*.- “La prensa es la artillería de la libertad”

Hans Christian Andersen

Juan Manuel Hernández Niebla
Columna publicada en Frontera

TIJUANA BC 14 DE DICIEMBRE DE 2016 (El Frontera).- “No hay mejor manera de medir el grado de libertad de un país que consultando a su prensa”, dice el premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa.

En la definición de Wikipedia, la libertad de prensa es la existencia de garantías con las que los ciudadanos tengan derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación, cuyos contenidos no están controlados ni censurados por los poderes del Estado, y que toda persona pueda publicar sus ideas libremente y sin censura previa.

Desafortunadamente, según el informe “La libertad de prensa 2015” publicado por Freedom House, con una puntuación de 63 sobre 100, México es uno de los países con menor libertad de expresión, colocado en el lugar 133 de 199 países evaluados.

En contexto, Baja California, con algunas excepciones, se había diferenciado en gobiernos recientes por su apertura a la misma.

Quien esto escribe, como ciudadano y dirigente empresarial, ha disfrutado el derecho a expresar en libre voz, críticas y recomendaciones a los gobiernos en turno, sin importar el nivel del funcionario, partido u orden gubernamental.

Esto solo ha sido posible a través del apoyo que todos los medios de comunicación han dado no solo a mi persona, sino a todos los líderes sociales, que a través de diversas plataformas han buscado el bien común.

Sin apoyo de los medios, nuestros posicionamientos no podrían trascender.

Sin embargo, en fechas recientes han sucedido incidentes donde se pudiera percibir que esa libertad ejercida por los bajacalifornianos a expresarnos libremente está siendo seriamente amenazada.

En una segunda denuncia pública firmada por 99 periodistas, estos acusan al Gobierno del Estado, a través de su área de Comunicación Social, y en particular a Jorge Cornejo Manzo, de utilizar recursos públicos para atacar, a través de campañas negras, la vida privada de las periodistas Adela Navarro del Zeta y Dora Elena Cortez de AFN (Agencia Fronteriza de Noticias).

Esto en conjunto con presiones a directores, editores y periodistas para cambiar la línea editorial, manipular la información que llega a la sociedad y censurar contenidos críticos hacia el desempeño de su gobierno.

Otro incidente es el del periodista Antonio Heras de La Jornada, donde inicialmente fue acusado por la PGJE de estar bajo investigación, para finalmente cancelar la acción asumiendo su equivocación debido a un homónimo.

El tercer incidente fue a la periodista Claudia Orozco de Telemundo. La misma fue temporalmente privada de su libertad por un grupo de personas, mismas que le tomaron fotos para posteriormente ponerla en libertad. Esto enfrente de policías municipales que no hicieron nada.

A 29 días de su solicitud original, los periodistas insisten en transparentar el presupuesto de Comunicación Social del Estado y una investigación oficial. La misma conformada por instancias y personas independientes lideradas por la Comisionada Estatal de los Derechos Humanos, en conjunto con una comisión de periodistas nacionales que han estado trabajando en el tema con la Quinta Visitaduría de los Derechos Humanos.

El Gobernador tiene la obligación de responder a estos planteamientos. No se puede construir un Estado con problemas de inseguridad, rumores de corrupción y ahora ataques a la libertad de expresión que estamos padeciendo.

* El autor es contador público y empresario tijuanense.