Columnista: La Silla Rota
Por: Roberto Rock L.
MÉXICO DF 5 DE OCTUBRE DE 2015 (La Silla Rota) Charleston EU.- La asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se reúne en esta conservadora ciudad del sur estadounidense, exhibió estupor por la escala y la brutalidad que alcanza la violencia en México, no sólo contra periodistas sino contra la sociedad en general. Un foro internacional más que se pregunta, con horror, qué está pasando en un país que busca presentarse como moderno y democrático.
Los datos se acumulan: Un reporte del Comité de Protección de Periodistas con sede en Nueva York -el organismo más importante en este campo- revela que en la última década, casi 300 informadores fueron asesinados en el mundo. De ellos, la tercera parte lo fueron en México.
La agencia de noticias Associated Press (AP), la más grande en el mundo, informa que trabajó largamente para recoger un video con entrevistas a más de 500 personas –madres, padres, hermanos y amigos- ligadas con los estudiantes masacrados en Iguala y Cocula, Guerrero, en septiembre de 2014.
“Cientos de personas en México han sido desparecidas, simplemente se han desvanecido sin que sus familias tengan dato alguno de la autoridad“, dijo aquí la más alta directiva de la AP. “El caso Ayotzinapa, cuyas víctimas siguen en calidad de desparecidas, puso de manifiesto que en la zona de Iguala muchas familias ocultan por miedo que al menos unos de sus integrantes está desparecido también”, dijo.
Los señalamientos sobre México se multiplican, y el tema domina cada vez mayor número de espacios. El próximo fin de semana la UNESCO convocó a un nuevo foro en San José, Costa Rica, para discutir con informadores de todas las latitudes del planeta qué hacer para frenar la violencia en contra de periodistas.
Este tema va cobrando matices según avanza el tiempo. Una de las facetas que se discuten con mayor amplitud, para el caso de México, es por qué se han acumulado leyes y organismos públicos en todo el país presumiblemente para proteger a periodistas, tanto en el ámbito nacional como en el estatal, sin que la impunidad haya disminuido en absoluto.
Destaca en este panorama el caso de Veracruz, donde la administración del priísta Javier Duarte impulsó leyes en este campo y creó un órgano especializado, pero el número de periodistas asesinados no deja de crecer en su gestión. El balance es que existe una simulación bajo cuyo amparo se han llegado a manipular casos de agresiones contra diaristas para perseguir a enemigos políticos del gobierno local.
En el ámbito federal hay, desde luego, disposiciones legales que dotan al gobierno Peña Nieto de mejores herramientas para fortalecer la procuración de justicia en los casos de aproximadamente 100 periodistas muertos o desaparecidos en la última década. Existe también un mecanismo, inserto en la Secretaría de Gobernación, orientado a prevenir ataques tanto contra periodistas como contra defensores de derechos humanos.
Esta instancia ha sido reorganizada media docena de ocasiones, sin resultados concretos. La misma depende de la subsecretaría del ramo, que conduce Roberto Campa. El funcionario consume la mayor parte de su tiempo atendiendo indicaciones para negar una realidad abrumadora, con lo que no sólo debilita cada vez más la credibilidad del gobierno mexicano, sino la propia. Como estaba previsto, la designación de un nuevo fiscal en este campo dentro de la PGR que encabeza Arely Gómez, atrajo sólo apatía y mediocridad en el desempeño del área.
En el debate surgido durante la asamblea de la SIP sobre el caso mexicano resaltan dos facetas que no hablan bien de la capacidad de reacción del gremio periodístico ante la ola de agresiones que sufre.
Ello incluye su incapacidad para explicar a la comunidad por qué cuando un periodista es atacado también se lesionan derechos sociales fundamentales. Y en México, a diferencia de lo que ocurrió en Colombia en los años 80 y 90, el nivel de la solidaridad entre los propios periodistas es deplorable, lo mismo que las estrategias para defenderse, judicial y extrajudicialmente.
Todo indica que el gremio mexicano deberá sufrir más, con casos acaso más graves y sonados, antes de emprender una vía de defensa más efectiva y consistente.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
