Por Raúl Ramírez Baena*

En memoria del Dr. Salvador Allende Gossens

Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su

orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de

familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la

orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes.

Principios de Yogyakarta

Parece increíble que, a 90 años de la Guerra Cristera, el clero político y los sectores ultraconservadores del país sigan manipulando la conciencia y la voluntad de las familias mexicanas. Antes, al grito de ¡Viva Cristo Rey!, ahora, bajo la supuesta protección de “La Familia Tradicional”. Para el caso es lo mismo.

Aprovechándose de los prejuicios sexuales y de la desinformación, y exacerbando el fanatismo religioso, desde los púlpitos se explotan los sentimientos de la gente, que acude en masa a las calles de las principales ciudades, sin saber que sus acciones representan una regresión a la evolución progresiva de la civilización humana, o peor aún, un menosprecio a los derechos humanos. El avance de las ideas conservadoras en pleno S. XXI representa el regreso del oscurantismo.

En el libro “HOMOFOBIA: LABERINTO DE LA IGNORANCIA”, título de esta columna, publicado bajo la coordinación de Julio Muñoz Rubio, escriben, entre otros, Carlos Monsiváis y Emilio Álvarez-Icaza. Para Monsiváis, por homofobia se entiende “las antipatías o las desconfianzas o los recelos morales que los gays suscitan, algo muy arraigado y de eliminación ardua… el encono activo del prejuicio, la beligerancia que viene de la convicción de la falta de humanidad de los disidentes sexuales”.

En el año 2007, en Yogyakarta, Indonesia, un grupo de expertos se reunió para elaborar lo que hoy se conoce como “Los Principios de Yogyakarta”, cuyo objetivo consiste en prevenir las violaciones a los derechos humanos a las personas, basadas en la orientación sexual o en la identidad de género reales o percibidas, cuyo patrón global y arraigado en muchos países es motivo de seria preocupación. 

Entre las violaciones a estas personas se encuentran los asesinatos extrajudiciales, la tortura, las agresiones sexuales, las violaciones y los homicidios; las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos como el matrimonio y la adopción. Estas violaciones se ven agravadas por diversas formas de violencia, odio, discriminación y exclusión. 

Bajo el amparo de los derechos a la Igualdad y a la No Discriminación y los principios de Progresividad de los Derechos Humanos y Pro Persona, en julio de 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Constitución y el Código Civil de Baja California, que admiten el matrimonio civil sólo mediante la unión de un hombre y una mujer. Ello, dice la Corte, “es violentar los derechos a la autodeterminación de las personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo –ya sean parejas homosexuales o heterosexuales– y, por otra parte, implícitamente genera una violación al principio de igualdad porque se da un trato diferenciado a parejas homosexuales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo. La función reproductiva potencial del matrimonio civil y, por tanto, la formación de una ‘familia con hijos’, no es la finalidad del matrimonio”. 

A pesar de lo anterior, los grupos conservadores apoyados por el clero político, han difundido entre la población el falso concepto de la “ideología de género”, que confunde y desinforma, cuando el término “género” es aplicable al principio de igualdad, adoptado en la Conferencia de Beijing 1995 con un programa mundial en favor del empoderamiento de la mujer y, posteriormente, en la Convención de Belém Do Pará. A su vez, el concepto “equidad de género” está vinculado a la justicia, a la imparcialidad e igualdad social. Esto supone abolir la discriminación entre los sexos y que no se privilegie al hombre en ningún aspecto de la vida social.

Por otra parte, en los últimos 20 años, se han registrado mil 310 asesinatos por odio homofóbico en 29 entidades del país, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian. Esto, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, hecho por la organización civil Letra “S” Sida, Cultura y Vida Cotidiana.

En el informe se asegura que, con tales datos, México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes por homofobia, solo detrás de Brasil.

Nos preguntamos entonces: ¿Qué esperan las autoridades para actuar, haciendo cumplir los preceptos legales que amparan al Estado Laico mexicano, evitando que la doctrina religiosa se inmiscuya en los asuntos públicos, a riesgo de recibir las sanciones correspondientes? 

Si bien Peña Nieto presentó una iniciativa al Senado para incorporar en la Constitución los matrimonios igualitarios y la adopción homoparental y que la fracción de su partido, el PRI, ha decidido no darle entrada en la Cámara de Diputados ante la fuerte presión del clero político y de los grupos conservadores insertados en el poder político y económico, la base jurídica para sancionar la homofobia ya está dada en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste