Palco de Prensa
Por: Gilberto LAVENANT
TIJUANA BC 25 DE JUNIO DE 2016.- Muchos coinciden en que el pasado proceso electoral ha sido uno de los más cochinos de la historia política de Baja California. En especial en Tijuana.
Siempre se ha hablado de compra de votos, de manipulación de documentación y de resultado electorales. En esta ocasión pasó eso y muchas cosas más.
Los partidos políticos, amenazaron con impugnar e incluso con solicitar la nulidad del proceso electoral. A la fecha, a 20 días de la jornada electoral, nada se sabe de los supuestos recursos hechos valer. Ni de la procedencia de los mismos.
Dentro de poco, el tiempo pasa muy rápido, vendrá un nuevo proceso electoral, y este será en condiciones más críticas que las del anterior. El abstencionismo será aún más acentuada que en esta ocasión.
Diríamos, que con mucha razón, que los electores, además de que ya nada les motiva a acudir a las urnas, saben que no vale la pena, en tanto que políticos y partidos, soslayados por las autoridades electorales, hacen lo que les da la gana. Y nadie les sanciona por ello.
Diputados en funciones o diputados electos, tienen la obligación de hacer algo, para atender esto. Una propuesta importante, sería el que establecieran en la Ley Electoral, que sea causa de cancelación de candidatura, el propiciar, auspiciar, fomentar o realizar actos indebidos o deshonestos, durante los procesos electorales.
Ya está visto que no basta que sean documentadas las irregularidades y que se de vista a a Fepade. Eso y las llamadas a misa, es lo mismo.
Lo ideal sería, colgar de un palo alto a los corruptos, como cortar las manos a los ladrones. Como eso no es posible hacerlo en México, cabe observar que a los políticos les causa un gran temor, el que se les pueda interrumpir su “carrera”. Eso sí que les da miedo.
Esto no sería la solución definitiva, pero si acabaría en gran parte, con las triquiñuelas que se vieron ahora.
La legislación electoral, esta hechas para violarse. Refiere que solamente se procederá al recuento de voto por voto, si las irregularidades se registran en al menos el 20% de las casillas. Según las autoridades electorales, lo que hubo, estuvo cochino, pero no lo suficiente para anular los comicios. Por eso hicieron lo que quisieron.
Bueno, ahora que se establezca que cualquier irregularidad, debidamente acreditada, obviamente, sea suficiente, no precisamente para anular las elecciones, sino al menos para cancelar la candidatura del político que resulte ser el beneficiario del chanchullo.
Podrían alegar que ellos no fueron los autores directos, pero estando el riesgo, su candidatura, deberá tener el cuidado de vigilar a sus compas o fans, para que no hagan nada indebido, que supuestamente les beneficie. Y claro, castigar a los autores materiales de las cochinadas.
De otra forma, no van a entender, y se les hará costumbre, para los futuros procesos electorales. Como están las cosas, son una burla para los electores.
Dicen que no hay loco que coma lumbre y resulta difícil que los políticos pongan trampas para ellos. Pero algo tienen que hacer, para garantizar la legalidad de los procesos electorales. Para devolver la confianza a los electores.
Es una burla que presuman que son ganadores, con unos cuantos votos a su favor. Generalmente votos comprados o inducidos, no logrados por convicción.
¿Quién se anima a ponerle el cascabel al gato?
