COLUMNISTA: La Silla Rota
Por: MARÍA TERESA PRIEGO 

CIUDAD DE MÉXICO 10 DE ENERO DE 2017 (La Silla Rota).- Las escenas de saqueo y vandalismo que ensuciaron las protestas sociales por el alza a los precios de la gasolina, mostraron también el problema que viven las fuerzas armadas (y los civiles) en el cumplimiento de las misiones de apoyo a la seguridad pública.
 
Uno de los videos difundidos en redes sociales muestra a un grupo de marinos ingresando con sus armas largas a un centro comercial saqueado, haciendo disparos al aire (hacia el techo del lugar) y gritando ¡Órale afuera! para amedrentar a la gente y obligarla a salir del lugar.
 
En las redes sociales, algunos grupos de marinos y sus seguidores difundieron el hecho para luego borrarlo pero ya había quedado en otras plataformas desde las cuales fue retomado y mayoritariamente aplaudido. Lamentable.
 
La acción fue tomada como un hecho positivo, necesario y justo porque eso es lo que merecía la gente que saqueaba impunemente las tiendas departamentales, coincidían los internautas.
 
El asunto no es tema menor, porque si los disparos de los marinos hubieran herido o matado a algún civil hablaríamos de abuso de autoridad, de violaciones graves a los derechos humanos, de excesos, desacuerdos y vacíos en la cadena de mando, es decir, de errores y lagunas jurídicas en el procedimiento sistemático de operar.
 
En resumen, estaríamos -y estamos- ante un caso más de excesos en la aplicación del Manual de Uso de la Fuerza, en esta ocasión por parte de la Marina, ya que nada justificaba el uso de armas de fuego ante una multitud que no las portaba, que no atentaba contra los marinos y cuyas acciones, reprobables y castigables con las leyes vigentes, estuvieron a punto de ser repelidas con un uso desproporcionado de la fuerza.
 
Los marinos dispararon fusiles M4 y Sig Sauer cuando ingresaron a la tienda que era saqueada. Armas de alto poder utilizadas para combatir a grupos de la delincuencia organizada.
 
¿Bajo qué criterios y quienes fueron los mandos navales que ordenaron y autorizaron a sus subordinados intervenir de esa manera?
 
¿Cuáles fueron las órdenes exactas que se les dieron a los marinos antes de ingresar al centro comercial?
 
¿Disparar, aunque sea al aire, en donde había gente desarmada?
 
¿Cuál de los puntos del Manual de Uso de la Fuerza se aplicó por parte del personal naval para hacer disparos al aire en donde había civiles desarmados que no ponían en peligro la vida del personal de la Marina?
 
Así es como siguen haciendo su trabajo, cumpliendo sus misiones, soldados, marinos y policías federales, en condiciones jurídicas que los colocan a ellos y a la sociedad en los límites de todo lo posible y peligrosamente justificable (para ambas partes).
 
Desde este martes los legisladores de ambas cámaras analizarán y deberán llegar a una determinación pronta y clara sobre el marco legal en el que las fuerzas armadas actuarán de aquí hasta el final del turbulento sexenio peñista.
 
Una discusión madura y real tendrá que incluir en su diagnóstico la necesidad de precisar no sólo los límites operativos en los que se moverán soldados y marinos para enfrentar al crimen organizado y para atender emergencias como las protestas por el alza a las gasolinas.
 
Es previsible que éstas se multipliquen y aumenten en intensidad a medida que el gobierno de Peña Nieto se acerque al término de su mandato tomando decisiones equivocadas, extraviado y aferrado a estrategias de alto y peligroso costo social.
 
Los controles sociales como vía para monitorear y hacer que las fuerzas armadas rindan cuentas de sus acciones cuando estas sean para apoyar labores de seguridad pública, son urgentes, ineludibles.
 
Resultaría inconcebible entregar por completo a militares y marinos todos los ejes del combate a la delincuencia sin tener contrapesos auténticos para que rindan cuentas de sus actos.
 
Existen numerosas pruebas y ejemplos de excesos, violaciones y componendas para ocultar abusos y crímenes en el marco de la guerra al narco y del combate a la delincuencia.
 
Por eso, y para garantizar que en plazos definidos la tropa regrese a sus cuarteles y los jefes dejen de encabezar cuerpos policiacos deslegitimados y olvidados por los políticos, es necesaria la creación de mecanismos de supervisión y seguimiento de carácter civil, que compartan metodología y resultados obtenidos en las operaciones de apoyo a la seguridad pública.
 
Lo otro sería más de lo mismo; el exceso y el abuso para justificar el endurecimiento y la cerrazón originados por el exceso y el abuso.
 
@JorgeMedellin95
@OpinionLSR    

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