*.- Política Breve y de Emergencia

Salvador Morales Riubí
Columna publicada en Zeta

TIJUANA BC 13 DE DICIEMBRE DE 2016 (Zeta Tijuana).- En Baja California la historia de las relaciones entre el gobierno estatal y los medios de comunicación desde el cambio de partido político en el año 1989 nunca ha sido fácil, desde los señalamientos fuertes hacia la forma y práctica de gobernar por un lado, hasta la estigmatización o la amenaza inclusive de ventilar antiguas componendas, por el otro extremo. Épicos y anecdóticos agarres nunca generalizados, pero observados muy de cerca por el “círculo rojo” y a lo lejos y con suma distorsión, por el resto de la población, con la conclusión siempre de un par de elementos comunes: el reconocimiento de que el panismo “no sabe del manejo mediático” y que en confrontación es “el cuarto poder” siempre el ganador. 

En las últimas semanas la entidad toda, pero específicamente Tijuana, está siendo testigo de la suma de voluntades del gremio periodístico que casi unánimemente se manifiesta en contra de lo que señalan “la intención de atacar la libre expresión en Baja California…” debido a información que llegó a las redacciones de tres importantes medios de comunicación, sobre la supuesta intención de orquestar desde el gobierno una campaña de desprestigio en contra de dos directoras de medios. 

A lo anterior se sumó el trascendido obtenido desde las filas de la Procuraduría de Justicia del Estado sobre la posible detención de otro destacado miembro del gremio periodístico toda vez de su responsabilidad en seis supuestos eventos de fraude, hecho éste desmentido y argumentado por la propia procuradora de BC atribuyéndolo a un problema de homonimia. 

Sobre los hechos, además del señalamiento de la responsabilidad directa que los comunicadores imputan al director de Imagen del Gobierno, está como condición agravante del conflicto, la falta de acción mínima y ya no digamos contundente, de parte del área política de gobierno del estado, para responder a los señalamientos y solicitudes de investigación de parte de los periodistas, ofrecer explicaciones o esclarecer con elementos las acciones reales instruidas en materia de comunicación social en la representación de la institución pública. 

Este que pareciera un problema de origen individual y hasta de corte personalísimo, está escalando a niveles nacionales e inclusive por la vía de la queja de violación de los derechos humanos de los periodistas hasta esferas internacionales, y en lugar de ser atendido con toda la seriedad que requiere, se posterga como si se tratara de una condición de mal clima o de ligera gripe. 

Como lo reconoció el propio gobierno del estado en su desplegado de respuesta a las primeras publicaciones de denuncia de las comunicadoras: la autoridad debe tener “respeto irrestricto a la libertad de expresión” y garantizarla con el acceso a la información pública y con la transparencia en el manejo de los asuntos. Y en un marco de respeto a las obligaciones institucionales, garantizar la labor de los comunicadores en tanto que contribuyen con su actividad al fortalecimiento del régimen de derechos y libertades de la sociedad. 

Porque el origen de este ahora grave problema es sobre todo la información, desde luego la falta de adecuada y suficiente información y no el manejo de la misma. Si los responsables de las diferentes áreas del gobierno tuvieran como norma general y obligada la plena publicidad de sus acciones, si no hubiera asuntos reservados porque (salvo excepciones de seguridad) nada debiese ser secreto en el servicio público, si se atendiera toda función de gobierno de cara al pueblo y para ello se trabajara con los medios de comunicación, nunca se llegaría a las condiciones de agravio, ofensa, ataque y defensa en las que se encuentra el gobierno y el gremio periodístico. 

Hecho sin precedentes sin lugar a dudas la unión de un gremio de disímbolas convicciones, que busca la defensa de sus derechos más elementales delante de un poder que amenazante solo exhibe su carencia de operación política más allá de la urgencia, donde se queda sin información y sin respuesta. 

Que la historia lo registre.- El muy responsable y eficiente comunicador oficial del gobierno municipal de Tijuana, considerado como el de mejor trato con los medios, preguntó ¿cómo ser mejor? Le respondieron: -Cuándo me digas qué publicarán mañana los diarios y qué me van a preguntar los reporteros. 

Botón rojo.- En Argentina un árbitro de futbol fue agredido físicamente de manera brutal por la afición que reclamaba uno de sus fallos. Los árbitros a través de su gremio suspendieron los partidos en todo el país hasta que se haga justicia. 

Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas.