Por Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA 19 DE OCTUBRE DE 2016.- El proceso de militarización de la Seguridad Pública en México dio inicio en el régimen de Ernesto Zedillo, agudizándose con la llamada “guerra al narco” impuesta por Felipe Calderón. Desde entonces hasta hoy, las fuerzas armadas no han dejado de realizar funciones de prevención e investigación de los delitos, principalmente en el combate a la producción, distribución y tráfico de droga, que es tema prioritario para el gobierno estadounidense en términos de su Seguridad Nacional, de ahí que desde el norte se diseñen las políticas antidroga en México.

Tras la llegada al poder de Enrique Peña Nieto se matizó la presencia del ejército en las ciudades y en las carreteras del país, sin embargo, durante el transcurso del sexenio, ha sido notorio el regreso a la estrategia anterior, mediante el progresiva aumento de efectivos castrenses en operativos de captura, abatimiento de capos y aseguramiento de droga, estos últimos, ejecutados principalmente por la marina de guerra, fuerza en la que las autoridades estadounidenses tienen mayor confianza y en las que han invertido más en la capacitación de cuerpos de élite.

Las acciones militares van dirigidas a lograr el control territorial de las áreas en las que dominan los cárteles de la delincuencia organizada, mediante el despliegue masivo de tropas y reconocimiento aéreos, lo que pretende, sin éxito, tener un efecto disuasivo sobre la criminalidad. Estas acciones, desarrolladas con altos costos, obligan a tener en activo en las comunidades a miles de efectivos militares sin conocimientos en materia de seguridad pública y derechos humanos, y sin controles efectivos en el uso de la fuerza. Así, la militarización conlleva a la criminalización de la seguridad pública.

Por lo anterior, el ejército ha llevado la peor parte en cuanto a denuncias y quejas por violaciones graves a los derechos humanos (detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial), y ha sido el principal blanco de denuncias, recomendaciones y condenas giradas tanto por la CNDH como por los órganos de tratados de la ONU y de la OEA, lo que ha provocado un mayor desgaste del ejército que de la marina, incluso, una baja en la percepción de la confianza ciudadana.

Ante la incapacidad del gobierno para resolver el acertijo de la inseguridad y el crimen, las fuertes presiones de la ciudadanía no se han hecho esperar, en especial del sector empresarial, por lo que el gobierno federal recurre otra vez al gastado e inútil recurso pragmático de incorporar a más militares.

Es notorio que, en algunas entidades como Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Colima, los gobernadores y presidentes municipales han entregado las plazas a la delincuencia organizada. ¿Estas manifestaciones de alta corrupción y sus efectos en la seguridad se pueden combatir con militares?

Llamados a la militarización

El diputado federal Jorge Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el mismo que siendo alcalde de Tijuana rechazó la Recomendación 06/2010 de la PDH de Baja California por actos de tortura cometidos por sus jefes policíacos Julián Leyzaola y Gustavo Huerta y por el ejército contra 25 policías municipales (que en vía de impugnación se turnó a la CNDH, que a su vez emitió la respectiva Recomendación), declaró recientemente que “sin el apoyo del ejército mexicano a las autoridades locales será difícil recuperar la tranquilidad de la ciudad, además de mayor presencia militar en las calles también es necesario trabajo de inteligencia de su parte”.

El líder empresarial tijuananse Juan Manuel Hernández Niebla, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la CANACO en Tijuana, opinó en estos días que “más que nunca se necesita la presencia del ejército para que a través de sus patrullajes la seguridad tenga mayor estabilidad”. 

Por su lado, Juan Pablo Castañón, presidente nacional del CCE hizo un llamado urgente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a “establecer un pacto por la seguridad pública que incluya la aprobación de todas las iniciativas encaminadas a combatir la corrupción e impunidad; el despliegue de más policías para abatir los índices delincuenciales y el brindar mayor certeza legal a las fuerzas armadas” para su intervención en tareas de seguridad.

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, arrancaron el 12 de octubre pasado el programa “Unidos por la Seguridad de los Mexiquenses”, mediante la incorporación de mil 500 efectivos del Ejército, mil 500 de la Policía Federal y 150 de la Marina”, con los que conformarán 62 Bases de Operación Mixta (las temibles BOM) que estarán patrullando los ocho municipios prioritarios con mayor incidencia delictiva en esa entidad.

Y para colmo, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, anunció que actualmente mil 824 policías militares están desplegados en Durango, Nuevo León y Michoacán en ‘‘apoyo a la estructura de la seguridad pública’’. Y puso en marcha un proyecto “para que la Policía Militar asuma un papel predominante en el apoyo a los estados y a la Federación”.

Otra vez, a tropezar con la misma piedra.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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