnacional Cervecería Costellation Brands, que de concretarse depredará y agotará importantes fuentes de agua para el agrícola Valle de Mexicali y el consumo humano.

DE ÚLTIMA HORA: A las 03:00 del lunes 30 de enero, ante el amago del uso de la fuerza pública, se liberaron pacíficamente los accesos al edificio del Gobierno Estatal, del Congreso y de Recaudación de Rentas, por parte del movimiento.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste