Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT

No hay duda, en el asunto de la demolición del viejo edificio donde durante tantos años funcionó la comandancia de la policía municipal de Tijuana y la cárcel preventiva, lo que se conoce comúnmente como “la 8”, funcionarios municipales, encabezados por el propio Alcalde, Carlos Bustamante Anchondo, como se dice comúnmente, “metieron la pata”.

El demoler las viejas instalaciones, no fue un acto simple de mera devaluación, o sea de restarle valor al inmueble, porque en materia de construcción, para muchos un predio tiene más valor cuando está limpio, que con una construcción que no podrían utilizar para un determinado proyecto.

La errónea apreciación de las cosas, la distorsión de facultades y propósitos, llevó a las autoridades municipales, todas en su conjunto, a incurrir en una serie de actos de suma gravedad. La Sindicatura municipal debiera en estos momentos reflexionar y determinar lo que debe hacer, antes de que le presenten juicios políticos, uno en contra del Alcalde por haber dispuesto la demolición y otro en contra de la Síndico Yolanda Enríquez, si en el menor tiempo posible no cumple con su deber, que es indagar y sancionar a los responsables. El asunto en mención es como en el billar, una jugada de carambola.

Esto se agrava, por varias evidencias. Una de ellas, ineludible, el que apenas en julio se haya determinado que el valor del terreno era uno y el de las edificaciones otro. Para mayor precisión, que el terreno, con superficie de 3 mil metros cuadrados, tiene un valor comercial de 11 millones 129 mil 600 pesos, en tanto que las cinco edificaciones que a esa fecha existían en dicho predio, que comprendían 4 mil 292 metros cuadrados, representaban un valor de 9 millones 249 mil 252 pesos, siendo el valor total 20 millones 378 mil 852 pesos.

Y conste, el avaluo lo realizó un prestigiado profesionista, el Ing. Julio Ernesto Torres Coto, quien ahora será un valioso testigo en cualquier acción que se intente contra quienes ordenaron y ejecutaron la demolición. Hechos estos que pueden ser encuadrados dentro de la figura del delito de daño patrimonial.

No hay vuelta de hoja. Existen los elementos para presentar una denuncia penal, en contra de quien o quienes resulten responsables, incluyendo obviamente al propìo Alcalde Bustamante Anchondo, por haber causado un daño patrimonial por un monto de 9 millones 249 mil 252 pesos.

Y no solo eso, también se dan los elementos para presentar solicitud de juicio político en contra de los funcionarios públicos involucrados en este asunto. Empezando por el Alcalde. Su responsabilidad y obligación, es la de cuidar el patrimonio público, no destruirlo. Sin excusa alguna. Ni siquiera el supuesto de la inminente venta, exime de responsabilidad a los protagonistas. En materia de delitos, como lo es el daño, los actos futuros no eliminan la responsabilidad penal.

Todo, porque en su desesperación, en lugar de vender el inmueble en las condiciones en que se encontraba, sin contar con aprobación de Cabildo, bajo el argumento aritmético de que el orden de los factores no altera el producto, que en este caso no es aplicable, decidieron, por su libre albedrío, proceder a la demolición del inmueble. Lo que resulta ser un acto arbitrario y por lo tanto ilegal. En consecuencia, debe ser penalizado.

El monto del daño patrimonial se incrementa, si al valor de las edificaciones destruídas, se agrega el monto de los gastos que implicó la demolición y para lo cual no hay partida específica y por lo tanto se realizó una erogación no programada presupuestalmente. Así de sencillo.

El argumento de que el Oficial Mayor Oscar Sanabia dió la orden de demoler, o que alguien por ahí dió la “luz verde” para ello, en ausencia del Alcalde, no es válido, la responsabilidad es clara e ineludible. Se ocasionó un daño patrimonial, de manera deliberada, sin aprobación del Cabildo, ni justificación alguna. Irónicamente, las celdas debieran conservarse, para recluir en ellas a los responsables. O irresponsables, según el punto de vista de cada quien.

Pero aún hay algo más qué agregar, que agrava los hechos. Los funcionarios municipales refieren de manera despectiva el edificio en proceso de demolición, señalando que era referencia de una leyenda negra. Bueno, quizás se refieran a la época en que Julián Leyzaola fungió como Secretario de Seguridad Pública Municipal, secundado por su pupilo y sucesor Gustavo Huerta, de quienes se dice que incurrieron en actos de tortura, incluso en contra de policías en activo.

Antes de dichos individuos, ahí laboraron personas prestigiadas, como don Antonio Escobedo, don Alberto Limón, los estimados Ariosto Manrique y Ernesto Vizcaíno, por mencionar algunos. Referir a “la 8” como leyenda negra, es faltarle al respeto a dichos personajes.

Un excelente trabajo periodístico de Manuel Villegas, sobre los antecedentes del reclusorio preventivo, indica que su historia data de 1957. Esto indica que las edificaciones en proceso de destrucción, eran históricas y lo son aquellas que aún están en pie. Efetivamente, como lo citó la reportera del periódico El Mexicano, Lorena García Ramírez, honor a quien honor merece, la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado Número 39 del 18 de agosto de 1995, indica que para que una construcción sea considerada histórica, se requiere que tenga una antigüedad de más de 49 años. Efectivamente, el edificio de “la 8”, era un edificio histórico y por lo tanto, además del daño patrimonial, se añade el daño cultural.

Habrá que ver quien se atreve a lanzar la primera piedra sobre este asunto. Por el momento podemos comentar que ya se presentó una demanda de amparo, que a partir de hoy podría poner en suspenso el proceso de demolición y daría pie para que inicien las denuncias penales y las solicitudes de juicio político. En pleno año electoral, estas “metidas de pata”, requieren más que un jalón de orejas. Hasta donde les lleva la soberbia y la necedad.

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