Al filo de la navaja
Por: Raúl Ramírez Baena*

En los últimos años han sucedido en México hechos de violencia que han sacudido a la opinión pública nacional e internacional. Por un lado, crímenes abominables cometidos por grupos de la delincuencia organizada que encuentran en la pobreza patrimonial, educativa y cultural del país el caldo de cultivo, mediante la cooptación de menores y adolescentes. Por otro, graves violaciones a los derechos humanos, sin sanción, cometidas por agentes del Estado.

Los dos grupos responsables de la violencia, el crimen organizado y la fuerza civil y militar, han tomado como rehén y carne de cañón a la población civil. Personas inocentes y familias enteras son víctimas de cárteles y sicarios en secuestros, extorsiones, violaciones sexuales, asesinatos, desapariciones, ejecuciones y reclutamiento forzoso de jóvenes. Otros, incluso policías, son falsamente acusadas por autoridades, siendo víctimas de allanamientos, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con procesos judiciales viciados de origen. 

La extrema violencia ha originado el éxodo de miles de personas que se han desplazado de manera forzada de su lugar de origen. De acuerdo con datos de la organización Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), utilizando datos actualizados al año 2014, México tenía 281 mil 418 personas desplazadas, ocupando el número 26 de los países con mayor número de desplazados internos, por encima de países como Palestina y Guatemala.

A pesar de las acciones oficiales que reportan cifras récord en detención y abatimiento de capos, decomiso de drogas, dinero y armas y de reformas a la legislación penal para abatir la violencia, la inseguridad y el crimen, la delincuencia organizada se reagrupa tornándose cada vez más violenta; el narcomenudeo crece, la trata, el tráfico de drogas, armas y personas y el lavado de dinero continúan sin parar, en parte, por los altos índices de corrupción de autoridades vinculadas con grupos delincuenciales. 

Pero si los crímenes de la delincuencia son repudiables, las violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades son aún más graves, no sólo porque se evade el marco jurídico de protección a los derechos plasmado en la Constitución, sino también porque a nivel continental y universal existe un andamiaje legal del que México forma parte y que no se respeta, para prevenir y sancionar esas violaciones.

Felipe Calderón declaró la “guerra al narco” sin existir en el país un conflicto bélico (hubiera tenido que aceptar el escrutinio del que dispone el Derecho Humanitario Internacional) y sin mecanismos transparentes de rendición de cuentas, agudizándose los excesos de policías y militares en contra de la población civil para supuestamente entregar a los gobernantes “buenas cuentas”, situación que prevalece hasta la fecha.

Por las razones anteriores, el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos y las ONG han tenido una fuerte carga de trabajo para documentar los abusos que cometen las autoridades de los tres órdenes de gobierno. La semana pasada, la CNDH y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) han emitido sendas Recomendaciones que son un reflejo de la situación que vive el país.

La CNDH documentó la tortura y ejecución extrajudicial por elementos de la Policía Federal en Tanhuato, EdoMex, en 2015, en contra de 22 presuntos criminales, usando la fuerza excesiva, incluso, matando a otros cuatro. A su vez, la CEDHBC emitió Recomendación por la tortura cometida por agentes ministeriales en 2012 en contra de dos personas para que se declararan culpables. Estos dos casos reflejan la realidad nacional.

Existe un marco jurídico que obliga al respeto a los derechos humanos y que impone sanciones a autoridades que incurran en responsabilidad; se imparten múltiples cursos de capacitación en derechos humanos y en el uso de la fuerza a policías y militares; se emiten decenas de Recomendaciones por los organismos públicos de protección y conocemos diversas declaraciones de funcionarios prometiendo una nueva era de respeto a los derechos humanos. Pero nada de eso es suficiente si no se le agrega un elemento fundamental: LA VOLUNTAD POLÍTICA.

Si no hay un sistema de RENDICIÓN DE CUENTAS transparente y con participación ciudadana (no los consejos y comités ciudadanos de Seguridad Pública que, salvo excepciones, responden sólo a los intereses de la clase empresarial, con su propia agenda de seguridad pública), que supervise y controle a los elementos y, sobre todo, si no hay SANCIÓN a los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos, poco o nada va a cambiar. 

Hay por lo menos 7 condiciones básicas para modificar la situación de impunidad actual: 1) Que se desmilitarice la seguridad pública; 2) Que las autoridades dejen de encubrir a policías y militares perpetradores; 3) Que se agilicen las investigaciones judiciales; 4) Que el Ministerio Público consigne al Poder Judicial a autoridades violadoras de los derechos humanos, sobre todo que a quienes cometen tortura y desaparición forzada de personas; 5) Que no se simule y evada el cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; 6) Que se prevengan, investiguen y sancionen las violaciones a los derechos humanos, y 7) Que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la verdad y a la justicia y se les repare el daño ocasionado. 

De cumplirse estas condiciones estaremos del otro lado. Lo demás es pura demagogia. 

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste