Por: Gilberto LAVENANT
Los políticos, en el cargo público, por regla general, hacen lo que hacen, porque al no estar preparados para la función pública, sufren serias distorsiones. Actuan, como si lo público fuese privado. No consultan a nadie, no escuchan opiniones, ni permiten señalamientos.
Es común escuchar los comentarios que observan que antes de asumir la función pública, los gobernantes eran magníficas personas, sensatas, atentas, serias, acomedidas, que acostumbraban escuchar sugerencias u opiniones y que no se molestaban cuando se las hacían sin pedirlas. Y ni para qué decir cuáles eran sus comportamientos durante el desarrollo de su campaña política.
La política les hace sufrir una metamorfosis increíble. Se transforman en individuos totalmente distintos a los que pregonaron ser en la contienda electoral. Como cuando los galanes pretenden conquistar a una dama. Puras sonrisas y promesas. Conseguido su objetivo, en este caso, ocupar el cargo público, se hacen soberbios, intolerantes, ciegos y sordos.
Las distorsiones empiezan, en cuanto asumen el cargo. Es curioso, pero desagradable. Se imaginan semidioses. No entienden, que son servidores públicos. Que no son reyes o monarcas omnipotentes. Por ello, actúan como dictadores. Creen que se debe hacer, sólo lo que ellos dicen, lo que dictan, aunque ninguna ley les otorgue tales facultades.
En la función pública, los políticos sólo pueden hacer, lo que la ley permite hacer. Hacer menos, es ser ineficiente e irresponsable. Hacer más, implica irresponsabilidad, ilicitud, arbitrariedad. En la función pública no cabe lo del libre albedrío que tiene todo individuo, como ciudadano común y corriente.
En la función pública, los políticos, como servidores públicos que son, están para servir a la comunidad que gobiernan y por lo tanto la deben escuchar, consultar, cuando se trate de realizar alguna obra o tomar determinada decisión. No actuar de esa manera, es desnaturalizar el cargo público que ostentan.
El caso del que fuese el viejo edificio que durante más de 40 años ocupó la policía municipal de Tijuana, en la Calle Octava y Constitución, además de la cárcel preventiva y la central de bomberos, sirve de ejemplo para precisar ese tipo de distorsiones.
Ciertamente se empezó a hablar de la posibilidad de vender el inmueble. Frente a promociones de organizaciones civiles y culturales, de conservarlo para instalar ahí un museo o un centro cultural o de esparcimiento. Lo menos que estaban obligadas a hacer, los funcionarios públicos municipales, empezando por el Alcalde Carlos Bustamante, era convocar a reuniones de trabajo, para escuchar formalmente las propuestas y tomar la decisión más sensata, más práctica, más benéfica para todos.
Pero el Alcalde prefirió taparse los oídos y cerrar los ojos e hizo valer su libre albedrío. Los regidores, por su parte, como tradicionalmente ha ocurrido, fungieron como simple comparsa y “bailaron al son que les tocaron”. También olvidaron lo que implica ser representantes populares. Definitivamente demostraron que no saben lo que significa ser servidores públicos. Simplemente levantaron la mano, en su mayoría, para aprobar la propuesta oficial de desincorporar del dominio público, el inmueble de referencia, con evidentes intenciones de proceder a su venta.
Que se sepa, la propuesta, y por lo tanto el acuerdo de Cabildo, simplemente fue para aprobar la desincorporación. Salvo prueba en contrario, porque las actas de cabildo no están al alcance de la ciudadanía, no se aprobó su enajenación y mucho menos la demolición del edificio.
Y aquí un punto sumamente importante. Quien haya ordenado la demolición del viejo edificio de “la ocho”, sin una aprobación del Cabildo en ese sentido, no solamente incurrió en un acto arbitrario, y por lo tanto ilegal, sino que además causó un daño y un deterioro al patrimonio público.
Dicen, como intento de justificación, que se tenía la recomendación de profesionales en la materia, que estudiaron la infraestructura y señalaron que representaba un peligro, que era incosteable su remodelación. Seguramente dicha recomendación no la conocieron, ni la conocen aún, ni siquiera los regidores.
Y si no la conocen, pues eso indica que nunca se las mostraron formalmente en una sesión de Cabildo, en la que se haya propuesto el aprobar la demolición del viejo edificio. Entonces, acción destructiva, no aprobada, resulta arbitraria, dolosa y lesiva para el patrimonio público.
Cuentan, que el costo de la demolición del edificio, deberá ser cubierta por el presunto comprador. Algo por demás absurdo. A quien le interese la compra, debió comprarlo en las condiciones en que se encontraba el inmueble. Si al momento de licitarlo, o sea ofrecerlo en venta públicamente, el edificio ya no existe, para el comprador mucho mejor. Le quitan o eliminan la carga moral y los señalamientos, por demoler el presuntamente histórico edificio. Pero eso de que al valor del terreno, se le agregue el costo de la demolición y limpieza, es una vacilada. No se puede valuar, lo que ya no existe.
Una cosa también importante, es el hecho de que de alguna manera el funcionar la policía municipal en ese sitio, daba cierta seguridad y confianza a los comerciantes de la zona central. Ahora, ante la ausencia de la presencia policiaca, esa área será el punto ideal de operación de pillos y malvivientes.
Por otra parte, la estación policiaca, más cercana, y prácticamente la única, en la zona centro, es la que existe y opera en la Zona Norte, que en pleno día es intransitable.Quien tenga que acudir, forzada o voluntariamente, tiene que recorrer la zona de tolerancia y enfrentar múltiples riesgos. Todo, por las distorsiones de los gobernantes municipales.
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