COLUMNISTA: La Silla Rota
POR: Ricardo Mejía Berdeja

CIUDAD DE MÉXICO 4 DE DICIEMBRE DE 2016 (La silla Rota).- Ante el inminente inicio de la discusión de los dictámenes del articulado de la Constitución de la Ciudad de México, se advierten vicios en el proceso que apuntan a la resistencia del gobierno de Mancera y sus representantes en ese órgano legislativo por incluir en la Carta Magna los derechos sociales ya ganados, así como la pretensión de abrir la puerta a las privatizaciones.

El riesgo de que la Asamblea Constituyente no tenga un buen resultado es real, pues hay una oposición velada pero firme para modificar el proyecto original e incorporar derechos y conceptos avanzados e incluso se deja ver una tendencia a ir por debajo del proyecto de Mancera que ya tiene fuertes limitaciones de por sí.

Por desgracia, la Asamblea Constituyente no está exenta de los vicios legislativos habituales que vulneran su institucionalidad pues hay acuerdos que se procesan en una "mesa de al lado" lo que es una falta de respeto para la ciudadanía. 

Asimismo, se puede perfilar la posibilidad de que los derechos y programas sociales que han caracterizado a la capital del país, como la pensión a adultos mayores, desaparezcan o se vean disminuidos debido a que hay resistencia a enumerarlos de forma explícita en el texto constitucional.

En estos tres meses de Asamblea Constituyente sólo los legisladores de Morena han roto con esa inercia conservadora de no modificar nada y han dado una gran batalla para proponer modificaciones y adiciones en todo el articulado.
 
Mientras los de Morena han hecho una defensa magnifica de los temas más importantes de la Ciudad, el gobierno busca evitar que se expida una constitución de avanzada, ya que aunque en el discurso enarbola el progresismo, en la práctica lo que hace Mancera es impulsar las privatizaciones.

Si de verdad se quiere una constitución de avanzada para la Ciudad, se debe cuidar que contenga principios clave como la no privatización de los servicios públicos y poner un candado que impida las privatizaciones del conjunto de servicios públicos.

De igual forma, la Carta Magna de la Ciudad debe procurar el desarrollo urbano equitativo, incluyente de todos los sectores de la sociedad, el derecho a la ciudad, el derecho a la consulta ciudadana sobre grandes proyectos de desarrollo urbano, así como garantizar el acceso al suelo urbano para personas de todas las clases sociales.

También debe estipular que el acceso al agua es un derecho humano y establecer los mecanismos para no privatizarla.
 
Otro tema nodal es la protección del espacio público, su no privatización y la libertad plena de su uso por parte de toda la ciudadanía en actividades cívicas, deportivas, culturales, festivas, sociales y políticas. Y también debe sancionar toda forma de criminalización de la protesta social.
 
También debe asegurar la protección y mención explícita de todos los derechos sociales universales ya existentes y ganados en la ciudad como la pensión de adultos mayores, la beca de bachillerato Prepa Sí, la beca de discapacidad, los uniformes y útiles escolares, la atención médica y los medicamentos gratuitos, el seguro del desempleo, los comedores comunitarios, el mejoramiento barrial, el programa social de unidades habitacionales, el seguro e educación garantizada, los desayunos escolares, las becas para niñas y niños en riesgo de vulnerabilidad social, entre otros. De igual forma, debe instaurarse el Tribunal Constitucional y Social para la exigibilidad, la justiciabilidad y la garantía de los derechos sociales. 

En el ámbito educativo debe haber un presupuesto progresivo para educación media superior y superior hasta lograr la meta de cero rechazados, así como el respeto a la autonomía de la UACM.
 
También, se debe tipificar el delito de represión, debe incluirse la revocación de mandato desde ahora para que los gobernantes actuales puedan estar sujetos a ella. Alcaldías autónomas y libres. Establecer diálogo directo entre legisladores y el titular del legislativo. Someter a referéndum la Constitución.
 
Asimismo, incorporar el principio de voto por voto y casilla por casilla a la Constitución. La no reelección de los presidentes de los tribunales, la penalización de la compra del voto con programas públicos.
 
Los derechos de los pueblos originarios e indígenas residentes, los derechos de la diversidad sexual, los derechos de la equidad de género, así como los derechos culturales, la autonomía de pueblos originarios deben estar contemplados en la Carta Magna.
 
También se debe establecer el poder ciudadano anticorrupción, la austeridad republicana en los altos mandos de la administración pública y en los otros poderes y órganos autónomos, así como la extinción de dominio de los bienes obtenidos con dinero derivado del saqueo del erario y del patrimonio público.
 
Sin estos puntos de muy poco va a servir la constitución y su relevancia para el progreso de la capital será nula.  
 
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