Columnista: La Silla Rota
Por: Silvano Cantú

CIUDAD DE MÉXICO 20 DE ENERO DE 2017 (La Silla Rota).- El hit del grupo indie Foster the People llamado “Pumped up kicks”, expresión coloquial para zapatos “muy cool”, hace referencia a un hipotético monólogo interior en el cual un muchacho que encuentra una pistola en una “caja de cosas divertidas” de papá parecería advertir o amenazar a sus potenciales víctimas, desafiándolos a correr “más rápido que mi bala”.

Entre las intervenciones del coro, un narrador solista cuenta desanimadamente la vida de un tal Robert, triste, marginal, que espera de noche la llegada de un padre que tendrá un largo día de trabajo, que está ausente. Esa canción es una suerte de himno entre los grupos de trolls de redes sociales que se atribuyeron el reto por el cual un niño de quince años abrió fuego contra su maestra y cuatro compañeros de escuela y luego se quitó la vida hace un par de días en Monterrey. Todo se videograbó (¿por quién, para qué?, no se ha dicho) y se viralizó en la Internet.
 
El caso ha animado varios debates. Me referiré a ese que el manejo de las autoridades ha hecho central: el de la efectividad o no de medidas como el “Operativo Mochila” para prevenir estas tragedias.
 
La medida fascina a las autoridades y quizá da esperanza a algunos padres de familia, pese a la oposición que despertó en su momento entre organismos públicos y ciudadanos de derechos humanos, dado su carácter violatorio del artículo 16 constitucional, que mandata a las autoridades a no molestar a nadie en su persona o posesiones (entre otras, su mochila) sin orden judicial fundada y motivada. Tal previsión no los amilana: ayer, 12 mil elementos de la policía capitalina desplegaron el operativo en 8 mil planteles. Acciones similares, a escala, se han reportado o prometido en otros estados.
 
No se ha dicho, sin embargo, que el operativo nunca dejó de practicarse desde 2001, cuando se implementó por primera vez en Iztapalapa, y que ante las críticas se amoldó a esquemas “flexibles” en los que supuestamente eran los mismos padres de familia o el personal docente de determinado plantel el que solicitaba su ejecución, ante su presencia y en ocasiones sin la intervención policial o mediante el uso de elementos caninos entrenados para detectar narcóticos, entre otras modalidades. Tan sólo el año pasado se realizaron 169 operativos en la capital del país. Es decir, es una licencia de las áreas de comunicación social decir que el operativo “vuelve”, porque nunca se fue; y no importa quién lo pida: viola derechos objetivos a la intimidad, la honra y la inviolabilidad de la persona y sus posesiones que no dependen de la potestad subjetiva de su titular, es decir, aunque un padre de familia pida que le violen un derecho a su hijo o un maestro a sus alumnos, ello no le quita a la conducta su carácter de violación de derecho humano.
 
Ahora, además de inconstitucional, ¿la medida ha sido útil? Parece que no. Por una parte, se han documentado diversos casos de “flagrancia inducida”, criminalización y discriminación que evidencian contagios de cierta “normalidad” policial a la escolar. Hace algunos años en Chihuahua y Puebla, por citar dos casos, se documentaron incidentes de intimidación, tortura psicológica y abuso sexual contra alumnos de secundaria por parte de policías que además practicaron el operativo armados al interior de los planteles escolares; de igual modo, a raíz de los hechos en Monterrey, ha trascendido que diversas escuelas privadas de esa ciudad practican pesquisas a sus “sospechosos comunes” – los que se portan “mal” – para interrogarlos sobre posibles tendencias antisociales o comportamientos potencialmente violentos.
 
