Por Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- La desaparición en Iguala de los 43 normalistas de Ayotzinapa (en realidad son 42) representa, quizá, el caso paradigmático más importante del país en lo que se refiere a la impunidad en la que opera el crimen organizado en México, a los altos niveles de corrupción de autoridades encargadas de la prevención y la investigación de los delitos, y a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en la modalidad de asesinatos, tortura y desaparición forzada de personas. Este caso se suma a los miles que, al acreditar su carácter sistemático y generalizado y de acuerdo al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional de La Haya, se convierten en crímenes de lesa humanidad.

La desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa es quizá el caso más investigado en los últimos 20 años, del que más se ha escrito por expertos y analistas y el más observado en el plano internacional. Es también un dolor de cabeza mayúsculo para el régimen de Enrique Peña Nieto, que no atina a resolver por la vía judicial y por la vía política, al contrario, conforme pasa el tiempo y se profundizan las investigaciones, se le complica cada vez más.

Destaca la reciente entrevista de Peña Nieto con el periodista Ciro Gómez Leyva. Al abordar el tema Ayotzinapa, el mandatario agravó más las cosas al justificar el triste papel que jugó Tomás Zerón de Lucio en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR (quien por cierto no reportaba a la Procuradora Areli Gómez, su jefa inmediata superior), en la investigación del caso Iguala, un leal subordinado de Peña Nieto desde el gobierno del Estado de México, autor intelectual y operador de “la verdad histórica” respecto a la supuesta incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula, cuyos restos, dijo, fueron posteriormente tirados al Río San Juan. 

Ahora sabemos que la historia oficial fabricada por Tomás Zerón (involucrando incluso a personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como testigo de las falsas diligencias, que de inmediato se deslindó de tal afirmación), fue desmentida tanto por los peritos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como por el Equipo Argentino de Antropología Forense, gracias a los peritajes independientes realizados en el basurero y el río en mención.

En la entrevista con Ciro el presidente volvió a cometer otro desatino político que refleja de manera transparente su equivocada visión de las cosas: Al referirse al retiro de Tomás Zerón de la AIC y nombrarlo enseguida Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad, en lugar de fincarle cargos por su responsabilidad en las graves irregularidades y violaciones a los derechos humanos cometidas en sus investigaciones, Peña dijo que “es una gente de confianza, una gente que sirvió en el Estado de México, en la Procuraduría del Estado de México, sirvió aquí, creo que sí ya también con agotamiento (sic), pero creo que con capacidad probada para seguir sirviendo a las tareas que tiene comprometidas mi gobierno en favor de la seguridad de los mexicanos”. Sin embargo, de Zerón de Lucio se sabe que ha recurrido a tortura, sobornos, encubrimientos y otros vicios para sostener la “verdad histórica” sobre el caso Iguala.

En la misma entrevista, el presidente se lamentó “que se señale al Estado como el responsable que está detrás de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, o de los hechos de Tanhuato, Michoacán”. Y agregó: “es inaceptable, y sí lo rechazo categóricamente, es que se pretenda decir que todos estos eventos tienen una consigna de actuación del Estado y de fines de Estado... es completamente absurdo, aberrante”.

Refirió que los elementos que hay hasta el momento “apuntarían a que, eventualmente, hubiese habido ahí una intervención del crimen organizado y que, lamentablemente, hubiese acabado con la vida de los jóvenes”. Otro error: mientras no se conozca su paradero, nadie, ni el presidente, puede asegurar que se acabó con la vida de los jóvenes.

Desde que se conocieron los hechos de Iguala hace dos años, la sociedad civil, juristas y organismos de derechos humanos han apuntado que “fue el Estado” el responsable de estos crímenes. Tal afirmación se basa en dos aspectos fundamentales: Uno, la participación directa, probada, de policías municipales, estatales y federales y, por omisión, de elementos del ejército mexicano presente en los hechos (la Sedena se ha negado sistemáticamente a que los elementos castrenses sean entrevistados por el GIEI y a realizar investigaciones en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala), tras la detención de los camiones, el ataque a los normalistas y su desaparición, en complicidad con el crimen organizado.

En segundo lugar, la responsabilidad del Estado lo establece la propia Constitución en el Artículo 1º: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos... En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Nada de esto se ha cumplido en el caso Iguala y en miles más.

Urge que alguien haga entrar en razón al presidente.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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