COLUMNISTA: La Silla Rota
Por: Joel Hernández Santiago

CIUDAD DE MÉXICO 16 DE ENERO DE 2017 (La Silla Rota).- Con motivo del acuerdo publicado el 27 de diciembre de 2016 en el que se impuso el gasolinazo por la espalda a la población, para incrementar de manera desproporcionada el precio de la gasolina y el diésel, juristas de diversas partes del país han promovido una serie de amparos contra esa arbitraria medida.
 
En solidaridad, algunos de estos juristas, los han hecho circular los formatos de amparo en las redes sociales para que los mismos afectados puedan completar los datos esenciales, con una copia de la credencial oficial, tarjeta de circulación y comprobantes de pago con el anterior y nuevo precio del combustible.
 
Los jueces de distrito que han recibido los amparos contra el gasolinazo han obstaculizado desde un inicio su admisión alegando cualquier tipo de pretextos o exigiendo requisitos a cumplir para que estos puedan ser admitidos.  Solo uno de los 16 jueces en materia administrativa ha admitido sin trabas una de las demandas de amparo.
 
Ya son cinco jueces administrativos que se declaran incompetentes para conocer este tipo de amparos y los han turnado a jueces de otros ámbitos en materias especializadas en telecomunicaciones y competencia económica. Algunos de estos jueces sorprendidos por el envió de estos amparos del gasolinazo, también por imitación de sus pares, se han negado a conocerlos, porque consideran no ser competentes. Será ahora a un Tribunal Colegiado (una instancia superior) la que resuelva a quién le toca conocer de éstos reclamos.
 
Jueces de varios estados de la republica lo que han hecho cómodamente es declarase incompetentes para turnarlos a la ciudad de México, señalando que es allí donde se deben conocer este tipo de reclamos.
 
La mayor parte de los jueces administrativos, están previniendo a los inconformes para que aclaren su demanda de amparo, por considerar que tiene irregularidades o falta de claridad en su elaboración.  Les dan un término fatal de 3 a 5 días para que respondan y de no hacerlo se les desechará su demanda de amparo.
 
Éstas acciones que llevan a cabo los jueces para obstaculizar las demandas de amparo de carácter trascedente, son conductas, vamos a llamarle, “normales” porque generalmente para deshacerse del problema y más de éste tamaño, exigen una serie de requisitos, para ganar tiempo y luego desecharlas para evitar sigan adelante su curso.
 
Cuando ocurre el desechamiento de un amparo, los afectados tienen que elaborar un recurso de queja, el cual requiere de técnica jurídica especializada, con un término, también fatal, de 5 días hábiles, para su presentación, ni uno más.
 
No cuestiono la presentación de este tipo de amparos, todo esfuerzo es encomiable, pero la forma como se están distribuyendo entre la población, en las redes sociales, me parece un acto irresponsable y hasta oportunista.  Presentar un amparo, aún en un formato pre elaborado, requiere de un seguimiento especializado y la vigilancia de juristas expertos en amparo que den respuesta inmediata a las exigencias de los colmilludos jueces.
 
Quienes están ofreciendo este tipo de amparos, como si fuera confeti, sólo están orillando a que la autoridad se jacte que estos recursos son improcedentes y ayude a justificar en apariencia que el actuar del gobierno federal en el gasolinazo “es legal” o “constitucional” (cosa falsa).
 
Los jueces con frecuencia alegan la improcedencia de amparos cuando se acompañan documentos en copias fotostáticas, por carecer de valor legal.  Debe cuidarse que los documentos exhibidos sean certificados para evitar se manden al archivo de manera simple.
 
Los promotores de este tipo de amparos en las redes sociales, deben ofrecer al menos, la orientación directa de profesionales del derecho expertos en la materia de amparo administrativo de manera gratuita. Instalar módulos de manera inmediata en lugares determinados, dando la suficiente publicidad de su ubicación, para responder con prontitud y de manera correcta las prevenciones de los jueces. Complementar esta acción instalando una página electrónica y atención telefónica para dar atención personalizada durante las 24 horas a los promoventes del amparo contra el gasolinazo.
 
En esta materia es una exigencia que los autorizados sean licenciados en derecho y estén registrados en el Poder Judicial de la Federación para representar a los afectados, y éste es un apoyo jurídico elemental que también debe ofrecerse.
 
No dejo de considerar la importancia de los amparos, pero éstos podrán tener posibilidades de éxito, si se les da la atención que corresponda en la proporción a la magnitud de este atropello a la población. Los amparos no caminan solos.
 
Es pertinente que se diga de manera clara que serán juicios que se prolongarán en el tiempo y solo subsistirán aquellos que tengan una debida atención jurídica personalizada pero que su resultado positivo dependerá de la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ésta no la tienen, por ser incondicionales de los gobernantes en turno.
 
No es correcto que se use éste tipo amparos, masivos y sin control, como una manera simple de obtener imagen o prestigio político, porque sólo sirven para hacerle el juego al gobierno.
 
Para revertir el gasolinazo no será a través de simples amparos en que los quejosos acudan a las ventanillas de los desprestigiados juzgados e irse a casa a esperar el resultado y decir que ya hicieron su acto de “protesta”. Se requiere de acciones organizadas de gran alcance y no de manera dispersa y ocasional.
 
Debe ser la movilización amplia y constante de la población, no sólo marchas, sino acciones organizadas masivas, con tareas a corto, mediano y largo plazo, en todas las esferas posibles, incluida la electoral, para echar a la calle a esos legisladores y gobernantes que han entregado la Nación a intereses extranjeros.
 
De otros avatares laborales
 
Preocupa el conflicto laboral que se vive en el periódico La Jornada, porque está de por medio un importante medio de comunicación que ha dado voz a muchos sectores sociales. 
 
La empresa ha iniciado un procedimiento colectivo de naturaleza económica ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México reclamando la cancelación de todas las prestaciones contractuales obtenidas por el Sitrajor durante muchos años y que son una referencia de gran importancia en medios de comunicación y otros ámbitos; al mismo tiempo los trabajadores han iniciado la solicitud de revisión salarial y contractual para este 2017.
 
Es deseo de muchos sectores, qué con la mediación de las autoridades de la Ciudad de México, haya acuerdos responsables que logren un equilibrio entre los derechos laborales y la subsistencia de este importante medio de comunicación.
 
@Manuel_FuentesM
@OpinionLSR

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