Columnista: La Silla Rota   
Por: Agustín Castilla 

MÉXICO DF 24 DE AGOSTO DE 2016 (La Silla Rota).- Por su misma naturaleza, prácticamente todas las actividades que se realizan en el Congreso -pasando por la gestión, la fiscalización y desde luego la estrictamente legislativa- tienen una gran carga política, lo que no es exclusivo de nuestro país.
 
Sin embargo, conforme se aproximan las elecciones esto se agudiza como lo pudimos constatar hace apenas unos meses en que el PAN entendió el creciente hartazgo respecto a los excesos de la clase política y asumió la propuesta ciudadana para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, generándole importantes dividendos en las elecciones locales que se llevaron a cabo este año.
 
En contraparte, el PRI se vio obligado a “soltar” una iniciativa presentada con gran revuelo por el Ejecutivo Federal sobre matrimonio igualitario, adopción e identidad de género por sus posibles costos electorales y la confrontación que le significó con algunos sectores de la sociedad.
 
Ahora que está por iniciar un nuevo periodo ordinario de sesiones, difícilmente podremos esperar un escenario distinto ya que recordemos que el próximo año se disputarán tres gubernaturas entre las que se encuentra una particularmente emblemática por el peso de su padrón electoral y por ser la tierra del presidente Peña Nieto, la del Estado de México, que se ha considerado como un preámbulo de la carrera presidencial y en la que se prevé una competencia muy cerrada al igual que en Nayarit y Coahuila donde por primera vez puede triunfar la oposición.
 
Aunque el segundo periodo de sesiones que va de septiembre a diciembre, se caracteriza por ser económico -Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos-, son muchos los temas legislativos pendientes que no pueden posponerse en función de un cálculo electoral como desapariciones forzadas, tortura, uso de la fuerza pública, Fiscalía General, legalización de la marihuana o revisión de la reforma educativa y de la ley de víctimas, así como los nombramientos de magistrados electorales y del Sistema Nacional Anticorrupción. También se está en espera de que el presidente mande la propuesta del Titular de la Función Pública para ratificación del Senado.
 
Si bien se entiende que los legisladores son actores políticos y tienen un compromiso con los partidos que los postularon, su principal responsabilidad es con la ciudadanía que los eligió y por ende con su trabajo legislativo, por lo que lo menos que se les debe pedir es que aborden con seriedad y objetividad los temas de la agenda que cada grupo parlamentario acordó impulsar en sus reuniones plenarias que recién se celebraron.   
 
Como se mencionó en un inicio, no es de extrañar que cualquier parlamento o congreso se vea influenciado por la coyuntura, pero no se puede permitir que ésta la determine pues los problemas del país no pueden seguir sujetos a proyectos políticos por muy legítimos que sean.  
 
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