Por lo demás, los resultados de Mochila Segura han sido pírricos, sobre todo considerando su altísimo costo. Pese a que tan solo la Federación ha destinado desde 2007 cerca de tres mil millones de pesos al programa “Escuela Segura” (que incluye el Operativo Mochila y ahora se llama “Programa Nacional de Convivencia Escolar”), las principales incidencias de esta política pública han sido decomisos absurdos – que podrían ser indicativos de abusos –: ahí están los adolescentes en Ciudad Juárez a quienes les retiraron marcadores y correctores “por contener alguna cantidad de solventes” y tijeras escolares (que figuraban en la lista de útiles), o los niños de Motul, Yucatán a quienes sus maestros les retiraron los celulares por contener videos en los que fueron grabados en clase “de forma chusca” (se quejaban). Sobran casos de retiro de condones o lápices labiales “por inmorales”. También se registran casos de indolencia y burocracia: un niño señalado como responsable de matar a tiros a un compañero de secundaria aseguraba que era fácil burlar el operativo porque “los policías sólo venían a firmar y se iban”.
 
Con todo, algo debe hacerse. La violencia escolar me tiene azorado, como a muchos, pero me aterra tanto o más que los incidentes de violencia hayan motivado hasta ahora solamente reacciones mediocres del Estado; que frente a las dimensiones de la descomposición del tejido social y la violencia salgan a medios a anunciar la invención del hilo negro, presentando como nueva una medida crónicamente insuficiente e inconstitucional, que además de hacer trampa a las reglas del juego de una seguridad ciudadana, compatible con una democracia moderna, busca evadir sus responsabilidades capitalizando el miedo de la sociedad a sucumbir ante una violencia que viene de fuera de los planteles y de la cual cualquier revisión de mochila puede salvarnos, porque todo consistió en Robert, el niño que halló la pistola en el cajón de papá (¿y cómo llegó la pistola al cajón, y cómo llegó a la mente del niño la motivación para hacer todo esto?, sin respuesta).
 
Preocupa que la reacción de las autoridades se quede de la puerta de la escuela hacia dentro, como si estos hechos fueran la causa estructural y no el síntoma que son. Molesta que ante la violencia se siga apostando a someter a las escuelas a un “micro” estado de sitio, cuando ver las cosas a distancia, con el frío del análisis más allá del terror que los eventos siembran, nos sugerirá que no basta con revisar unas mochilas como si la violencia fuera un objeto en una bolsa (que es toda la ideología detrás del Operativo Mochila), sino una cultura dinámica y relacional que se construye socialmente, se aprende y se encarna individualmente, y que se vuelve efectiva al instrumentalizar objetos puestos a disposición de la gente por complejas redes de tráfico de armas, drogas, corrupción y lavado de dinero.  
 
Me indigna que, frente a las violencias escolares que no se reducen a tiroteos, sino que incluyen, por citar un ejemplo, patrones de desaparición de estudiantes dentro de planteles en instituciones como las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, primer lugar nacional en desaparición de estudiantes, las autoridades sigan evadiendo su responsabilidad de investigar los patrones de macroviolencia asociada a corrupción y las redes de trasiego de drogas, armas y trata de personas. También me indigna que frente a la violencia general contra niñas, niños y adolescentes, como la inhumana depredación del gobierno de Duarte contra niños con cáncer, el debate siga siendo cómo dar al gobierno más poderes de excepción en vez de una política integral de protección de los derechos de la niñez y las juventudes. No, el problema de todo es un niño al que no se le revisó su mochila.
 
Es la misma lógica metonímica que desplaza las crisis a uno de sus más inocuos síntomas, y quiere solucionarlo todo aparentando concentrar toda la fuerza del Estado en el microdetalle. Ahí está la Ley de Seguridad Interior contra la profesionalización de los cuerpos de policía preventiva y civil; el arraigo, la siembra de evidencias y la tortura contra la construcción de fiscalías científicas que investiguen con la cabeza y no con las manos; la Mochila Segura contra la reconstrucción del tejido social, y un modelo de seguridad ciudadana con perspectiva de derechos, y policías de proximidad, y programas de desmovilización de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas, y reapropiación de espacios públicos, e investigación policial científica sobre delitos cometidos o promovidos a través de redes sociales...
 
Hay cientos de alternativas gubernamentales, sociales y familiares para atacar de fondo el síntoma de las escuelas inseguras y para hacernos cargo del problema. Mochila Segura es la opción de quienes no tienen estrategia, de los que siguen cantando el coro esquizofrénico de a ver quién gana: la bala, la víctima que corre de la bala, o el que hurga la mochila en busca de la bala.
 
@silvanocantu
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