TIJUANA, BC 3 DE NOVIEMBRE DE 2011.-

Los “desalojos pacíficos”.
Por: Gilberto LAVENANT

Este miércoles, en la madrugada, como le hacen los fascinerosos, autoridades estatales y municipales, representadas por sus fuerzas policiacas, desalojaron a las personas que estaban en el Parque Benito Juárez, desde hace casi dos años, reclamando que no se construya el llamado zócalo.

Ya se esperaba esto. Se temía que ocurriera en cualquier momento, luego de que días atrás el Gobernador Osuna Millán y el Alcalde priísta de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, habían llevado a cabo un evento oficial y especial, para anunciar que próximamente iniciarán las obras.

En un exceso de cinismo, mediante boletín oficial, dan a conocer los hechos, anteponiendo que lo hicieron para salvaguardar la integridad física de los desalojados, pues “corrían riesgos”, ya que supuestamente habían acumulado “artefactos peligrosos”, tales como estufas y minas de gas. Que se cuiden los taqueros, porque también están en “riesgo”.

La presunción también abarca el que se haya efectuado el desalojo de manera pacífica. Solamente eso faltaba, que además de efectuar el desalojo de madrugada, aprovechando la oscuridad de la noche, armados “hasta los dientes”, como si fuesen a enfrentar a los más peligrosos delincuentes, todavía enfaticen que fue en forma pacífica. Los desalojados, no dicen lo mismo.

Los funcionarios públicos, llámense Gobernador y Alcalde, en este caso sin importar siglas partidistas, actuaron de manera coordinada para desalojar la zona, a fin de empezar a realizar un proyecto tan cuestionado. Por algo le llaman la “Plaza del capricho”.

No son los mismos modositos, Osuna Millán y Bustamante Anchondo, que anduvieron en sus campañas electorales, aparentando, o mejor dicho fingiendo, ser receptivos y atentos a las necesidades y reclamos populares. Ahora, como si fuesen reyecitos, simplemente ordenan, actúan o ejecutan. Los plebeyos, por su parte, obedecen, o los someten a la fuerza.

Por fin descubrieron que sus corporaciones policiacas, ineficientes ante los delincuentes, sirven para acallar protestas o reclamos. Para realizar “desalojos pacíficos”, sin importarles que eso implique violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales elementales.

Igualito que les hicieron a los jóvenes que se manifestaban públicamente en una vía principal, como los “indignados” del mundo entero, que los desalojaron de madrugada y con el uso de la fuerza pública. Dizque porque estaba en riesgo su integridad.

Dos ejemplos claros, que acreditan la intolerancia de las autoridades estatales y municipales. Dos actos arbitrarios, que no por el hecho de estar ausentes de violencia, dejan de ser violatorios de garantías individuales, consagradas en la Constitución Política de México. Y todavía, lo presumen.

Precisamente, a raíz del desalojo de los jóvenes “indignados” de Tijuana, la diputada local Claudia Agatón Muñiz, declaró que la libre expresión de ideas y el legítimo derecho constitucional que tenemos los mexicanos de manifestarnos pacíficamente, corren grave riesgo en Baja California, según los últimos hechos lamentables registrados.

La diputada del Partido del Trabajo, condenó la detención ilegal de 26 jóvenes tijuanenses ocurrida en el marco de la manifestación mundial de los “indignados”. De manera enérgica reprochó esa “acción coordinada” de autoridades estatales y municipales.

“Ademas –dijo- le dan un mal mensaje a la ciudadanía de que tenemos gobiernos represores, intolerantes, que no les gusta la disidencia y que utilizan sus brazos armados para callar las voces de gente que, en todo caso, les grita sus verdades”.

Obviamente, ni el Gobernador Osuna Millán, ni el Alcalde Carlos Bustamante Anchondo, escucharon o leyeron los señalamientos y condenas de la diputada Agatón Muñiz. Prueba de ello es que llevaron a cabo el “desalojo pacífico”.

Solo que incurrieron en un grave error. Un movimiento de protesta, pacífico, lo van a convertir en uno de reclamos, abiertos y de voz en cuello. Porque si supusieron que con ello, todos guardarían silencio, están muy equivocados. Es más, incluso en el caso de que muchos “renegados”, como les llamó el Alcalde, no salgan a la calle a protestar, los juzgarán duramente, por arbitrarios.

Esto fue como patear un avispero o encender la mecha de una bomba. Los resultados, aún son impredecibles. Para empezar, los desalojados, verdaderamente indignados, están haciendo un llamado para reunirse este jueves, a partir de las 10:00 de la mañana, en el camellón central, frente al Parque Benito Juárez, para realizar la primera gran manifestación de protesta, al grito de : ¡ El pueblo unido, jamás será vencido !

En el comunicado, hecho circular luego del desalojo, le recuerdan a Jesús Alberto Capella, Secretario de Seguridad Pública Municipal, que llegó a ocupar dicho cargo en la administración del panista Jorge Ramos, precisamente por salir a la calle para protestar por las condiciones de inseguridad pública. Ahora le toca el papel de represor de manifestaciones. Cómo haz cambiado, Tijuana.

Pero esto es apenas el principio. Falta aún mucho trecho, para que la llamada “Plaza del capricho”, sea la realidad que añoran sus promotores. Sobre todo, falta ver cuántos soslayarán y apoyarán el acto represor, y cuantos lo condenarán y se sumarán a la lucha. Una lucha que no es de unos cuantos renegados, sino de muchos que están conscientes de que el proyecto de el zócalo, es meramente un capricho. Además, las arbitrariedades son tales, porque atentan contra derechos o garantías individuales, aunque sean pacíficas.

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