Por Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 27 DE ABRIL DE 2016.- Hace algunos años la sociedad mexicana se consternó por la persecución en un freeway de Los Ángeles de una camioneta repleta de migrantes, y cómo al parar la marcha los policías sometieron y golpearon salvajemente a una mujer indocumentada, escenas mostradas desde un helicóptero por una televisora local, caso que mereció la intervención de la Cancillería mexicana. 

Igual ahora, nos indignamos al observar en las redes sociales un video donde se tortura a una mujer por dos militares y un policía federal, cubriendo su cabeza con una bolsa de plástico para provocarle asfixia y obligarla a confesar. 

Lo anterior sucede todos los días, la tortura como método de castigo o de investigación. Muchos son los crudos testimonios que hemos escuchado de las víctimas y leído en expedientes ministeriales o en la prensa. Pero nada se compara con el impacto político que provoca en la opinión pública observar las escenas en video.

El poder de la imagen es tan fuerte que hasta el mismísimo Secretario de la Defensa ofreció “una sincera disculpa” por el caso de la mujer torturada. La pregunta es si también ofrecerá disculpas por los miles cuya tortura no es exhibida en video, y más aún, si se castigará a los responsables y se reparará el daño a las víctimas, porque las solas disculpas son absolutamente insuficientes para hacer justicia. Y como siempre, salió con el gastado discurso de que eso fue “un hecho aislado”.

El tema de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes llega al nivel de alarma en México por el alto número de casos que han sido denunciados, perpetrado por delincuentes y, peor aún, por agentes del Estado (policías o soldados), y por el alto número de Recomendaciones expedidas por los órganos de protección a nivel nacional e internacional. Como nunca. Y aún así, los testimonios y denuncias divulgados no son suficientes para conmover e indignar a la opinión pública.

Destaca el hecho de que en toda la historia de nuestro país, sólo 5 casos de tortura han sido sentenciados por la justicia federal. Esto nos habla del alto nivel de impunidad. Por lo tanto, la tortura en México no se castiga, a pesar de que se caracteriza como generalizada y sistemática, constituyendo así un crimen de lesa humanidad.

En el “Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura”, estudio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal (CEAV) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se encontró que más del sesenta por ciento de la población está muy de acuerdo, de acuerdo o bien le es irrelevante la siguiente afirmación: “La tortura es a veces necesaria y aceptable para obtener información que pueda proteger a la población de un riesgo inminente”.

El caso Julián Leyzaola

El estudio antes citado explica en parte por qué buena parte de la población apoya los métodos del Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez. En el imaginario popular domina la desinformación y el miedo al crimen, antes que el respeto al Estado de Derecho y a la dignidad de la persona humana.

La sola exhibición de Leyzaola en las pantallas de TV siendo jefe policíaco en Tijuana en octubre de 2009, dando un puñetazo al cadáver de un presunto sicario muerto por policías municipales, causó en ese entonces una gran consternación entre los televidentes. Imagínese usted si se le exhibiera hoy en las redes sociales torturando a una persona. Pero como esto último no ha sucedido, que no quiere decir que no hubiera torturados, tal parece que no pasa nada, que las denuncias, testimonios públicos y pruebas periciales no causan mayor efecto. Como no hay video, no hay crisis política que obligue a las autoridades a aceptar la realidad y a rectificar. 

Para conmover a la opinión pública y a los empresarios, no bastan las 17 Recomendaciones expedidas por la CNDH, la PDH y la CEDH de Chihuahua en las que se señala como responsable de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial a Julián Leyzaola, a policías bajo su mando y a elementos del ejército cuyas víctimas fueron entregadas por Leyzaola a los cuarteles militares (conocemos sólo los casos en que se presentó queja), y el cúmulo de denuncias penales que duermen el justo de los sueños en las agencias del ministerio público.

Y no sólo no se castiga la tortura, sino al parecer hasta se premia. Con gran apoyo de empresarios, de algunos medios y de personas que desconocen o menosprecian los derechos humanos, el Tte. Cr. Julián Leyzaola es hoy el candidato a la presidencia municipal de Tijuana por el Partido Encuentro Social (PES), de inspiración cristiana. 

No nos explicamos cómo en aras de la rentabilidad política (léase votos), al PES y a su dirigente estatal Luis Moreno (ex dirigente municipal del PRD en Tijuana) no les importa exponer a Leyzaola al escarnio público, y a éste le gana el protagonismo bajo el argumento de servir a la ciudadanía.

En síntesis, guardando sus debidas proporciones, en campaña electoral, Julián Leyzaola es a Tijuana lo que Donald Trump a los Estados Unidos.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste